Nuevo contrato con Minera Panamá incluye a La Pintada entre los beneficiarios

El Consejo de Gabinete aprobó el nuevo contrato con Minera Panamá, durante su sesión de este miércoles 14, y autorizó al ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, firmarlo en representación del Estado. En una entrevista con La Estrella de Panamá, Alfaro hizo un repaso de cómo surgió la negociación del contrato, el proceso a seguir y las expectativas que se tienen en torno al proyecto que ahora solo espera la firma, el refrendo de la Contraloría y su aprobación en la Asamblea.

El proceso de consulta pública duró un mes y es importante hacer énfasis en que por primera vez antes de que un contrato de concesión sea firmado, la ciudadanía lo tenía para su conocimiento. Y producto de esa consulta pública, donde más de 49.000 personas accedieron al contrato y hubo más de 2.000 comentarios, hicimos una revisión de todas esas solicitudes, los cuestionamientos e inquietudes por parte de la ciudadanía e incorporamos algunas de ellas como la inclusión del distrito de La Pintada para recibir beneficiarios. El contrato original plasmaba a los distritos de Omar Torrijos y de Donoso. También atendimos algunas personas que encontraban cierta preocupación de que la junta directiva del Fideicomiso del Atlántico fuera nombrada por el presidente y fuera más allá del término existente. Hicimos las reformas necesarias para atenderlo. ¿Por qué menciono esto? Porque es importante enfatizar que esto fue un proceso transparente donde la ciudadanía conoció a cabalidad los términos del contrato y que también ese proceso nos ayudó a incorporar ciertos cambios al contrato que fue aprobado por el Consejo de Gabinete.

El Consejo de Gabinete ha autorizado al ministro de Comercio e Industrias firmar ese contrato con el representante legal de la empresa, el señor Manuel Aizpurúa; concluido ese proceso de firma se va a enviar el contrato para refrendo de la Contraloría General de la República, y luego presentarlo a la Asamblea Nacional, una vez instaurada la nueva sesión, posterior al primero de julio. La Asamblea, dado que es un contrato ley, solo tendrá la potestad de aprobar o rechazar el contrato, mas no modificarlo. Y una vez aprobado por la Asamblea, el último paso sería la firma por parte del presidente, que lo convierte entonces en ley de la República.

Siempre dije desde el día uno que el proceso de consulta si bien no era un proceso vinculante, nosotros siempre íbamos a estar abiertos a que esa consulta pudieran generar cambios en el contrato. Dentro de esas consultas evaluamos la solicitud de incluir a La Pintada y en conjunto con la empresa, una vez debatimos esta posibilidad, llegamos a la conclusión de que lo mejor era incluirlo como uno de los distritos beneficiados.

El otro fue el cambio de la junta directiva. Antes el contrato establecía que esa junta directiva iba a ser nombrada por el Ejecutivo, por un periodo de siete años de forma escalonada, es decir, los miembros de la junta directiva del fideicomiso iban a ser nombrados por el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, pero permanecerían en la otra administración. Lo que hicimos fue modificar ese artículo de la junta directiva, lo que significa que el próximo gobierno, una vez entre después del primero de julio de 2024, nombre a sus ministros, y estos van a ser las nuevas personas que van a formar parte de esta junta directiva.

