Legislativo aprueba en tercer debate proyecto que establece el Sistema Judicial de Protección de Niñez y Adolescencia
El documento plantea el reordenamiento de las instituciones competentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de niñez y adolescencia
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 569 que establece el Sistema Judicial de Protección de Niñez y Adolescencia y dicta otras disposiciones.
El proyecto, discutido en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, y presentado por la diputada Corina Cano establece en su artículo 1 “la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como reordenar las instituciones competentes para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de esos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá”.

Cano Córdoba explicó que, aunque este proceso de discusión y aprobación del proyecto ha tomado tiempo, el país va encaminado ahora, con este respaldo en tercer debate, “a saldar, definitivamente, la deuda que tenemos con nuestros niños y adolescentes, en materia de protección integral, conscientes de que todo lo que se haga por ellos es poco”.
Añadió que “la protección judicial, que no es excluyente de la administrativa, es aquella protección específica de carácter especializado que corresponde disponer a los tribunales de justicia ante casos de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos fundamentales con el fin de restituirlos cuando, por alguna razón, no han podido ser restituidos en la vía administrativa”.
Para la diputada Cano el sistema ideal es aquel que ofrece un servicio integrado y adaptado a las necesidades del niño, niña y adolescente, porque está centrado en la prevención.
Esto dijo, implica que diferentes sectores -social, sanitario, educativo y judicial, entre otros- unan esfuerzos y recursos en un objetivo común: proteger y dar respuestas a estos niños y niñas y facilitar, de ser necesario, el proceso judicial y el seguimiento médico y psicosocial del niño.
Con este proyecto de ley se busca cerrar el círculo para que esa protección de derechos quedara, al menos en la ley, se garantizada en su totalidad, complementando la Ley 285 del 15 de febrero de 2022 sobre el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.
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