Andrés Redín: Algunos gobiernos teniendo todo el poder de compra de medicamentos no lo ejercen

Los altos precios y la desigualdad en el acceso a los medicamentos se han convertido en un viacrucis diario para miles de panameños, en particular aquellos que viven con enfermedades crónicas.

Un problema multifactorial y cuyo abordaje va más allá del entuerto de las licitaciones. Hay un problema de planificación en todo el proceso, no solo en la compra, explicó Andrés Redín, asesor regional de adquisiciones públicas de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, en inglés).

Redín, entrevistado este viernes en “Portada” de La Estrella de Panamá, enfatizó la importancia de desarrollar políticas adecuadas en la fase previa a la compra e igualmente en el periodo de distribución; las fallas, ineficiencias o irregularidades en ambas etapas del proceso se traducen en escasez y costos exorbitantes que obligan a la población a comprar medicinas fuera del país.

El funcionario de Unops, organismo que acompaña proyectos en materia de acceso a medicamentos junto a gobiernos de la región, enfatizó que parte del problema está precisamente en la inoperancia gubernamental.

“Teniendo todo el poder de compra (el gobierno) no activa el botón de ejecución. Pudiendo incidir en el precio de los mercados en el sector privado. Lo que provoca es que escaseen los medicamentos que son provistos por el sistema de salud pública y abre la oportunidad a que el gasto de bolsillo de los panameños vaya a farmacias”, indicó Redín.

En opinión del especialista debe avanzarse a un escenario en el que exista un “balance” entre “generar los beneficios sociales”, es decir, tener medicamentos para la gente, y al mismo tiempo “rentabilidad empresarial”. En esa ecuación, Redín apela también a la llamada “responsabilidad social corporativa” de las compañías involucradas en este mercado, un tema polémico que estuvo sobre la mesa del diálogo abierto tras las protestas de julio pasado.

Fue precisamente en esa coyuntura en que organizaciones sociales cuestionaron la lógica monopólica en el mercado nacional de fármacos, donde solo cinco empresas controlan todo –desde la importación hasta la distribución y las ventas, tanto al Estado como al sector privado–.

Este tipo de distorsiones económicas pueden cambiar, señaló Rendín, si se aborda de manera integral la situación y se “garantiza” la competencia. Sobre esto último, considera que Panamá tiene un “ecosistemajurídico” que “permite” dicha competencia.

Destacó también el rol del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, una herramienta creada en 2018 por Unops para que los gobiernos puedan monitorear los precios. Datos que les sirven a los gobiernos para tomar decisiones con información en tiempo real.

Tanto la Caja de Seguro Social como otras entidades del Ejecutivo panameño son parte de este observatorio desde el mes de mayo.