El movimiento 18 de febrero y el ‘annus horribilis' del presidente Ernesto de la Guardia

El 18 de febrero de 1959, en horas de la tarde, una enardecida multitud formada por amas de casa, caballeros en ropas de trabajo, estudiantes universitarios y curiosos se congregaba  frente al Palacio Municipal, en la Plaza de la Catedral, para exigir la renuncia de los 15 miembros del Concejo Municipal de la ciudad de Panamá.

‘El pueblo está cansado de tanta corrupción… del mal gobierno', gritaba uno de los improvisados líderes ante la masa de manifestantes que aplaudía complacida las denuncias que se iban esgrimiendo apresuradamente.

‘Los concejales usan el dinero del pueblo para fiestas y bebidas. Otorgan alegremente contratos con sobreprecios a sus amigos sin que falte una comisión para ellos. Las obras del municipio terminan costando cinco veces más de lo presupuestado', continuaba otro manifestante indignado.

‘Se contrata a las botellas con firmas falsificadas. El dinero de la alcaldía termina en las cuentas bancarias de los concejales'.

Los ánimos se encendían. La masa reunida se iba tornando más violenta. Ante la aprobación del populacho, un grupo de manifestantes, liderado por el abogado Guillermo Márquez Briceño y el comentarista radial Ramón Pereira, decidió forzar la puerta principal del Palacio Municipal para colarse en el edificio.

‘Somos la Junta Revolucionaria Municipal. Vamos a dirigir los asuntos de la alcaldía hasta que los concejales corruptos renuncien o sean reemplazados', anunció Marquez Briceño, un abogado que había ganado prominencia un par de años antes como defensor de un grupo de acusados en el juicio por el asesinato del presidente José Antonio Remón.

EL ATAQUE A RAMÓN PEREIRA

La manifestación había sido convocada en horas de la mañana por Ramón Pereira, un popular comentarista radial, que durante varias semanas se había dedicado a denunciar en la estación de su propiedad —Radio Mía— los ‘chanchullos' que tenían lugar en la alcadía, como fuera revelado por una auditoría preliminar ordenada por el gobierno central de la República.

En la mañana de ese día miércoles 18, Pereira había recibido en su estación radial en la Avenida Perú una visita inesperada, un grupo de hombres armados de talante amenazador, entre los cuales reconoció a uno de los concejales del municipio y a su hermano, ambos de apellido Velásquez.

Primero fueron contra la esposa y la hija de Pereira. Cuando este fue a defenderlas, la tomaron contra él, lanzando improperios, propinándole golpes y disparando sus revólveres al aire, mientras que los radioescuchas seguían en vivo los sucesos.

Con la cara y la ropa llena de sangre producto de una herida en la cabeza, Pereira corrió al micrófono y, sin amedrentarse, hizo un llamado emocionado a la radioaudiencia, invitándolos a iniciar de inmediato una marcha hacia la alcaldía para exigir la renuncia de los concejales. Para su sorpresa, al salir a la calle, ya lo esperaban decenas de personas. Al avanzar hacia el municipio se le fueron sumando cientos de otros simpatizantes.

Conforme avanzaba la tarde, el grupo de manifestantes instalado en la Plaza de la Catedral iba aumentando. Al caer la noche eran ya unos 5 mil, de acuerdo con los reportes de la prensa de la época.

LO QUE PASÓ DESPUÉS

En los días siguientes, ante la estupefacta ciudadanía, la Junta Municipal Revolucionaria  seguiría en el Palacio, expidiendo providencias y juramentando a nuevos concejales nombrados por ellos mismos, informando de sus actos a la población a través de reportes en Radio Mía.

Lo natural parecía que el grupo fuera desalojado del edificio de la alcaldía a la fuerza, pero el presidente de la República, Ernesto de la Guardia, solicitó al comandante de la Guardia Nacional, Bolívar Valllarino, que dejara a los manifestantes tranquilos, probablemente por temor a repetir el ciclo de conflictos y represiones protagonizados el año anterior por los estudiantes y la misma policía.

Azuzados por los oradores que se turnaban en la plaza, los ciudadanos rebeldes hacían preparativos para una gran marcha. Mientras, los 15 concejales electos en el año 1956 se reunían en un lugar secreto de la ciudad y daban a conocer un comunicado en el que señalaban lo siguiente: ‘De acuerdo con el artículo 30 de la ley 8 del primero de febrero de 1954, se constituían en sesión permanente fuera del recinto del Palacio Municipal, intentando mantener la vigencia de la constitución, las leyes y el orden público'.

Pero el favor popular estaba con la Junta Revolucionaria. Las asociaciones civiles, los gremios y la ciudadanía así lo daban a conocer en sendos comunicados. Todos exigían la renuncia de los miembros del Concejo Municipal para continuar las investigaciones iniciadas.

En apoyo a los rebeldes, los comercios ubicados entre la Plaza Cinco de Mayo y  la Avenida Central aceptaron el llamado a un paro general y cerraban sus locales comerciales.

La ciudad parecía a punto de colapsar, cuando, el viernes 20 de febrero, en horas del mediodía, el presidente De la Guardia, se dirigió a la población en un discurso radial para unirse al clamor popular: ‘Pido a los concejales y suplentes (electos en 1956), en aras de la tranquilidad pública, separarse voluntariamente de sus cargos para crear un ambiente más adecuado a la continuación de las investigaciones', señaló.

