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04 de Jun de 2020

Política

Recrudecen choques entre magistrados de la Corte

PANAMÁ. En el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, los ánimos estuvieron ayer al rojo vivo. En la tranquila Direcció...

PANAMÁ. En el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, los ánimos estuvieron ayer al rojo vivo. En la tranquila Dirección de Informática se escucharon reclamos y hasta gritos.

Trascendió que por unos instantes la serenidad que ha caracterizado al magistrado Hernán De León dio paso a la ira. Acompañado de dos escoltas, el magistrado irrumpió en la oficina y pidió que le devolvieran las computadoras que a las ocho de la mañana habían sido retiradas de su despacho.

GÉNESIS DEL RECLAMO

Fuentes judiciales aseguran que el ambiente tenso que se vivió ayer tuvo su génesis cuando al despacho del magistrado De León se presentó Ramiro Jarvis, asesor de Seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna. Jarvis, quien lo acompañó como subdirector de la PTJ y que se vio forzado a dejar el cargo con él.

El equipo informático pertenecía a Viodelda Yángüez, Rocío Tenorio, Ricardo Fuller y Akira Castillo, asistentes de De León.

Jarvis sustentó su proceder en que la Dirección de Auditoría, por órdenes de la Sala de Negocios Generales de la CSJ, había solicitado el retiro de las cuatro computadoras como parte de ‘una auditoría judicial’.

¿El motivo? Comprobar la existencia de ‘información sensitiva’, una denuncia que había llegado a la Sala de Negocios que integran los magistrados Alejandro Moncada Luna, Harley Mitchell y Harry Díaz.

La denuncia estaría relacionada con la elaboración de supuestos fotomontajes en los que aparece el presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, con miembros de asociaciones judiciales, como un mensaje de que cuentan con el apoyo legislativo para impulsar la carrera judicial, pendiente de ser aprobada en el Legislativo.

Junto a Gálvez, uno de los supuestos protagonistas en estos fotomontajes sería Ricardo Fuller —dirigente de la Asociación de Servidores del Órgano Judicial y parte del cuerpo de asistentes del magistrado De León—.

El escándalo que se generó ayer frente al reclamo del magistrado De León motivó que la Sala Cuarta lo citara a las 12:30 p.m.; sin embargo, el magistrado no asistió alegando que tenía una cita médica.

NOTAS CONTRADICTORIAS

Mientras, el departamento de Relaciones Públicas distribuyó entre los medios de comunicación dos notas —fechadas el miércoles 17 de octubre y el jueves 18 de octubre— en las que los magistrados de la Sala Cuarta informan al magistrado Hernán De León sobre la diligencia.

Sin embargo, las notas reg istran algunas contradicciones. En la del 17 de octubre, por ejemplo, donde se notifica al magistrado De León los motivos de la diligencia, en ningún lado aparece el sello de ‘recibido’. Sin embargo, la misiva del 18 sí muestra la constancia y además detalla que el decomiso de los ordenadores se realizaría ayer entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., cuando la información que se maneja es que la Dirección de Informática procedió con el decomiso la mañana de ayer.

CUESTIONAN ACCIÓN

Juristas conocedores de la materia vieron con rechazo la diligencia de los magistrados de la Sala Cuarta.

‘Un magistrado no puede investigar a otro magistrado; esto es una violación flagrante al debido proceso’, expresó el catedrático Miguel Antonio Bernal.

Más allá de eso, para Bernal la lectura obedece a un dictamen del Ejecutivo: ‘Ricardo Martinelli quiere deshacerse de los magistrados De León y Luis Ramón Fábrega’.

El abogado destacó que la Constitución es clara: ‘quien debe investigar a un magistrado es la Asamblea Nacional’.

En esto coincide la exprocuradora Ana Matilde Gómez, quien calificó la acción como ‘irregular, peligrosa y arbitraria’.

No hay una orden jurídica que diga que se pueda allanar un despacho de un magistrado por orden de un departamento interno, eso sólo lo puede hacer la Asamblea Nacional, aclaró.

Asimismo, el exmagistrado Alberto Cigarruista lamentó el procedimiento de los magistrados, el cual ‘a todas luces’ —recalca— ‘es un irrespeto y una ilegalidad’.

También cuestionó el método y más allá de expresar si le compete o no a la Asamblea investigar, para la exmagistrada Esmeralda de Troitiño tienen que explicar ‘de qué tipo de fotomontajes estamos hablando’.