Tramitan solicitud para levantarle el fuero electoral a Zulay Rodríguez

El Juzgado Segundo Administrativo Electoral tramita una solicitud destinada a levantar el fuero penal electoral que protege a la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez.

Según información proporcionada por el Tribunal Electoral (TE), la solicitud para retirar el fuero penal electoral fue presentada el 28 de agosto. Rodríguez se presenta como candidata presidencial y diputada por medio de la libre postulación, porque completó los requisitos de recolección de firmas exigidos por la ley electoral.

El artículo 306 del Código Electoral, en su punto tres, establece que para los candidatos que se postulan de forma independiente, su período de inmunidad comienza desde el momento en que son oficialmente reconocidos como candidatos y se extiende hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación en las elecciones en las que participen.

En este contexto, es importante señalar que el proceso de recolección de firmas requerido para la postulación de candidatos independientes concluyó el 30 de julio. Posteriormente, el Tribunal Electoral (TE) reconoció a los candidatos independientes en el mes de agosto, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos y entregaran los informes de gastos de campaña correspondientes, los cuales no fueron objeto de impugnación.

Este reconocimiento oficial marca el inicio del período de inmunidad electoral para los candidatos independientes, durante el cual gozan de ciertas protecciones legales. Sin embargo, esta inmunidad se extiende hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación de los resultados de las elecciones en las que participen.

Zulay Rodríguez, actualmente candidata presidencial y diputada, ostenta su cargo como diputada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Es la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la entidad constitucionalmente autorizada para investigar y procesar a los diputados.

La CSJ lleva a cabo una investigación sobre la diputada en relación con supuestos delitos de hurto agravado y blanqueo de capitales, relacionados con la desaparición de 63.5 kilogramos de oro (con un valor de una onza equivalente a $2,235.2 en la actualidad). En su defensa, la diputada ha afirmado enfáticamente: “Nunca nos hemos apropiado ilegalmente de nada”.