Empresarios de Sacyr y FCC investigados en España

PANAMÁ. La Audiencia Nacional española ha imputado al expresidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y al expresidente de FCC, José Mayor Oreja, cuyas empresas desarrollan actualmente las dos obras más importantes de ingeniería en Panamá: la ampliación del Canal y el Metro, respectivamente, la acusación de haber cometido el delito de pago de comisiones ilegales a cambio de obtener contratos públicos.

Según reportes de medios españoles, ellos y 13 empresarios más aparecen en la lista de donantes ocultos del extesorero del partido, Luis Bárcenas. Todos ellos están citados a declarar ante la Audiencia Nacional de España este mes, después de que se descubriera que Bárcenas había desviado $50 millones a cuentas en Suiza a través de sociedades de papel con sede en Panamá.

El empresario de la construcción que dirigía Sacyr cuando el gobierno panameño le otorgó la subcontratación para las obras del tercer juego de esclusas de la ampliación del Canal, Luis del Rivero, está acusado del pago de $493,000 en comisiones ilegales a las cuentas que gestionaba Bárcenas, mientras que José Mayor Oreja, destituido como presidente de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) al saltar el escándalo hace tan sólo unos días, habría pagado $214,000 al extesorero. Esta última es la empresa encargada de las obras de construcción del Metro de Panamá desde 2010.

El juez advirtió también que el Partido Popular (PP), actualmente en el gobierno, podría resultar responsable civil del trasiego de donativos al haberse beneficiado ‘gratuitamente’ del delito. En ese caso, el PP tendría que pagar ‘en la cuantía de su participación’.

Es el último giro del caso Bárcenas, semanas después de que la Audiencia Nacional recibiera una querella presentada por el segundo partido de oposición, Izquierda Unida, en la que se señala que los hechos ‘que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal’, según dicta la sentencia.

El juez Ruz tomó las riendas de la investigación tras recibir un informe de la policía que vincula los documentos del extesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, con la trama Gürtel, que envuelve el otro gran escándalo de corrupción que azota al PP español.

QUERELLA JUDICIAL

El pago de Luis del Rivero al PP figura en las cuentas de Bárcenas en tres ocasiones. La última de ellas es el 14 de diciembre de 2007, con un pago de $260,000 que se realiza sólo unos meses antes de que Sacyr presentara su propuesta para las obras de ampliación del Canal a la baja, una apuesta que en Europa habría sido descalificada por considerarse ‘baja temeraria’.

Los otros dos pagos que el empresario realiza en septiembre de 2004 y noviembre de 2006 se corresponden con la adjudicación de contratos de obras públicas en España. Sin embargo, los pagos de 2007 no tienen correlación en España. El 8 de julio de 2009, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) que conforma Sacyr gana la adjudicación de las obras por valor de $4,052 millones.

Lo mismo sucede con los dos pagos que realiza FCC en 2008 de $117,000 y $97,000, para los que no se encuentra una correlación en el Boletín Oficial español. FCC mantiene el segundo mayor contrato con el gobierno de Panamá, la construcción del metro, por valor de $1,446 millones, además de la excavación para la salida de la ampliación del Canal hacia el Pacífico por $267.8 millones y otras obras.

La querella presentada por la oposición, según se reportó en España, atribuye a los empresarios delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

‘Todo apunta a que estaríamos ante una práctica sistemática, organizada y coordinada, incrustada desde hace años en el núcleo de la más alta dirección del Partido Popular convirtiendo a dicho partido político en un instrumento y en una estructura de vocación delictiva que, además, por su control mediato de los distintos resortes del poder del Estado, permitiría asegurar a los responsables de dichas actividades delictivas altos niveles de impunidad’, reza la denuncia.

UNA LEY A MEDIDA

Sacyr Vallehermoso tiene proyectos en el exterior por $5,100 millones, en contraposición a los $1,473 del mercado doméstico, y Panamá es su cuarto mayor mercado. Por su parte, FCC cuenta con una cartera en el extranjero un 13% superior a las obras por acometer en España y que alcanza los $6,567 millones.

En 2009, David Taguas, antiguo responsable de la Oficina Económica del Presidente en Moncloa y actual gerente de Seopán, la pa tronal de las grandes constructoras, desmintió haber presionado al gobierno panameño en favor de Sacyr.

Pero en su lugar, reconoció que ‘el objetivo era claro: los panameños querían desyanquizar el Canal, porque todo allí es estadounidense, dando la obra a una empresa europea, y las españolas son las mejores. Su carta para presionarnos era que España seguía teniendo a Panamá en la black list de los paraísos fiscales. Para remover ese obstáculo me he empleado a fondo. Al final, se ha conocido la adjudicación sin que el tema se haya resuelto, aunque con Panamá en una dark list desde la cumbre de Londres del G-20. Y todo esto con incontables viajes, llamadas y contactos, que me han permitido conocer a todo el mundo en Panamá’, según reveló al periódico El Confidencial.

En octubre del año siguiente, Panamá firmaba con España el convenio de doble imposición. Eso significaba que Panamá dejaba de considerarse paraíso fiscal y las empresas presentes en el país estarían exentas de tributar sus beneficios evitando un doble pago fiscal.

Las empresas españolas que generan ingresos en el país se pueden acoger al régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, que les libera de pagar impuestos en España. En teoría, presupone que ya han pagado en origen y por eso no deben volver, aunque en la práctica Panamá ha seguido sin cobrarles o cobrándoles un porcentaje mínimo.