Gobierno se planta en cláusula de resolución de conflictos

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) está dispuesto a alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible con First Quantum, la matriz de Cobre Panamá (operada por Minera Panamá), pero hay puntos insacrificables en este proceso.

Federico Alfaro, ministro del Mici, dejó claro en una entrevista concedida este miércoles a La Estrella de Panamá que, “bajo ninguna circunstancia el Estado puede adscribir que las resoluciones administrativas, privativas del Estado, sean resueltas por un arbitraje internacional”.

Este es uno de los puntos que están trabando las conversaciones y la firma del contrato entre las partes.

Después de experimentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró en 2017 inconstitucional la ley y el contrato que rige la actividad minera, la empresa quiere dejar por escrito otra vía de solución de conflictos.

Pero el gobierno no está dispuesto a conceder en un futuro esta facultad a un tercero, insiste en tener un rol primario, y después “si la empresa considera que el contrato fue resuelto de forma incorrecta, todavía tiene las opciones legales locales para hacer los reclamos”.

Con esto no esquiva el reclamo de la empresa sobre su seguridad jurídica en caso de expropiación o rescisión. Lo que pide Alfaro es “ser responsables, razonables, porque el Estado tiene sus preocupaciones y debe mantenerse en su posición para proteger sus intereses. Además, se trata de normas internacionales”.

Hasta este momento la mina ha presentado siete recursos de apelación en contra de la resolución de cuido y mantenimiento ordenada por el Mici en diciembre, a los que debe responder la entidad la próxima semana. “Con base en eso, nosotros nos mantenemos firmes con esa decisión”, adelantó el ministro.

Paralelo a las conversaciones, la mina notificó su intención de someter a arbitraje de inversión los reclamos bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Panamá.

Alfaro enfatiza que el contrato incluye protecciones legales y económicas para la empresa considerando que se trata de una inversión billonaria, a largo plazo.

Esta semana, la empresa anunció a sus accionistas que estaba dispuesta a firmar un acuerdo, para ello admitió ciertas premisas económicas que exige el gobierno. Alfaro mantiene el mismo tono: “a nadie le conviene llegar a un punto que no sea la firma de un contrato”.

Aunque ninguno, por ahora, sacrifica su esquina.

En su reciente visita a Panamá a finales de diciembre de 2022, Tristan Pascall, director general de First Quantum, sostuvo varias conversaciones “cordiales y abiertas” con Alfaro. “Se centraron en la disposición que teníamos para llegar a un acuerdo”, recuerda el ministro. Lamentablemente Pascall no participaba en la conversación técnica, lo que para Alfaro imposibilitó la toma de decisiones. La comunicación continúa, a veces constructiva aunque otras no tanto.

Pero Alfaro es un hombre de fe y se mantiene optimista. Pronto espera ver la luz al final del túnel. “Evidentemente lo que queremos es cerrar un acuerdo con Minera Panamá”, asegura.

Hay otros puntos en los que el Mici se mantendrá firme: las pretensiones de la empresa de incluir en el contrato algunas garantías y cláusulas que socavan los términos y condiciones acordados en 2022. El gobierno quiere apostar a que el precio del cobre se cotice al alza en los próximos años, pero también debe contar con las garantías necesarias para proteger el ingreso del país.

En dichas negociaciones la empresa se comprometió con un pago mínimo de $375 millones sujetos a algunas protecciones y “nosotros consideramos que esas protecciones están debidamente reflejadas en este contrato, son a la baja en precio y producción”, define. Aunque no se haya firmado el contrato, aún, la empresa no está exenta del pago mínimo correspondiente a 2022.

Cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato, Alfaro se vio en la disyuntiva de acudir ante la Asamblea a renovarlo en las mismas condiciones en que se redactó en 1997, o renegociar el documento. Para dar una idea, bajo el contrato original, en 2021 la empresa recibió ganancias por el orden de $1.400 millones y pagó al Estado entre $50 millones y $60 millones. “Por eso optamos por negociar”, justifica el titular de Comercio.

Desde hace más de 11 meses el gobierno y Minera Panamá no logran ponerse de acuerdo en las condiciones que regirán el negocio por los próximos 20 o tal vez 40 años.

Como se ha mencionado, estas trabas que impiden una conclusión satisfactoria se centran en algunos términos económicos y legales, que en el caso del gobierno “buscan la mayor protección y una justa compensación para el pueblo panameño por el uso de sus recursos naturales”.

Lo que el gobierno solicita en la parte económica refiere al agotamiento de reservas cuya diferencia se marca en la forma en que el Mici analiza y aplica la fórmula.

En lo legal son protecciones estándares que “se debe reservar el Estado en cualquier contrato de concesión, no solo en concesiones mineras”, recalca Alfaro.

El gobierno entiende la preocupación de la empresa en querer tener protecciones a la baja, es decir, en caso de que el cobre se calcule por un precio menor a $2.75 la libra, o en caso de que por fuerza mayor no pueda producir más de 250 mil toneladas. “Todo eso nosotros lo entendemos, porque desde un punto de vista razonable entendemos que en la medida en que a la empresa le vaya bien, a nosotros también”, señala el ministro.

Está consciente de que no puede “ahorcar” a la empresa y obligarla a cumplir con términos y condiciones cuando no es viable. Lo que preocupa es el tajo que pretende negociar la empresa en tiempos de bonanza, cuando el precio del cobre sube al igual que la extracción del mineral.

Alfaro dice ser un hombre de fe, pero a pesar de las buenas intenciones que dice tener el gobierno y las intensas conversaciones que mantienen ambos equipos legales, aún no ve la luz al final del túnel. Responsabiliza a la empresa “por su falta de voluntad en querer finalizar este contrato”.

El Mici reitera que la empresa no quiere respetar lo pactado. El próximo 17 de enero se cumplen 12 meses desde que ambas partes acordaron los puntos que plasmarían en blanco y negro, pero ha sido infructuoso verlos en papel.

Ante la posibilidad de que la situación llegue a puntos irreconciliables, Alfaro asegura que aun así, Panamá sigue siendo un buen lugar para inversión internacional, eso no va a cambiar. Y es así porque somos un país que respeta el estado de derecho y lo continuaremos haciendo. Recalca que ha acudido a expertos locales e internacionales en materia contractual y de arbitraje internacional para asegurar que nosotros estamos en la mejor posición para los intereses nacionales

Cuando ambas partes convinieron renegociar el contrato, Alfaro se sentó a la mesa y fue muy claro. Les dijo: “En ninguna circunstancia este proceso de redacción del contrato se puede convertir o interpretar como una renegociación de los términos acordados y negociados en enero de 2022”.