Por cuestiones de orden legal, su gobierno no podía intervenir en los asuntos del municipio, pero el mandatario señalaba que ‘las posibilidades de un desenlace satisfactorio no se han agotado todavía. Confío en que, con la ayuda de Dios, pronto hemos de obtenerlo'.

Esas fueron sus últimas palabras. Al finalizar su discurso, pasado el medio día, sus ayudantes lo pusieron al tanto de una triste noticia: mientras daba su mensaje, su madre, doña Isabel Navarro de la Guardia, moría, producto de una trombosis coronaria, haciendo guardia al lado de su esposo Ernesto ‘Neco' de la Guardia, que reposaba en una cama del Hospital Panamá.

Al día siguiente, el sábado 21 de febrero, la paciencia del gobierno se acababa. La plaza de Catedral se llenaba de policías con máscaras de gas y amenazadoras metralletas. ¿Un nuevo enfrentamiento entre la Guardia Nacional y la población?

Cuando nadie lo esperaba, el gobernador de la provincia, José Cajar, anunció que destituía a los concejales y nombraría a otros en su lugar.

Ramón Pereira, líder original del movimiento, apoyó la moción de Cajar, denunciando que el movimiento que había surgido como un espontáneo acto de repudio contra la corrupción, había sido secuestrado por los opositores del presidente.

Los manifestantes se retiraron pacíficamente.

CONTINÚAN LOS DESBARAJUSTES

No había terminado la conmoción de la ciudadanía por estos eventos, cuando el 2 de marzo, el coronel Bolívar Vallarino, comandante primer jefe de las fuerzas armadas del país, anunciaba que se acababa de abortar una rebelión contra el gobierno del presidente De la Guardia.

El comandante Vallarino había apresado al líder golpista, el sargento Manrique Torres, así como otros 25 miembros de la Guardia, algunos sargentos, miembros de la de tropa, suboficiales y civiles, entre ellos, el periodista Ramón H. Jurado, el doctor Sergio González Ruiz y Miguel Angel Ordoñez.

Apenas comenzaba el año 1959, annus horribilis de Ernestito de la Guardia. Si el año 1958 se había caracterizado por las multitudinarias y violentas manifestaciones estudiantiles, el 1959 sería inimaginable.

Quien había hecho carrera como uno de los ejecutivos de empresa más exitosos del país, llegando a ocupar por 12 años la posición de gerente general de la Cervecería Nacional, como presidente de la República se topaba con fuerzas incontrolables.

La paz social de Panamá se deterioraba producto de las protestas, algunas sanas, otras producto de la intriga y de los llamados de políticos y pescadores en ‘río revuelto'.

En abril de ese mismo año, un grupo de jóvenes estudiantes, algunos todavía adolescentes, se instalaba en el Cerro Tute, en las montañas de Veraguas, dispuestos a iniciar una guerrilla para ‘liberar a Panamá' de los poderes corruptos.

Días después de que ese movimiento fuera sofocado por la Guardia Nacional, el país sufría la invasión de 80 cubanos que intentaban tomar el país, una iniciativa del diplomático Roberto Arias, su esposa Margot Fonteyne, y su primo Rubén Miró —el mismo que había estado implicado en el asesinato del presidente José Remón—.

En noviembre, un grupo de estudiantes acogía el llamado a ‘hacer una invasión pacífica' a la Zona del Canal, para exigir el reconocimiento de la soberanía panameña sobre este territorio. La iniciativa terminó siendo repelida por la policía de la Zona y el ejército norteamericano, produciendo una crisis diplomática y más de 80 panameños heridos.

En diciembre, miles de obreros caminaron desde Colón hasta la ciudad de Panamá para tomarse la Asamblea Nacional y exigir mejores condiciones salariales.

¿QUÉ PASABA EN PANAMÁ?

Era lógico atribuir parte de la efervescencia a la medición de fuerzas previo a próximo torneo electoral, en mayo de 1960.

Pero había algo más. Un descontento profundo.

Panamá era en 1959, junto con el resto del Caribe y América Central, una región dominada por la pobreza, la inmovilidad social y la inmadurez política.  Se hacían esfuerzos por una rápida industrialización, y los campesinos dejaban masivamente el campo para instalarse en la ciudad, que no reunía las condiciones para recibirlos. El país, como el resto del subcontinente, todavía dependía de la agricultura de subsistencia. La mayor parte de la República carecía de carreteras de acceso, de electricidad; la población padecía de  desnutrición y la educación era mínima.

Como en los tiempos de la colonia, el país estaba dominada por los ricos comerciantes, los grandes terratenientes, y las élites militares, que acaparaban la toma de decisiones políticas, muchas veces  a su beneficio.

En la década de los 50, todavía imperaba el patrón de la intriga y la conspiración, la represión y la sospecha. Pero el orden empezaba a resquebrajarse por la presión de una pequeña pero creciente clase media, que desafíaba el statu quo. Los estudiantes, intelectuales, jóvenes militares, exigían reformas sociales y una democracia más efectiva.

Los poderes tradicionales atribuían las protestas y desórdenes a la infiltración comunista, pero visto desapasionadamente, los comunistas eran pocos. Panamá, como América Latina, despertaba de su letargo.