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19 de May de 2022

Política

Que no vaya a la comarca le advierten a Martinelli

PANAMÁ. La decisión del Ejecutivo al firmar un acuerdo con supuestas autoridades comarcales en el que se compromete a no promover la exp...

PANAMÁ. La decisión del Ejecutivo al firmar un acuerdo con supuestas autoridades comarcales en el que se compromete a no promover la explotación de Cerro Colorado en lo que resta de esta gestión gubernamental, ha generado una agria reacción en territorio Ngöbe Buglé.

En el corazón de la región Nedrini de la comarca, líderes indígenas están convencidos de que la firma del acuerdo —que ayer se convirtió en decreto Ejecutivo— lejos de apaciguar las aguas las ha revuelto aún más.

La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del Pueblo Ngöbe advirtió con llevar al cepo —lugar de castigo de los ngöbes— al presidente de la República, Ricardo Martinelli, si intenta pisar territorio comarcal sin antes derogar la Ley 8, que dictamina las reformas al Código Minero.

La misma condena le espera a Rogelio Moreno cuando regrese a su tierra natal.

EL RECLAMO A VARELA

Pero el que sí estuvo a punto de recibir el castigo del cepo fue el vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela.

Al culminar su discurso en la presentación del ‘Atlas de Desarrollo Humano’ en el hotel Sheraton, María Acosta y Alba Pedrol, representantes de la Coordinadora del Congreso Tradicional de la comarca, le hicieron una retahíla de reclamos al vicepresidente.

‘El pueblo de la comarca dijo no a la minería, las personas que firmaron ese acuerdo fueron compradas por el gobierno, por tal razón el acuerdo es una gran farsa’, precisó María Acosta.

Acosta agregó que en la comarca ya gira una resolución que declara ‘no gratos’ a los que pactaron el fraudulento acuerdo, ya que fue inconsulto.

Pero Alba Pedrol fue más allá y denunció que uno de los firmantes, Samuel Amador, quien aparece en el acuerdo como comisionado del Congreso Regional, es su tío y actualmente es miembro del Partido Panameñista y trabaja en el Ministerio de Vivienda en la comarca Ngöbe Buglé.

Por la actitud de las dos mujeres ngöbes, la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, optó por salir por la puerta trasera del local donde se realizaba el evento, pues también iban a hacerle una serie de reclamos.

MORENO TENDRÁ QUE RENDIR CUENTAS

P edro Rodríguez, presidente del Congreso Comarcal, adelantó que Rogelio Moreno tendrá que rendir cuentas de sus actuaciones cuando se reúna el Congreso General en pleno, que se tiene previsto para dentro de dos semanas.

El punto de encuentro será Pueblo Nuevo, distrito de Kankintú, región Ño Kribo.

‘Rogelio es una autoridad de la Comarca, pero él no está por encima del Congreso, único organismo encargado de aprobar o desaprobar acuerdos o resoluciones’, precisó Rodríguez.

¿OTRA INTROMISIÓN DEL GOBIERNO?

Desde la firma del acuerdo en la comarca surge la gran interrogante de quién mandó a Rogelio Moreno, Higinio Montezuma, Samuel Amador, Santiago Smith y Benjamín Cuevas a la capital a firmar el controversial documento con las autoridades del gobierno, sin consultar con el pueblo ngöbe.

A esto se añade que Rogelio Moreno no es reconocido por el Tribunal Electoral (TE) como cacique general de la comarca.

Para hacer un recorderis, durante las pasadas elecciones comarcales para elegir a los delegados, los magistrados del TE aclararon que las nuevas autoridades comarcales serían electas en marzo de este año.

Por ende, Rogelio Moreno nunca ha sido reconocido por esta entidad como cacique regional comarcal.

Así lo recalcó a La Estrella el magistrado Gerardo Solís al señalar que el ‘Tribunal Electoral va a reconocer el cacique general que salga electo del 6 al 10 marzo de este año, aún así no desconocemos aquellos dirigentes que tienen un liderazgo natural en la comarca’.

¿Cómo pudo el gobierno haber firmado un acuerdo con alguien que legalmente no es reconocido como cacique?

SIN MARCHA ATRÁS

Por su parte, la dirigencia tradicional indígena aclaró que no desistirán en la determinación de iniciar —a partir de mañana jueves— una jornada de protestas pacíficas de manera indefinida, si el gobierno no deroga la Ley 8.