Pastoral Indígena acusa a Frenadeso

PANAMÁ. La Coordinadora Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI) atribuyó a un grupo de 30 integrantes del Frenadeso el ‘acoso’ que sufrió el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, cuando intentaba mediar en la protesta ngöbe contra las reformas mineras, en San Félix, provincia de Chiriquí.

En un informe con fecha del pasado miércoles 16 y difundido ayer, el secretario de la CONAPI, Jorge Sarsaneda, expuso que el Frenadeso ‘mostró claramente su irrespeto a los organizadores de la marcha, no acataron las directrices y quemaron llantas’.

Incluso —apunta el documento— el grupo presionó para el cierre total de la vía Interamericana y para que esta fuera reabierta hasta las 6:00 p.m., y no tres horas antes, como lo habían esbozado los indígenas.

Saúl Méndez, dirigente del Frenadeso, reconoció que en efecto hubo participación de su organización en las manifestaciones en San Félix, pero rechazó que hayan sido sus compañeros quienes incitaron al desorden.

Para Méndez, el informe del CONAPI coincide con la versión gubernamental. Asimismo, culpó a las autoridades de enviar al viceministro Carles a la zona clave de las protestas antimineras para luego utilizar la agresión contra él como excusa para reprimir a los ngöbes.

PASTORAL OBJETA A CARLES

Empero, Sarsaneda también cuestionó que tras la agresión, Carles haya sido enviado al hospital regional de David y, además, se le incapacitara por dos días.

‘¿Qué se pretende con todo esto... desacreditar al movimiento?’, agregó.

Las críticas también se extendieron a los medios de comunicación que, a juicio del secretario de la Pastoral Indígena, sólo buscaron el sensacionalismo.

SIGUEN PROTESTAS

Paralelamente, las manifestaciones contra la Ley 8 que reformó el Código de Recursos Minerales continuaron ayer.

En Panamá Este, al menos siete indígenas ngöbes —entre ellos una mujer— fueron retenidos tras enfrentarse con unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional (PN), en el puente sobre el río Pacora.

La intervención policial se produjo luego de tres días consecutivos de bloqueos de la vía Panamericana. Se trata de la primera actuación del Control de Multitudes en las protestas tras la sanción de la Ley 8.

La PN informó que en la revuelta se decomisó una lanza artesanal que tenía en la punta un cuchillo, ‘convirtiéndose en un arma letal’.

La institución también detalló que uno de sus agentes resultó herido en la mano.

Ante los hechos, la Unión de Lucha Integral de los Pueblos (ULIP), interpuso ayer en la tarde un recurso de hábeas corpus para evitar una eventual detención del dirigente de los indígenas de Pacora, Kevin Sánchez, y para lograr la liberación de los detenidos.

Javier Víquez, dirigente de la ULIP, arguyó que las autoridades mantenían a los siete indígenas retenidos para aplicarles la ‘ley carcelazo’. ‘Ellos cerraron la calle pacíficamente, entonces no hay delito’, enfatizó Víquez.

Las manifestaciones también se extendieron a La Chorrera y a Herrera. Allí, cerca de 400 personas, entre campesinos, ganaderos, educadores y agricultores azuerenses, salieron a las calles de la ciudad de Chitré para repudiar los proyectos mineros que se podrían desarrollar en esa región.

Al respecto, en medio de una gira social en Soná de Veraguas, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, reiteró que no es necesario seguir con las protestas. ‘El diálogo es lo único que debe prevalecer’, argumentó a los medios de comunicación presentes.

Sin embargo, el mandatario esquivó hablar de la insistencia de diversos grupos que piden derogar las reformas mineras.

Pese a la ratificación del presidente, el líder del Congreso General Ngöbe, Pedro Rodríguez, enfatizó que mantendrán su rechazo a las reformas mineras, y responsabilizó al Gobierno de cualquier situación si no accede a derogar en seis días la Ley 8, cuyo artículo 1 ya mantiene tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

(Con información de Nicanor Alvarado Dixon, Raúl López, Yodalis Betancourth y Carlos Patterson).