Órganos del Estado no pasan la prueba

PANAMÁ. Recién entró el nuevo gobierno, su eslogan ‘cambio’ prometía cosas diferentes. Pasaron los primeros meses y la cristalización de proyectos como el programa social ‘100 a los 70’ y el aumento del salario mínimo —el mayor en toda la historia— parecían corresponder con algunas de las promesas de campaña.

Pero al mismo tiempo que se hacían cosas buenas, algunas otras decisiones del gobierno no fueron de total agrado.

Igual ocurrió con los otros Órganos del Estado. Al Legislativo y al Judicial, aunque también realizan sus buenas acciones, sus desaciertos los llevan en picada en cuanto a la aprobación de los ciudadanos.

Un claro ejemplo de ello son los resultados de la última encuesta de Dichter & Neira para el mes de julio. Según el sondeo realizado a mil 200 personas en todo el territorio nacional, más de la mitad considera que ninguno de los tres Órganos del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— llena las expectativas.

La entrada en vigencia del 7%, la poca o nula respuesta en cuanto al alza de la canasta básica de alimentos, el aumento de la inseguridad, fueron algunos de los detonantes.

La muestra indica que luego de un año de gobierno, la gestión ha ido decayendo.

En junio registró un 66,1% de aceptación, pero en julio muestra una caída de 16 puntos (49,4), aumentando la insatisfacción de los encuestados, que le dieron un 45,8% de calificación negativa. De igual forma, la Asamblea Nacional, que había logrado en octubre del año pasado un 78%, bajó en abril a 57,3%, pero en julio se fue en picada hasta un 29,9% de calificación positiva.

La evaluación de los diputados estuvo enmarcada por la aprobación de la Ley 30, popularmente llamada ‘ley langosta’.

Pero a la Corte Suprema de Justicia tampoco le fue nada bien. La encuesta reveló que solo un 30,5% de los panameños ve con buenos ojos la labor de los magistrados, contra un 56,5% que la desaprueba.

Peor aún, la máxima autoridad de justicia en Panamá es percibida por un 76,4% como una entidad minada por la corrupción.

Las recientes denuncias de la jueza suplente Zulay Rodríguez —a quien el Ministerio Público le sigue un proceso por el delito contra la administración de justicia y contra el orden económico—, donde habló de la existencia de tráfico de influencia entre las autoridades de la Corte, y las constantes denuncias de la sociedad civil sobre las deficiencias de justicia panameña parecen dar fe de ello.

Si se miran bien las calificaciones, parece que la mayoría de los panameños no percibe una real independencia de los poderes del Estado.

¿Qué tan saludable es esto para un país democrático?