Sector pesquero rechaza que ONG's interfieran en la industria

El sector pesquero y acuicultor nuevamente alza su voz para rechazar que organizaciones internacionales ambientales interfieran en el desarrollo de su actividad económica. Y denuncia al Ministerio de Ambiente (Miambiente) crear una estructura que legaliza las donaciones de las Ong's y que justificaría su operación en zonas marino costeras.

Una normativa que - según los pescadores - le quita funciones a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Los pescadores y acuicultores se refieren al Decreto Ejecutivo 15 del 19 de diciembre de 2022, firmado por el ministro de Ambiente, Milciades Concepción y el presidente, Lautentino Cortizo, que crea el Centro de Coordinación para Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino Costero, que será conformado por funcionarios de Miambiente, ARAP, Ministerio de Seguridad (Minseg) y Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La nueva normativa, en su artículo 8 establece que este centro interinstitucional podrá recibir donaciones y cooperación técnica no reembolsable para su funcionamiento. En el artículo 9, establece que el centro, a través de Miambiente, podrá convocar a otras entidades y organizaciones del sector público, privado, académico y sociedad civil cuando se requiera de sus conocimientos técnicos y aportes específicos.

Pero, según los pescadores y acuicultores, amparados en estos dos artículos, “quieren justificar las donaciones que le han dado los grupos ambientalistas...”, dijo Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá

A Zúñiga le preocupa que detrás de las organizaciones ambientales estén grandes empresas con intereses desconocidos. Y, que con la nueva normativa se esté buscando beneficiar a organizaciones como Sea Shepherd, con la cual Miambiente firmó un contrato de monitoreo, vigilancia, control y fiscalización de áreas marinas protegidas.

La organización internacional ha estado involucrada en enfrentamientos con pescadores nacionales e internacionales por prácticas agresivas para el control de los recursos marinos costeros.

En 2017, un grupo de pescadores en el Golfo de Chiriquí denunció un enfrentamiento con miembros de la organización quienes cortaron trasmallos y lanzaron al mar productos de pesca. Esto – según los pescadores – podría ir en detrimento de la industria pesquera panameña que aporta economía y seguridad alimentaria.

Tras una inspección, la AMP determinó que sus actividades no se ajustaban al permiso de operación que se les había otorgado. La autoridad procedió a cancelar el permiso que era de turismo en aguas panameñas y no para monitorear barcos en aguas protegidas. En ese momento, la ARAP rechazó cualquier intervención, monitoreo y vigilancia de naves extranjeras en las aguas jurisdiccionales de Panamá.

Entre las funciones del nuevo centro interinstitucional estaría el monitoreo de la pesca ilegal. Esta es una actividad exclusiva de ARAP, que recientemente instaló la comisión de pesca responsable. ARAP es la institución encargada del monitoreo y vigilancia de la flota pesquera. “Es ilógico que una entidad que tiene dentro de su competencia la regulación, ordenación y cumplimiento de la actividad pesquera permita que otra entidad se introduzca en su competencia”, dijo una fuente vinculada al sector, que pidió reserva de su identidad.

Flor Torrijos, directora de la ARAP, lo negó. A pesar de que el documento establece que dentro de las funciones del centro se incluirá el monitoreo satelital, la funcionaria aseguró que el centro ha sido creado con un corte de investigación científica para aportar y compartir información para el trabajo en equipo.

La ARAP, sin embargo, dentro de su estructura tiene una dirección de inspección, vigilancia y control. Y, dentro de esta dirección está la unidad de seguimiento pesquero y monitoreo satelital. Así entonces no se justifica que se haga monitoreo para la colección de datos científicos porque la ARAP los recoge a través de su unidad. “Solo hay que pedir estos datos”, explicó la fuente del sector marino costero.

La versión de Miambiente no parece coincidir con la de ARAP. Y confirmó que la idea es monitorear las actividades ilegales, entre ellas, también la pesca. “Con este centro se busca monitorear ambas vertientes, con un grupo de especialistas de distintas entidades gubernamentales, para identificar las actividades ilegales”, explicó José Julio Casas, director de Costas y Mares. Con el centro también podrá monitorearse las áreas protegidas, agregó.

Según el funcionario, regular la actividad pesquera no es una función exclusiva de la ARAP. Miambiente también tiene competencia para evaluar el impacto en los ecosistemas de esa actividad económica. “La fiscalización de las actividades de pesca dentro de las áreas marinas protegidas son competencia de Miambiente, aunque ARAP nos apoya permanentemente”, dijo.

El director de Costas y Mares negó que el centro le restará funciones a la ARAP. Por el contrario aseguró que “viene a fortalecer. ... Se van a complementar las actividades a nivel nacional. Van a estar varias instituciones allí y se va poder monitorear desde diferentes ángulos lo que está pasando”, dijo.

Sobre los apoyos financieros de organizaciones ambientales, Casas dijo que estos no son a cambio de nada. “No es un intercambio, no es una compra de nada...”. Además negó que el ministerio recibiera ingresos de donantes porque – según él – así no trabajan las organizaciones ambientales. En todo caso, las donaciones serían en productos como capacitaciones, por ejemplo.

Por último, el funcionario aseguró que no se está trabajando con Sea Shepherd. Y, que tampoco contempla hacerlo el recién creado centro interinstitucional. En su opinión, la denuncia del sector pesquero y acuicultor no tiene sentido porque todas las entidades reciben apoyo de organizaciones para realizar actividades.