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- 09/06/2013 02:00
PANAMÁ. En menos de un mes llegaron todas, casi al mismo tiempo Harry Diaz, Magistrado vicepresidente de la Corte Suprema se convirtió en el objetivo de seis demandas legales.
La comunidad jurídica no sale de su asombro, pues de momento parecía que la calma se apoderaba de los niveles más altos del Órgano Judicial, no obstante el sexteto de recursos de pronto encienden las alarmas.
Cinco de las demandas reclaman que el nombramiento de Diaz fue inconstitucional, y atacan la resolución con la que el presidente de la República, Ricardo Martinelli, lo designó.
Se trata de la Resolución de Gabinete No. 68 del 20 de abril de 2011; y además una última, la sexta, cuestiona la ratificación del cargo por parte de la Asamblea Nacional de Diputados.
TODO EN TRES SEMANAS
Las demandas llegaron entre mediados de marzo y comienzos de abril. Fueron 22 días de una andanada legal. El exprocurador Rogelio Cruz presentó dos el 18 de marzo de 2013, otras tres llegaron 11 días más tarde, el 29 de marzo. Los abogados fueron Rolando Sánchez Núñez, Yamilka Pitty y Melissa Jeanette. La última llegó también, casualmente, 11 días más tarde; el 9 de abril de 2013, a cargo del abogado Rosendo Rivera. Este último representa al presidente Ricardo Martinelli y a otros allegados al oficialismo, en casos de calumnia e injuria contra opositores y medios de comunicación.
La esencia de los recursos legales retoman un tema que allá en el 2011, cuando el presidente Martinelli tuvo que buscarle un reemplazo a José Abel Almengor en la Corte Suprema, ya se había planteado.
EL ARGUMENTO
Las demandas se sustentan en que el Consejo de Gabinete infringió el numeral 2 del artículo 203 de la Cons titución, que dice: ‘No podrá ser nombrado magistrado de la Corte Suprema quien esté ejerciendo o haya ejercido cargos con mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el período constitucional en curso’.
Tanto Diaz como el equipo de asesores del Ejecutivo negaron que hubiese algún tropiezo legal, sin embargo dos años después parece que en la comunidad jurídica no pocos piensan lo contrario.
El argumento se sustenta en que Harry Díaz aparece en 13 resoluciones de Gabinete en las que fue designado viceministro de Fi nanzas durante la administración Martinelli en mayo de 2010.
Esto, de acuerdo a la estructura orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF) y sentencias de fallos del Tribunal Contencioso Administrativo, representaría las funciones propias de un funcionario con mando y jurisdicción.
LA DECISIÓN
El asunto ha quedado en manos del el magistrado más nuevo del grupo, José Ayú Prado, quien es el ponente del caso luego que la Sala Penal de la Corte decidiera acumular las demandas de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la clave del asunto está en los tiempos que la Corte tome para resolver estos percances para Diaz. ‘Es una responsabilidad del pleno definir lo más rápido posible’, dice Esmeralda de Troitiño, exmagistrada de la alta casa de justicia. ‘Deben tener una decisión prioritaria para que no se vea afectada la imagen del sistema judicial’, añade.
Troitiño cree que los magistrados no la tienen fácil. ‘Son decisiones que a veces cuestan, pero esos son los retos del cargo’, dice.
Lo importante para ella es que el Pleno de la Corte defina la situación. ‘Tiene que resolverse. Se cuestiona la legitimidad de la actuación del hoy magistrado y no hay una certeza de la validez de esa actuación’, añade la exmagistrada.