El diálogo del poder entre gobernantes e indígenas

Todo diálogo, especialmente el político, aunque no lo parezca, descansa en una relación de fuerzas. Sin embargo, la mayoría de las veces son las limitaciones institucionales para imponer o defender intereses y el consecuente miedo al sometimiento o a la destrucción, la que promueve a la comunicación como medio para la solución de conflictos, frente a la violencia como alternativa.

Es una relación de fuerzas, ya que su tensión social la produce la asimetría o la diferencia de concepciones, intereses, recursos de poder y conocimientos, desproporcionalmente distribuidos. Pero ante la proximidad de conflictos colectivos de difícil solución, frente a escenarios donde se dirimen situaciones de decisión política y de poder, la mediación y el diálogo es el recurso democrático de solución por excelencia.

LOS BENEFICIOS DEL DIÁLOGO

El diálogo como mecanismo efectivo en la solución de conflictos abre— en teoría—, el espacio para que los actores en controversia desplieguen sus estrategias argumentativas y de análisis en torno a los elementos en discrepancia. No obstante, la modificación de posiciones, delimitación de exigencias y la búsqueda de una solución consensuada, forman parte de los objetivos del diálogo.

De manera adicional, el diálogo generalmente produce en los actores involucrados —especialmente en los sujetos populares—, aprendizaje y reconocimiento de adversarios, sistematización de experiencias, pluralidad de modalidades argumentativas, compromisos con las soluciones planteadas, además del fortalecimiento tanto de sus estructuras organizativas como del ejercicio de prácticas democráticas en su interior.

Sin duda, en el proceso de diálogo, los elementos de mediación, negociación y solución pactada a utilizar, se sirven de diferentes soportes metodológicos y técnicos. Todos ellos son valores agregados del diálogo.

EL CONTEXTO DE LOS DERECHOS

Con todo, la delimitación del contexto del conflicto es decisiva para su manejo. Son estas circunstancias las que deben ser consideradas como cruciales para entender el diálogo entre la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesinos.

El diferendo surge en aquellos aspectos de artículo 5 del proyecto de ley 415, que deja en aparente indefinición o ambigüedad, el tema de las hidroeléctricas, las concesiones ya otorgadas y lo que se consideran aéreas adyacentes. Recordemos que la comarca Ngäbe-Buglé fue creada mediante la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, circunscribiéndose fundamentalmente a las regiones montañosas de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Sobre la población originaria en general, el informe del 2010 de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) consigna que en el 2000, el total de la población originaria era de 285,231, donde el 148,472 (52 %) vivía en la comarca.

De este total de pueblos originarios, el ngäbe es el de mayor población en el país, con aproximadamente 169,130 (59.3%); los buglé son 18,724 (6.5%). Adicionalmente, en comarca habitan 100,875 ngäbe (60%) y 5,707 buglé (30.5%). A su vez, el Informe de la CEPAL, ‘Panamá. Pobreza y distribución del ingreso en el período 2001-2007’, en la categoría ‘Región Comarcas Indígenas’ para el 2007, consignaba que el 81% de la población originaria estaba en la condición de pobreza.

Dicho informe establece además que ‘en términos relativos, en las Comarcas se registró un incremento de la tasa de pobreza’ (21.5%, 2001; 22.9%, 2004; 23.5%, 2007).

En términos del contexto, el conflicto que el Estado panameño tiene particularmente con los ngäbe-buglé, no pueden entenderse los reclamos de dichas poblaciones ni sus permanentes afirmaciones de derechos vulnerados, si el acercamiento y comprensión del problema no se inscribe en el contexto social brevemente descrito y que tiene como grandes antecedentes históricos, la conquista española y portuguesa en América, como también del sistema colonial de despojo y explotación que se instituyó posteriormente y que continuó en el período republicano, hasta bien entrado el siglo XX.

Por estas razones, la identidad de nuestros pueblos originarios solo puede ser comprendida por la consciencia de posesión de un territorio (relación histórica) y del especial vínculo (relación cultural) que de él se deriva con la ‘madre tierra’. En definitiva, la identidad cultural de nuestros pueblos originarios está indisolublemente ligada a su territorialidad.

En relación a ‘derechos humanos’, las aspiraciones de nuestros pueblos originarios en términos de ‘libre determinación y autonomía’ son relativamente recientes. El 18 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. En ella se agrega ‘el derecho a la diferencia, a la titulación colectiva de sus territorios y al control colectivo de los recursos de propiedad común, a ‘vivir bien’ y al ‘buen gobierno’, a la conservación y protección colectiva de los ecosistemas, a la propiedad intelectual colectiva de sus ‘saberes’ y conocimientos así como otros derechos humanos esenciales’.

¿Pero qué es lo que explica la puesta en alerta sobre violación de derechos de los pueblos originarios en el continente americano?

LA CRISIS EN QUE VIVIMOS

Que las exportaciones de materias primas y recursos naturales, conjuntamente con las inversiones de capital son importantes, eso nadie lo duda. Sin embargo, frente al auge ‘extractivista’ de los recursos naturales a nivel mundial, se ha acuñado el concepto de ‘reprimarización de las exportaciones’, para referirse a este nuevo ciclo de demandas de materias primas y recursos naturales propios del sector primario de la economía. Una vuelta aparentemente al desarrollo hacia ‘afuera’, típica de economías agrarias y tradicionales, según el básico esquema de la CEPAL. Con este proceso regresan también las llamadas economías de enclave, llamadas así, porque poco o nada tenían que ver con la sociedad en la que se instalaban.

No tan nuevo de este proceso, son los bienes llamados commodities. Bienes de bajo nivel de diferenciación o especialización, que supuestamente existen en cantidades abundantes en la naturaleza, y que son demandados por su gran utilidad hoy, cosa que explica en parte este ciclo de ‘reprimarización de las exportaciones’. No obstante, estos bienes no son tan abundantes y forman parte de una demanda de carácter coyuntural. La ecología política nos enseña la sustentabilidad como un deber y compromiso con las generaciones futuras a partir de la eventual escasez de los recursos naturales. A su vez, en este mundo globalizado, la crisis de los mercados financieros ha obligado a estos actores inescrupulosos a posar su mirada especulativa en las materias primas; también la demanda exorbitante de países de Asia, especialmente de China por estos bienes, explica igualmente la voracidad por los recursos naturales, en los albores de la llamada sociedad del conocimiento.

Sir Roy Harrod (1900-1978), un representativo exponente del pensamiento keynesiano acuñó la noción de ‘bienestar oligárquico’ para caracterizar los estilos de vida y pautas de consumo de las naciones industrializadas, hoy en crisis. Frente a sociedades consumidas por el consumismo, el desafío civilizatorio es el reto ético en torno a qué sociedad aspiramos y por la cual vale la pena luchar. Que los paradigmas de las teorías del desarrollo se encuentra en un atolladero, no hay duda.

Forjar una sociedad de exclusiones fundada en un lucro orientado por la codicia o una sociedad inclusiva y solidaria, es el dilema. Comencemos reconociéndoles a nuestros pueblos originarios sus patrimonios. Expulsados nuestros pueblos originarios de las fértiles tierras que una vez poseyeron, fueron arrinconados en tierras marginales, montañosas o selváticas, y hoy empiezan a incomodar cuando se descubre que sus asentamientos están posados sobre yacimientos minerales o potenciales recursos hídricos altamente rentables.

No olvidemos que el diálogo que nos ocupa se articula en torno a una relación de fuerzas: detrás del Gobierno, está el Estado con sus instituciones; detrás de la Coordinadora, están las Comarcas. Un diálogo fundado en derechos es la única salida.