Cambian reglas del juego

PANAMÁ. Las medidas del gobierno para abaratar el costo de la electricidad, siguen su curso. Ayer, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley en el que modifica el marco regulatorio e institucional para prestación del servicio público de electricidad que data de 1997.

La iniciativa adoptada, dos días después, que el Gabinete extraordinario del pasado domingo, determinara que sea la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) la encargada de preparar el pliego de cargos y convoque los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía, así como la evaluación y adjudicación de los contratos de suministros correspondientes, y los asigne a las empresas distribuidoras para su firma y administración.

Esta medida se adoptará de acuerdo con los parámetros establecidos previamente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

El proyecto considera necesario establecer la obligación de las empresas generadoras que tengan potencia firme disponible de participar en los actos de concurrencia para la compra de potencia y/o energía a fin de garantizar la contratación del 100% de la demanda por parte de las empresas distribuidoras.

Es decir, las empresas distribuidoras no podrán comprar directo con las generadoras, sino por medio de Etesa, propiedad del Estado. De esa forma, se podrá asegurar que el precio le convenga más al usuario.

El Consejo de Gabinete también aprobó el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y ordenó su remisión a la Asamblea.

El total de ingresos para la vigencia que va del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre de 2010, se fijó en 2 mil 017.6 millones de dólares, en tanto que en gastos de operación se asignó la suma de 638 millones de dólares.

En el documento se establece que la ACP dará en conceptos de aportes al Estado la suma de 753.9 millones de dólares.

En el tema de vivienda se aprobó una resolución en la que se autoriza un crédito adicional al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2009, con asignación a favor del Ministerio de Vivienda por la suma de 8 millones 346 mil dólares.

Este crédito adicional tiene el propósito de otorgar un aporte, de carácter intransferible, para personas y familias de bajos ingresos de la economía informal de hasta 5 mil dólares por familia para la adquisición de viviendas nuevas, cuyo precio de venta no exceda la suma de $30 mil.

También se autorizó al Ministerio de Gobierno y Justicia a adquirir el suministro e instalación de un Sistema Biométrico de Seguridad Nacional con la empresa Data Security Solutions, S.A (DSSSA) por la suma de 7 millones 339 mil 313 dólares con 10 centésimos.

De igual manera, el Gabinete respaldó una resolución por la cual se desafectan áreas del dominio público artificial, ubicadas en la Avenida Balboa, y se autoriza al MEF para que, sobre dichas áreas, constituya finca aparte que permita su disposición a favor de la empresa Miramar Development Corporation.