Minera Panamá se queda sin suministros para operar; prescindirá de 1.200 trabajadores

Durante esta semana, Minera Panamá prescindirá de los servicios de 1.200 colaboradores. La cifra representa el 17% del personal que está empleado para explorar y explotar la mina de cobre en Panamá.

Aunque la intención de la empresa es continuar reduciendo escalonadamente el número de trabajadores y quedarse solo con 2.000 (28% de todos los colaboradores).

En un escueto comunicado, la empresa advirtió la “posible” suspensión temporal de operaciones ante la inminente escasez de insumos para la generación de energía, a mediados de la semana. Al mismo tiempo solicitó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) garantizar la libre navegación de 14 barcos de carga a granel, con destino al puerto internacional de punta Rincón, donde desembarcan los materiales e insumos para la operación de la mina y se exporta el concentrado de cobre.

Entre estos hay 3 busques –MV Alda, MV Livadi y MV Nordtajo– que intentan atracar para cargar concentrado de cobre. Están en alta mar a la espera de que existan las condiciones de seguridad para realizar su trabajo. El Sheila Ann está en Colón, esperando para poder descargar carbón en punta Rincón. Pero de no poderlo hacer en punta Rincón, existe la posibilidad de hacerlo en Guatemala, explicó una fuente de entero crédito.

La empresa aseguró que los bloqueos de pequeñas embarcaciones en el puerto han reducido sus operaciones a un tren de procesamiento de mineral. Desde inicios de noviembre, un grupo de pescadores se mantiene en las inmediaciones del puerto e impedido el paso de los barcos, en rechazo al contrato Ley 406, que permite operar la mina por un periodo de 20 años, prorrogable por el mismo periodo, y a la espera del fallo de inconstitucionalidad de este.

Las manifestaciones de protesta que se han trasladado de las calles al mar, han dejado enfrentamientos entre autoridades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y pescadores.

“Los bloqueos están impidiendo la entrega de suministros necesarios para operar la planta de energía. Independientemente de las necesidades de las operaciones, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral de Minera Panamá es la prioridad...”, dijo la empresa en la comunicación.

Las autoridades están presentes y monitorean y evalúan la situación de las operaciones marítimas. Pero no han logrado dispersar a los pescadores.

La empresa advirtió que si las manifestaciones de los pescadores continúan impidiendo el desembarco de los suministros para operar la planta de energía, reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente la producción.

Reiteró que además de los importantes pagos de impuestos y regalías que realiza la empresa, la mina representa más del 2% de la población activa total de Panamá y colabora con proveedores locales por valor de casi $20 millones por semana.

Agregó que la contribución económica general de la mina al Estado de Panamá se estima en más de $50 millones por semana, el equivalente a alrededor del 5% del PIB. Este ingreso se podría ver afectado si la operación de la mina no continúa.

Por último, reiteró que sigue reservando todos sus derechos legales locales e internacionales con respecto a los desarrollos en Panamá. “Minera Panamá desea reiterar su voluntad de abrir nuevos espacios de diálogo, con el fin de abordar las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad, a fin de crear relaciones duraderas basadas en el respeto, la cordialidad, el entendimiento y el mutuo beneficio”, concluyó la empresa.

La Ley 406 ha sido objeto de 10 demandas, 9 de las cuales han sido sometidas a las opiniones de los procuradores de la Nación, Javier Caraballo, y de la Administración, Rigoberto González, quienes concluyen que el contrato es inconstitucional.

A partir del 24 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia estará en sesión permanente para decidir la inconstitucionalidad o no del contrato Ley 406. Mientras llega la decisión, a través de las redes sociales los pescadores han asegurado que no claudicarán en su lucha. “Nos vamos a mantener de manera pacífica, siempre y cuando la fuerza pública no nos agreda... Estamos dispuestos a ir detenidos por nuestros derechos”, dijo Rubén Ayarza, uno de los pescadores.