Lo primero que debemos entender es que esta operación minera viene desde el año 2018, no es que está empezando ahora. Desde ese momento, en el año 2018, a lo que nosotros hemos podido hacer en este contrato, hemos elevado la barra de los requisitos ambientales que tiene la empresa. Ahora incluye un plan de cierre de mina, que no estaba en el contrato anterior ni tampoco está contemplado en la ley de recursos minerales. Es decir, nosotros vamos por encima del contrato y por encima de lo que establece la ley, un plan de reforestación, un pago por el uso del agua, tiene la obligación entre la empresa y MiAmbiente hacer monitoreos constantes sobre el agua y sobre el aire. Entonces, sí creo de que debemos de optar y asegurar que la empresa está cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones ambientales. Además, este contrato a diferencia del anterior le da el derecho al Estado panameño de poder rescindir el contrato en caso de que la empresa no cumpla de forma sustancial con uno de los elementos del contrato. Ese derecho el Estado no lo tenía en el contrato anterior. Primero que todo, evidentemente debe de ser una operación sostenible desde un punto de vista del medio ambiente. Todos debemos de cuidar el medio ambiente. Panamá desde 2018 a la fecha, pero sobre todo desde 2019 cuando entró el presidente Cortizo, es uno de los tres países que son carbono negativo. Hemos ampliado nuestra protección del corredor marino, hemos ampliado nuestra protección de los bosques. Decir que este contrato va en contra de eso, creo que no es justo. Creo que tenemos que poder hacer ambas cosas. Uno: velar por el fiel cumplimiento del contrato, asegurar de que este refleje los mejores intereses para el pueblo panameño, pero eso no quiere decir que por hacer eso nosotros no estamos cuidando del medio ambiente.

Sin duda alguna nosotros podemos asegurar que la empresa cumpla a cabalidad con lo establecido en el contrato desde un punto de vista del medio ambiente. Los cambios que hemos introducido en este contrato, a diferencia del anterior, buscan justamente eso: aprender de las mejores prácticas ambientales que utilizan los países de avanzada para asegurar que la empresa está cumpliendo con ellas y que puede realizar su operación de una manera sostenible. Ahora, decir que el pueblo panameño no tiene el derecho de beneficiarse de sus recursos naturales y de lo que esto representa en ingresos para el país, que además van a ser invertidos en programas sociales importantes, como el programa de Vejez, Invalidez y Muerte, el aumento a los jubilados que ganan menos de $300 al mes, el centro de perfeccionamiento del docente, y la inversión de obras de infraestructura a las comunidades aledañas, creo que es bastante injusto.

Lo primero es que de lo que recibe el Estado se va a afianzar el presupuesto de las distintas instituciones, se va a aumentar el presupuesto de fiscalización al Ministerio de Comercio e Industrias, al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, al Ministerio de Ambiente. Además, se va a dotar a la oficina de tecnología y de recurso humano, que va a estar monitoreando 24/7 dentro de la misma concesión minera, cosa que no teníamos antes. Pero también es importante mencionar que el Estado tiene el derecho de poder rescindir del contrato en caso de un incumplimiento sustancial, insisto. Entonces, a la empresa es a la que más le conviene cumplir con sus obligaciones dentro del contrato para no perder la concesión en un futuro.

Eso va avanzando. Estamos enfocados exclusivamente en avanzar con este contrato de exploración minera (Cobre Panamá), que devuelta va por encima de las normas internacionales y muy por encima del contrato anterior, pero hasta que no tengamos un marco legislativo, un marco legal que vaya de acuerdo con los nuevos tiempos que imponga lo que hemos conseguido con este contrato en materia ambiental, en materia económica, no podemos responsablemente avanzar con otros proyectos de exploración o explotación minera. Por eso es que estamos enfocados en modificar ese marco legislativo, para que ya sean otras administraciones las que tomen la decisión si quieren avanzar por esa ruta.

Desde 1970 el país ha identificado otras áreas, pero nosotros no estamos enfocados en considerar la exploración ni explotación en otras áreas. Este gobierno está únicamente enfocado en la exploración y explotación dentro de la concesión de Minera Panamá, razón por la cual esta es nuestra prioridad. Una vez finalizado este proceso, entonces, entramos en el proceso de adecuar los estándares de nuestra legislación en el Código de Recursos Minerales para poder cumplir con nuevas tendencias internacionales. La única concesión que nosotros estamos apuntando y enfatizando en estos momentos es la concesión de Minera Panamá y no estamos contemplando ninguna otra.

