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25 de Oct de 2020

Política

Amnistía cuestiona manejo del conflicto Ngäbe-Buglé

PANAMÁ. El manejo que el gobierno le dio el año pasado al conflicto indígena por la defensa de los recursos hídricos y mineros sigue de...

PANAMÁ. El manejo que el gobierno le dio el año pasado al conflicto indígena por la defensa de los recursos hídricos y mineros sigue dejando sus secuelas negativas internacionalmente.

En su último informe en el que se evalúa el año 2011, Amnistía Internacional (AI) señala que en Panamá aún son insuficientes las garantías de los derechos humanos de los pueblos indígenas, sobre todo en el contexto de los grandes proyectos de infraestructura construidos en las áreas comarcales.

El informe, que se divulga hoy, señala que cuando se presenta este tipo de proyecto de desarrollo no se consulta ni se toma en consideración los intereses de los pueblos indígenas.

El documento de la llega justo cuando un grupo de ngäbe buglé protagonizan nuevas protestas contra el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco. La lucha de este pueblo ha rendido frutos este año. Las medidas de presión contra las concesiones mineras e hidroléctricas lograron que el Gobierno frenara un proyecto que daba paso a las concesiones en tieras comarcales. Sin embargo, su lucha continúa para que se cumplan los acuerdos pactados en las mesas técnicas de discusión.

Ayer, La Estrella pudo conocer que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una notificación a los miembros de la segunda mesa técnica en la que informa la fecha en que técnicos se trasladarán al sitio con el fin de determinar el perímetro del espejo de agua (superficie del área de construcción del embalse) del proyecto de Barro Blanco.

La empresa —cuyo nombre aún se desconoce— realizará la inspección entre el 28 de mayo y el 13 de junio.

Al conocer esta información el coordinador del Movimiento 10 de Abril, Ricardo Miranda, manifestó que se garantizará la seguridad de los técnicos para que puedan desarrollar su trabajo.

LAS MODIFICACIONES DE LA DISCORDIA

Las modificaciones solicitadas por la concesionaria Genisa S.A. a la Autoridad Nacional Ambiente (ANAM) para el uso de las aguas del río Tabasará, que alimenta el proyecto hidroeléctrico, han provocado desconfianza en la población ngäbe. De allí que, por mediación de la Iglesia Católica, se solicitó la elaboración de un peritaje independiente con el fin de determinar el alcance del embalse así como su impacto en las comunidades ubicadas en las áreas anexas a la comarca.

Los indígenas argumentan que los cambios provocarán que desaparezcan comunidades como Kia, Bägamä, Calabacito, Quebrada de Caña, entre otras, y afectará también la biodiversidad y la riqueza histórica y cultural del lugar, ya que también hay cementerios, petroglifos y centros educativos.