La falta de transparencia y su influencia en el gobierno

PANAMÁ. Sus gestiones han estado manchadas por escándalos que dejan dudas, pero a la postre de los acontecimientos son revestidos por una coraza que los exime de rendir cuentas.

Este es el perfil de más de una decena de funcionarios y exfuncionarios del ‘gobierno del cambio’. Algunos han quedado sumergidos en el ostracismo y, sin dar explicaciones, salen de la esfera pública y como por arte de magia se desconoce su paradero.

LOS QUE SE FUERON

En el 2010, uno de los casos más sonados que ilustra lo expuesto fue el de la hoy exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González. Una investigación de La Estrella puso al descubierto la existencia de una telaraña de corrupción por tráfico humano en esta institución, pero la exfuncionaria se mantiene libre como el viento.

Suerte similar corrió la jefa de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte, a quien luego de realizar dudosas titulaciones de tierras se le abrió un proceso judicial del que al final del camino salió bien librada al ser sobreseída.

Quien tuvo mejor suerte, pues se le hicieron acusaciones, pero nunca se le abrió un proceso, fue el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacommo Tamburelli. A él se le vinculó con el uso de re cursos de este programa para promover aspiraciones políticas.

Tras la ola de críticas y las presiones de la sociedad civil —y de la oposición en la Asamblea Nacional que aún insiste en que Tamburelli rinda cuentas— el exfuncionario optó por cortar de raíz todo vínculo con el Gobierno. Presentó su renuncia y, como valor agregado, también abandonó la Secretaría de Cambio Democrático.

También renunciaron en medio de denuncias por supuestas irregularidades en manejos multimillonarias de fondos públicos, no investigados, los hoy exministros de Salud, Franklin Vergara; y de Obras Públicas, Federico Suárez.

RECLAMO OPOSITOR

Para el diputado José Luis Varela, en el caso de Tamburelli su renuncia al cargo no lo exonera de rendir cuentas, pues ‘se trata de millonarios fondos que se destinaron para proselitismo, lo que constituiría delito electoral’.

Desde otro bando opositor, el reclamo a los que se fueron lo hace el perredista Leandro Ávila, quien dice que se trata de la malversación de fondos públicos: ‘¡Dinero del pueblo!’ es una expresión que en el pleno de la Asamblea Nacional el diputado opositor no se cansa de repetir.

Porque —tal como lo ha venido señalando Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana— la rendición de cuentas es una obligación, un deber de todo funcionario público.

La abogada no se cansa de repetir: la falta de transparencia y rendición de cuentas afecta la calidad de los servicios públicos e impactan al Estado.

Es que para las organizaciones de la sociedad civil, la lista de los funcionarios que abandonaron sus cargos en el más profundo secreto llama la atención y preocupa, pues el tema se convierte en constante.

LOS SOBREVIVIENTES

Pero esta constante permea en aquellos funcionarios que, si bien han estado en el ojo de la tormenta por contrataciones millonarias dudosas, lejos de renunciar siguen firmes y resistiendo la ola de críticas.

Su coraza ha sido tan fuerte que hasta el presidente, Ricardo Martinelli, ha salido en su defensa, pues responsabiliza a la oposición, que intenta ‘desacreditarlo con falsas acusaciones’.

En esta lista se encuentran: el ministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, que tras develarse sobrecostos en las compras de botas, cuchillos y otros equipos, al tema parece que se le hubiese echado tierra y nadie habla de ello.

El ministro José Raúl Mulino, quien tras el cierre de una dudosa contratación con la empresa italiana Finmeccanica para la compra de radares, helicópteros y un mapa cartográfico digital, no se ha cansado de decir que ‘no hubo sobrecostos’.

En sí, los escándalos en las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad del Estado no han cesado.

Como valor agregado en este sombrío panorama, al entonces director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, tras avalar compras millonarias de armamento para la Policía Nacional, y luego de haber escenificado un altercado con su superior, el ministro Mulino, en un intento por apagar los fuegos el presidente Martinelli decide trasladarlo al viceministerio de Gobierno.

LA PUJA DE LA OPOSICIÓN

Ahora bien, en la actualidad el asunto no ha cambiado mucho. Hay un tira y jala en la Asamblea ante la negativa de muchos funcionarios a rendir cuentas.

Esto ha activado las voces de alerta. En las últimas semanas, el clamor se ha centrado en la directora del Ipacoop, Ana G. Rosas de Vallarino; el director de Aseo, Enrique Ho; y la Contralora, Gioconda de Bianchini. Los esfuerzos han sido infructuosos.

Para el diputado de CD José Muñoz, estas reclamaciones no son más que ‘un show político’, pues si la oposición tiene pruebas de algo, ‘debe presentarlas ante el Ministerio Público y dejar el circo en el pleno’.