Democracia está a prueba

PANAMÁ. La situación alrededor de una posible separación de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, con todas sus implicaciones y movimientos en el entorno, ha puesto señales de alerta en todos los sectores de la vida nacional.

Para muchos se trata de la más grave crisis institucional que afronta Panamá desde el 6 de diciembre de 1990, cuando una asonada golpista amenazó con resquebrajar la entonces naciente democracia.

El propio presidente Ricardo Martinelli tomó distancia del asunto ayer, luego que se insinuara que su mano estuvo detrás de la posible separación de Gómez del Ministerio Público.

“Qué injerencia de poder puede haber si esto viene de antes que yo soñara ser presidente de Panamá”, señaló Martinelli, dejando el asunto en manos de la Corte Suprema y la Procuraduría de la Administración “en apego a la Ley”.

El mandatario con una frase más, selló su alejamiento del tema de la procuradora: “yo no tengo vela en ese entierro”.

Más tarde se informaba que el magistrado ponente de la solicitud de suspensión de Ana Matilde Gómez, José Abel Almengor se declaraba impedido de continuar con el caso, sin embargo la Secretaría de General del Órgano Judicial aclaraba, mediante un comunicado, que no existía ninguna solicitud de impedimento dentro del caso contra Gómez, y que por lo tanto, el magistrado Almengor continúa conociendo la solicitud que hizo el procurador de la Administración encargado Nelson Rojas.

Ante esto, el abogado de Gómez, Juan Antonio Tejada dijo confiar en que Almengor “hará las acotaciones del caso y tomará decisiones correctas”

Pero ante un panorama convulso, las opiniones de diversos sectores gravitan sobre el giro que llevan los acontecimientos actuales.

El educador Luis López dijo sentirse hondamente preocupado por lo que está ocurriendo con la democracia en Panamá, advirtiendo que lo sucedido constituye un atentado contra la institucionalidad y las personas que tienen la responsabilidad de impartir justicia en el país.

Genaro López, de Frenadeso, aseguró que existe un “caos institucional en ciernes”, ante los acontecimientos alrededor de la jefa del Ministerio Público.

Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, mostró asombro por la forma como un ex fiscal acusado por corrupción probada pase de acusado a acusador.

Lewis aseguró que puede haber un desequilibrio en los poderes democráticos, lo cual puede afectar la democracia y sus instituciones.

En tanto, Ricardo Vargas, defensor del Pueblo, estima que el encausamiento de un funcionario de alta investidura genera expectativas que demandan, “por salud del propio sistema de justicia”, de un procesamiento oportuno que brinde suficientes y plenas garantías “para que, en apego a estricto derecho y alejado de cualquier otra pretensión”, se resuelva la situación planteada.

A su vez, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, considera que todo lo ocurrido alrededor de la jefa del Ministerio Público va minando paulatinamente la institucionalidad del país.

Una posición similar dejó sentir el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Rubén Castillo, quien llamó a la preservación del estado democrático y la institucionalidad.

La Cámara de Comercio de Panamá, a través de su presidente, Adolfo Linares, considera que existe un debilitamiento muy fuerte y “un interés por debilitar las instituciones democráticas del país”.

Linares señaló que en momentos tan graves “lo que debe reinar es la cordura y la sensatez”, y que la Corte Suprema esté a la altura de la responsabilidad que tiene en sus manos.