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19 de Apr de 2021

Política

Políticos le deben al IMA por las Jumbo Tiendas

PANAMÁ. En el lenguaje del mercadeo agropecuario panameño la palabra mágica es ‘crédito’. De eso depende el productor para sacar sus hec...

PANAMÁ. En el lenguaje del mercadeo agropecuario panameño la palabra mágica es ‘crédito’. De eso depende el productor para sacar sus hectáreas de arroz, el horticultor para sus plantas, y los políticos para poner a andar las codiciadas Jumbo Tiendas, el cual creen es un motor electoral.

A éstos últimos, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha entregado entre 2011 y el 13 de septiembre último $42 millones 337 mil 310, de los cuales, paradójicamente no ha recuperado $3 millones 302 mil 135, según balances de la entidad.

La deuda, la cual el IMA redefine como ‘saldo pendiente’, salió a relucir el mes pasado, en la sustentación del presupuesto de la institución en la Asamblea Nacional.

Ese fondo, explicó el director del IMA, Julio Ábrego, en el Legislativo ‘es el crédito que se le da a la Jumbo Tienda y tiene más o menos (un rendimiento) promedio de un 10 a 12%’, tras los cuestionamientos del diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas.

Ábrego, semanas después de ese careo con diputados de la oposición, sostiene que ha habido rotación del saldo pendiente. La semana pasada, por ejemplo, se pagó poco más de medio millón de dólares a la cuenta, lo que incrementó los fondos recuperados a $39 millones 35 mil 195.

Pero la deuda sigue. Los políticos le deben al Estado.

¿QUIÉNES? ¿CÓMO?

Saber quiénes le deben al IMA, y por tanto al erario público, es una tarea titánica. La institución ha preferido reservarse los nombres para sí, según Ábrego, porque con algunos hay acuerdos de pago y la intervención de un juez ejecutor especial.

Pero los nombres se despabilan de una lista exclusiva de políticos oficialistas, que incluye alcaldes, ediles, diputados y gobernadores.

Más recientemente, el IMA abrió el compás para que los ministros, viceministros y directores nacionales tengan la potestad de ser los responsables de alguna Jumbo Tienda.

Estos políticos actúan como garantes y responsables legales, argumenta el IMA, aunque los administradores son ‘personas, no necesariamente políticas’. A ellas, agrega uno de los asesores de Ábrego, son los primeros a los que se les busca, y si no, el que sigue en lista es el político.

‘No pueden ser personas comunes y corrientes, porque luego se van y uno cómo cobra’, plantea el jefe del IMA, justificando la fórmula del programa, que hasta este mes había alcanzado 315 tiendas.

A cada tienda se les expiden créditos de hasta $10 mil, y cuyo dinamismo suele depender de la zona en la que se localice. Ese dinamismo está intrínsecamente ligado a los pagos pendientes, la deuda que el IMA no reconoce como tal, sino como crédito.

La institución matiza el asunto. Da vuelta sobre la idea de que los rojos son números que circulan y re-circulan, por lo que evita considerar que hay algún fondo irrecuperable, aún cuando se está a boca de una campaña electoral, en la cual los políticos se centran por mantenerse o llegar al poder.

El mayor porcentaje de deuda estaría en la provincia de Chiriquí, con poco menos de medio millón de dólares. Sólo en junio, el IMA regional reportó el cierre de tres tiendas, por deberle 76 mil dólares, lo que golpeó, según el director regional, José Caparroso, la liquidez en algunas zonas de la provincia como en San Lorenzo y Puerto Armuelles.

‘Pero son casos aislados’, dijo en ese entonces el funcionario.

¿PROGRAMA POLITIZADO?

Pero su carácter político se extiende más allá del mero hecho de que sólo los políticos puedan actuar como garantes de la instalación de una Jumbo Tienda.

El programa, instalado por el gobierno de Ricardo Martinelli en 2011 para bajar los precios de la comida, está harto de cuestionamientos de los opositores por sus nexos políticos. Sostienen que sólo a los oficialistas se les permite la instalación de las Jumbo Tiendas, una jugada que califican como ‘clientelista’.

De hecho en la comparecencia de Ábrego ante los diputados, José Luis Varela, del partido Panameñista, le reclamó ignorarle las llamadas y citas para la instalación de una Jumbo Tienda.

El negocio, de todos modos, explica Ábrego, no produce un margen ‘amplio’ de ganancia, por la obligación de la regulación de precios. Sólo, dice, entre el 8% y 10%, que a su vez se invierte en gastos operativos del local.

‘Algunos pierden, seguro’, justifica el funcionario.

—Entonces nadie podría vivir de una Jumbo Tienda... solo lo harían los políticos

—Cualquiera persona común que quiera venir, va a querer poner un margen alto para tener ganancias, cosas que con la Jumbo Tienda no lo va a tener.