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21 de Jan de 2021

Política

Gobierno tiene pendientes con el pacto San Lorenzo

PANAMÁ. Si bien con la aprobación en tercer debate del proyecto 415 en la Asamblea Nacional se cerró un capítulo de la ancestral lucha p...

PANAMÁ. Si bien con la aprobación en tercer debate del proyecto 415 en la Asamblea Nacional se cerró un capítulo de la ancestral lucha por la defensa de los recursos naturales que ha mantenido la población ngäbe buglé, aún quedan cabos sueltos.

Esto no tiene nada que ver con las discusiones en la segunda mesa técnica respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. Va más allá: se centra en el segundo punto del pacto San Lorenzo I, firmado entre la dirigencia indígena y el gobierno, el pasado miércoles 8 de febrero, en el que se acordó indemnizar a las víctimas y los familiares de los muertos por los disturbios. La represión significó una huella indeleble que marcó a la población indígena.

En letras sueltas este segundo punto se enfocaba en ‘la atención urgente de los afectados e indemnización permanente a los familiares de Jerónimo Rodríguez Tugrí y otros fallecidos...’.

Irónicamente, 47 días después la respuesta del gobierno ha sido casi nula. Así lo confirmaron a La Estrella dirigentes del movimiento indígena.

Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora Ngäbe Buglé, explicó que en el caso de la esposa de Jerónimo Rodríguez Tugrí y sus tres hijos, la ayuda todavía no ha llegado. ‘Le respondo puntual: el gobierno no ha hecho efectivo ningún tipo de indemnización a los familiares de Jerónimo’, expresó.

Y es que Jerónimo, un joven buko day (policía comarcal) que vivía junto a su familia en la pintoresca región de Llano Tugrí, era el cabeza de familia.

Desafortunadamente a Fidelina Rodríguez —esposa de Jerónimo— el destino le ha hecho una muy mala jugada. Meses antes de la muerte de su marido, su pequeña Jazmín, una bebé de meses de nacida, murió de repente aparentemente por causas desconocidas. Ahora ella no sabe cómo hará para sostener al resto de sus hijos.

‘Pedimos ayuda al gobierno, pues ahora me he quedado sola’, replicó la joven viuda.

PROHIBIDO OLVIDAR

Pero Montezuma fue más allá del caso de Jerónimo Rodríguez Tugrí y recordó que tampoco ha llegado la ayuda que el gobierno prometió para los familiares de Abraham Montezuma, quien falleció producto de los disturbios que se registraron el 26 de febrero de 2011, hace ya más de un año.

Por los lados de la base de Viguí, el dirigente Toribio García narró que en este sector hubo gran cantidad de heridos que fueron trasladados al hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega.

El hombre recuerda que muchos de sus hermanos ngäbes fueron recluidos en ese centro médico por heridas de bala y perdigón.

Asegura que aún hay dos que se encuentran hospitalizados.

Según informes a los que tuvo acceso La Estrella, se trata de Leonel Cedeño, quien resultó herido de bala en la pierna derecha y le extrajeron la bala; y Anel Giron, quien también fue hospitalizado por una herida de bala que le atravesó uno de sus glúteos perforándole el recto. Este último fue operado y le colocaron unas bolsas para que pudiera excretar.

Toribio García está convencido de que más de una decena de los compañeros de lucha que fueron recluidos y posteriormente dados de alta en el hospital de Veraguas la han pasado muy mal porque debido a la falta de recursos económicos no han podido darle continuidad a los tratamientos médicos, lo que pone en riesgo su salud.

En Tolé, el dirigente Esteban Vinns coincidió en que hubo heridos producto de la represión que por temor a ser detenidos ni siquiera llegaron a un centro de salud para recibir algún tipo de tratamiento.

Vinns detalló que desde Ojo de Agua, Boquete, Volcán, el cruce de Horconcitos, San Félix hasta Viguí hubo manifestantes con heridas leves que tuvieron que buscar, por sus propios medios, tratamiento en la medicina tradicional.

Aún así sostiene que desde la dirigencia no se maneja una cifra exacta de las víctimas, porque muchos heridos se fueron a sus hogares que están ubicados en lugares distantes y muy inaccesibles de la comarca.

En el caso de Mauricio Méndez, el joven que falleció en los disturbios de Las Lomas, en la ciudad de David, el pasado 6 de febrero, el dirigente Vinns lamentó que el gobierno aún no le ha brindado ningún tipo de ayuda económica a los familiares del muchacho, que son personas muy humildes.

Todo apunta a que el segundo punto del pacto de San Lorenzo I ha quedado a la deriva, pero por los lados de la dirigencia indígena aseguran que seguirán solicitando al gobierno que lo acordado aquel 8 de febrero no se quede solo impreso en un papel.