Estado está libre de culpa

PANAMÁ. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia eximió de responsabilidad a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y al Estado panameño en el pago de diez millones de dólares en concepto de indemnizaciones por el incendio del bus 8B-06 ocurrido el 23 de octubre de 2006, donde murieron 18 personas.

El magistrado ponente de la causa, Alejandro Moncada Luna sustentó su decisión basado en la sentencia del 28 de abril de 2008 del Juzgado Primero de Circuito Ramo Penal, mediante el cual se resolvió declarar penalmente responsable a Ariel Ortega Justavino y a Próspero Ortega Justavino, por el delito de homicidio culposo y lesiones en perjuicio de los usuarios del transporte público de pasajeros 8B-06, entre los cuales se encuentran los demandantes Lidia Esther Atencio Rojas y Luis Elías Contreras Valdés.

Sostiene el fallo que dada esta sentencia, es a ellos a quienes les corresponde responder por los daños ocasionados, en virtud del artículo antes expuesto.

Señala además que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre no podía exigirle al concesionario del transporte público de pasajeros requisitos de seguridad que no eran impuestos por ley alguna, recordando que la autoridad debe desempeñarse dentro del estricto marco de legalidad, y por consiguiente no era exigible a la ATTT que le impusiera el cumplimiento de medidas de seguridad que no se encontraban previamente establecidas en el ordenamiento lega.

Víctor Martínez, representante legal de los demandantes calificó el fallo del magistrado Moncada Luna como un absurdo.

Martínez asegura que en el momento en que se dio el accidente, la ley de la ATTT que estaba vigente señalaba que era su responsabilidad supervisar, fiscalizar e inspeccionar la entrada de vehículos que serían usados para el transporte público de pasajeros. “No puede ser que cualquier empresa trae un vehículo destinado para el transporte público y que el Estado no tenga responsabilidad de supervisarlo”, indicó el abogado.

Manifestó que la decisión de eximir al Estado y responsabilizar a los conductores es una cobardía por parte de quienes administran la justicia en Panamá y no descartó recurrir a instancias internacionales para exponer su caso. “Nosotros ya demandamos en Estados Unidos a la empresa que produjo el gas refrigerante. Si es necesario buscaremos justicia fuera de Panamá”, dijo el abogado no sin antes recordarle al presidente Martinelli que prometió hacer justicia y que fue el magistrado que el nombro quien tomó la nefasta decisión.