El Ministerio de Ambiente es independiente del Ministerio de Comercio. Puedo hablar por lo que estamos haciendo dentro del Ministerio de Comercio. Emitimos un comunicado donde claramente se decía que aún cuando este estudio de impacto ambiental había sido aprobado para cerro Quema, que por cierto es un estudio de impacto ambiental que tenía más de nueve años de estar en el Ministerio de Ambiente, nosotros tenemos suspendido cualquier trámite en relación con cerro Quema. Eso quiere decir que aun cuando se le haya aprobado el estudio de impacto ambiental, el proyecto cerro Quema no puede avanzar. No puede haber exploración y no puede haber explotación porque no han cumplido con los pasos administrativos requeridos por el Ministerio de Comercio, y nosotros lo tenemos suspendido hasta tanto terminemos con el proceso de evaluación y modificación y adaptación de un nuevo Código de Recursos Minerales. Pero también es importante que la comunidad esté a favor de este proyecto. Si la comunidad no está a favor de este proyecto, para qué nosotros vamos a avanzar con ello.

No hay ninguna actividad en cerro Quema y ellos no tienen, bajo el Ministerio de Comercio e Industrias, los instrumentos legales que le permitan avanzar con la exploración y explotación.

Cerro Quema era una solicitud de exploración y explotación de oro.

Minera Panamá no tiene derecho a sacar oro, siempre y cuando no esté dentro del concentrado de cobre. Esos minerales ellos están en capacidad de extraerlos, pero lo que no tienen es una concesión específica para la exploración y explotación de oro. Tendrían que solicitar una nueva concesión específicamente para este mineral y ya entonces el gobierno entraría en un proceso de negociación con la empresa para este mineral. El próximo gobierno. Este gobierno está únicamente enfocado en este contrato.

Existe la posibilidad de que se otorgue una concesión de oro a cualquier empresa que así lo solicite, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Lo que es importante entender es que este contrato restringe sustancialmente los derechos y obligaciones que tenía la empresa en base al contrato anterior. Según el contrato anterior tenían el derecho a explotar cualquier mineral, en este contrato (nuevo) tienen únicamente el derecho de explotar cobre y sus minerales asociados. No tienen derecho de explotar el oro.

Somos muy respetuosos de todas las opiniones, vivimos en un país democrático, todas las opiniones son válidas, pero en esta situación particular, más allá de la posición antiminera de algunos grupos ambientalistas, es importante entender que nos encontrábamos en una situación atípica ¿Por qué digo una situación atípica? Porque el gobierno entró a negociar un contrato con una empresa que ya había realizado una inversión en Panamá. Habían hecho esa inversión con base en un contrato Ley 9 de 1997, que en su momento fue válido, y que establecía las reglas del juego. Justamente esas reglas del juego fueron lo que incentivó a esta empresa a invertir en Panamá, conviertiéndose probablemente en la inversión extranjera más importante en la historia del país, que ya contaba con más de 7.000 trabajadores laborando en la mina, 40.000 empleos indirectos, que arrojaba también aproximadamente $300 millones a la economía nacional en pagos a proveedores locales; y nosotros lo que teníamos que hacer era asegurar que el nuevo contrato que nosotros negociáramos con la empresa fuera beneficioso para el pueblo panameño, no en base a lo que nosotros considerábamos, sino también a los estándares internacionales. Hicimos un estudio exhaustivo de otros países como Perú, Chile, Colombia, Reino Unido, Australia, y lo que dijimos es, esto es lo que Panamá merece recibir por parte de la empresa por su explotación minera.

