Diputada Brenes envía carta al Mides cuestionando destituciones en el Senniaf

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, envió una nota formal a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, en la que expresa su “profunda preocupación” por recientes traslados y destituciones ejecutados por la Dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

En la carta, fechada el 11 de febrero de 2026, la diputada advierte que estas decisiones se han producido luego de que se interpusiera una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades y posibles delitos de omisión de deberes de los servidores públicos.

Según Brenes, los movimientos administrativos estarían afectando a funcionarios que han sido mencionados ante el Ministerio Público como testigos dentro de esas investigaciones, lo que genera inquietud sobre el impacto institucional de estas medidas.

La diputada subraya que los centros bajo la responsabilidad del Senniaf cumplen una función “sumamente delicada y esencial” en la protección y garantía de los derechos de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, señala que decisiones de traslado o destitución que se perciban como repentinas o carentes de justificación pueden provocar inestabilidad en el personal y afectar la continuidad de los procesos de atención.

Asimismo, advierte que este tipo de acciones podría generar temor entre los funcionarios a la hora de presentar denuncias, pese a que todo ciudadano tiene la obligación legal de hacerlo cuando tenga conocimiento de posibles irregularidades.

Brenes también manifestó su preocupación por el hecho de que las medidas estén impactando a funcionarios con experiencia y compromiso comprobado, lo que, según indica, podría debilitar la estructura operativa y técnica de los albergues y centros de atención.

En la misiva, la diputada solicita formalmente que el Mides preste atención inmediata a la situación y realice una revisión objetiva de los procesos de traslado y destitución que se están ejecutando.

Además, pide que, de ser necesario, se adopten las medidas correspondientes para garantizar el debido proceso, la transparencia administrativa y la estabilidad institucional en los centros.

Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo Social no ha emitido una reacción pública sobre el contenido de la carta.