Febrero entre protestas y cambios en los partidos

PANAMÁ. El mes de febrero arranca con una apretada agenda para el gobierno, las fuerzas políticas y el sistema de justicia panameño. Los urgentes problemas que reclaman solución por parte de los ciudadanos del país incluyen el agua, la basura, la inseguridad ciudadana, el incremento del costo de la vida, el problema del transporte público y la necesidad de que las autoridades se concentren en atender las demandas populares. De manera simultánea a esta realidad, el panorama político va generando un incremento en la confrontación social y la justicia enfrenta grandes retos.

ESCENARIO GUBERNAMENTAL

Problema del agua: A pesar de las explicaciones que están dando las autoridades sobre los avances en la potabilizadora de Chilibre, lo cierto es que la planta tiene graves problemas estructurales, tanto en la vieja estructura —que debió ser transformada para mejorar su producción— como en la planta nueva, que fue construida al margen de las especificaciones establecidas. Todas las investigaciones indican que el gobierno recibió una planta de menor capacidad y calidad que la que licitó y pagó. La ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento en Chilibre tenía como objetivo lograr que en este complejo se produjeran 250 millones de galones diarios de agua con estándares internacionales. Una auditoría técnica realizada a las obras construidas por la empresa Biwater reveló que en la ejecución del contrato la empresa Biwater dejó una serie de fallas muy graves que han dejado a dicha planta con una gran vulnerabilidad a cortes y reducciones significativas de producción.

Reformas al Código Minero: A las Reformas al Código Minero sometidas por el gobierno a la aprobación de la Asamblea Nacional se le introdujeron cambios sustanciales. El primer artículo se modificó para establecer que las empresas estatales extranjeras no podrán hipotecar las tierras adquiridas en concesión. De los 25 artículos que tenía el proyecto original, 8 fueron modificados y se le añadieron 7 artículos nuevos. Otro de los cambios importantes es la obligación impuesta a las empresas, de incluir en el estudio de impacto ambiental el plan de cierre y abandono de la actividad minera. Con la aprobación de estas reformas se establece un nuevo marco jurídico para la actividad minera, que tendrá ahora más control ambiental, deberá pagar tasas más altas y contribuir en forma efectiva al desarrollo de las comunidades en donde estén los proyectos mineros. Este capítulo no cierra el debate sobre el futuro de la minería en Panamá.

TPC con Estados Unidos: El Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, señaló en su discurso a la nación norteamericana ‘que sólo firmaría tratados comerciales que promuevan el empleo en los Estados Unidos’ y no señaló fecha para enviar el TPC de Estados Unidos con Panamá al Senado. El presidente Ricardo Martinelli reaccionó a estas declaraciones señalando ‘que no tenía apuro y que el TPC favorecía más a los Estados Unidos que a Panamá’. Los sectores empresariales le pidieron al Presidente que concrete una cita cuanto antes con el Presidente de los Estados Unidos para destrabar el acuerdo y el ex Canciller Samuel Lewis Navarro señaló que las palabras del Presidente Martinelli, demuestran ‘cierto despecho, que no es conveniente para promover una sólida y amistosa relación’.

Carnavales: El Ministro de Turismo anunció que se celebrarán los carnavales en la ciudad de Panamá y que cuenta con una partida de un millón y medio. Existían dudas sobre el futuro de los carnavales que fue disipada esta semana que acaba de concluir, y ahora se espera que se den los pasos para concretar la organización de las fiestas más populares en Panamá.

ESCENARIO POLÍTICO

Reformas electorales a la Asamblea: El Órgano Ejecutivo envió a la Asamblea de Diputados el proyecto de Ley que contiene las reformas al Código Electoral, pero el mismo no incluye las iniciativas que anunció el Presidente, como son: la segunda vuelta electoral, la elección de los Gobernadores y la disminución del subsidio electoral. La actual propuesta de reformas va a profundizar la crisis interna en la alianza de gobierno, sin hablar de las supuestas reformas constitucionales que el gobierno quiere presentar sobre la reelección presidencial.

La alianza de gobierno profundiza sus discrepancias: La reelección presidencial inmediata o en cinco años, la segunda vuelta electoral, los Diputados nacionales, los conflictos entre los Ministros de Cambio Democrático y del Panameñismo, las interferencias y contradicciones a todos los niveles del Órgano Ejecutivo, la Sala Quinta, entre otras cosas, continúan profundizando las diferencias entre los principales líderes del gobierno. La situación se complica porque el actual Presidente del partido Panameñista y aspirante a candidato presidencial por la alianza oficialista, Juan Carlos Varela, se ve atacado por una fracción de su partido que ha salido a retarlo a lo interno de su partido. Esta situación pone presión a Varela para mantener una actitud independiente de Cambio Democrático, lo que a su vez incrementa el enfrentamiento entre el Panameñismo y la fracción más radical de Cambio Democrático que encabeza el Ministro de la Presidencia.

El PRD en su laberinto: Mientras, el opositor partido PRD se prepara para la celebración de su congreso el 12 de febrero del 2011, en medio de grandes dificultades financieras y de divisiones que se dan entre los aspirantes a la candidatura presidencial de ese colectivo político. Actualmente, el PRD no tiene un discurso unitario que oriente en forma adecuada a su membresía y al 60% del electora independiente.

Futuro del Molirena: La vieja guardia del partido Molirena ha planteado con claridad que se opone a la desaparición de este colectivo político y realiza reuniones con diferentes dirigentes para impedir la fusión con Cambio Democrático. Se va a plantear un duro escenario de confrontaciones a lo interno de esta fracción liberal de la política panameña que tiene más de 28 años de existencia.

ESCENARIO JUDICIAL

Quemados de Tocumen: La presión popular y la cobertura amplia de los medios de comunicación obligó a la Procuraduría General de la Nación a darle un impulso procesal al dramático caso de los jóvenes quemados en el Centro de Rehabilitación de Tocumen. La fiscalía ha instruido causa criminal contra varios agentes de la policía y responsables civiles, pero la falta de una orden de detención para los principales implicados en estos asesinatos genera un rechazo en la opinión pública. Diversos gremios de la sociedad civil impulsan un cambio en la Ley de la Policía y reformas urgentes al sistema carcelario panameño. Sobre este tema, el gobierno está totalmente a la defensiva y no ha podido articular una estrategia para presentar al país una solución adecuada.