Y, ¿qué conseguimos? Le doy un ejemplo: en base al contrato anterior la empresa estaba pagando entre $30 y $40 millones al año, y en base a este nuevo contrato está pagando aproximadamente entre $375 millones y $400 millones al año. Eso es diez veces más de lo que hubiera pagado según el contrato anterior. Desde 2018 a la fecha, es decir, en los cinco años de operación y explotación minera, la empresa le pagó al Estado panameño, producto de regalías, aproximadamente $135 millones. En los próximos dos años, para el pago de 2022, que es un pago por finiquito y para el pago de 2023, la empresa va a pagar $800 millones. O sea que ellos van a pagar $800 millones en dos años versus $135 millones en cinco años. Eso es impresionante lo que nosotros hemos podido conseguir. Pero además hemos reducido una serie de derechos y condiciones que tenía el contrato anterior versus lo que tiene este nuevo contrato, tienen más obligaciones ambientales, pagan por el uso del agua, tienen un plan de cierre de mina, tiene un plan de reforestación, la empresa tiene la obligación de establecer dentro de la propia concesión una oficina del gobierno donde van a estar las diferentes instituciones del Estado fiscalizando 24 horas al día. Entonces, sí considero que dada esa situación atípica para poder respetar las reglas del juego, para que Panamá continúe siendo un país atractivo para la inversión extranjera, nosotros lo que teníamos que hacer no era cerrar la operación minera, porque el cierre de la operación minera traía consigo unas consecuencias catastróficas para la economía nacional, unas consecuencias catastróficas para los más de 40.000 empleos indirectos que dependen de esta operación minera para la economía local en los distritos Omar Torrijos, Donoso, Penonomé, Colón, así que esa no era la opción. La opción era cómo Panamá puede conseguir lo mejor que pueda conseguir en base a los estándares internacionales y yo estoy convencido de que este contrato que se ha aprobado en el Consejo de Gabinete es un cambio sustancialmente más favorable para el Estado de lo que había anteriormente. No creo que la discusión se tiene que centrar entre si hay minería o no hay minería, y esta inversión estaba realizada, ya los inversionistas estaban en Panamá, ya la operación estaba en marcha, ya había empleos importantes directos e indirectos que dependían de esta operación. Entonces, nosotros responsablemente lo que teníamos que hacer era negociar un nuevo contrato que reflejara la nueva tendencia internacional, y eso fue lo que logramos.

Mira. Hay mucha desinformación. Sí veo con preocupación, pero también es lamentable que ciertos grupos han querido desvirtuar el contrato de forma irresponsable. Lo primero que diría a esos grupos es que se lean el contrato, porque cuando yo veo opiniones al respecto pareciera que no se lo han leído. Si tú haces una comparación seria y objetiva del contrato ley 9 versus el que nosotros hemos conseguido, te das cuenta de varias cosas. Uno: desde el punto de vista económico y fiscal es diez veces más lo que el Estado panameño va a recibir de lo que recibía antes. Dos: el área de concesión se mantiene exactamente igual. No se incrementa el área de concesión. El área de la huella del proyecto y el uso de servidumbre se reduce drásticamente. En base al contrato ley 9, la empresa tenía la potestad de utilizar terrenos del Estado a lo largo y ancho del país. Según este nuevo contrato, solo tienen 5.000 hectáreas adicionales para usar por derecho de uso y servidumbre que corresponden además a infraestructuras que ya existen: la carretera, el puerto, la planta energética. Son infraestructuras que ya están ahí. Entonces, sí le diría a esos grupos que de forma responsable hagan una valoración objetiva de las bondades del nuevo contrato más allá de sus posiciones fundamentalistas, de si debe o no debe haber minería. Evidentemente va a haber opiniones encontradas, eso lo entiendo, estamos dispuestos a contrarrestar esas opiniones adversas al contrato porque tenemos los elementos, hicimos nuestra tarea, revisamos cada una de las otras jurisdicciones, nos preparamos con asesores locales e internacionales en materia contractual y en materia económica, y estamos convencidos de que este contrato es sustancial y drásticamente mejor que el contrato anterior, pero salir a decir que uno debe oponerse al contrato en base a argumentos que no son ciertos, para mí es irresponsable hacerlo, porque además no solo pone en juego a los miles de trabajadores que dependen de esta empresa, no solo pone en juego la economía nacional, nuestro producto interno bruto, sino también pone en riesgo la imagen del país desde un punto de vista internacional, que lo que nosotros debemos hacer es proteger esa seguridad jurídica para que continuemos trayendo inversión extranjera.