La experiencia fallida de la acreditación universitaria

Con motivo de los intentos reales del Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), de intervenir en las políticas de la educación superior y en las Autonomías de las Universidades públicas, se ha iniciado un debate en torno al papel que debe realizar este organismo de acreditación en Panamá.

A todas luces es claro que el Meduca en lugar de poner en el centro de las preocupaciones la transformación del modelo educativo que continua en crisis ( que, en rigor, debía justificar el sentido de los cambios) se ha aprovechado de las debilidades del estado, y las incertidumbre de las políticas públicas, así como del nivel conformista de la conciencia de los Universitarios, para que de alguna manera se aceptaran las matrices implícitas en algunos disposiciones jurídicas y políticas, que les dieron forma al proceso de acreditación, actualmente en controversia.

LAS LEGISLACIONES EDUCATIVAS LEGITIMIDAD O LEGALIDAD

Desde el año 2010 el Estado Nacional ha impulsado un proceso de replanteo de la legislación en materia de educación, en cuyo contexto se han aprobado en los años 2010, 2011 y 2012 los Decretos ejecutivos no 176 del 30 de Marzo del 2011, ‘Por el cual se modifica el Decreto ejecutivo 511 del 5 de Julio del 2010 que ‘Reglamente la Ley 30 de Julio del 2006’. El Decreto Ejecutivo 511 del 5 de Julio del 2010, que ‘Crea el Sistema Nacional de evaluación y Acreditación’. Y el Decreto 949 del 28 de Octubre del 2011’. Por el cual se Reglamente el funcionamiento de Universidades e Instituciones de educación superior a Distancia’.

Acreditación y Autonomía Universitaria desafíos de la controversia.

El Meduca se propuso recuperar la rectoría del Estado para afrontar la crisis de la educación, y para ello fue desmantelando las garantías constitucionales de la autonomía; sometió a la Comisión de fiscalización de las Universidades particulares bajo los parámetros establecidos administrativamente por el Meduca, como un proceso del Coneupa, y fue incapaz de articular una propuesta integral para renovar con perspectiva histórica la idea de la educación como derecho sustantivo, sumiendo en esa circunstancias a la totalidad de las universidades. Así se avanzó contra viento y marea, alterarando uno de los objetivos políticos originales de preservar las Autonomías, que según la ley 30 en su artículo 4 ordinal 1, dispone el ‘Respeto irrestricto a la autonomía institucional’.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

La evaluación, corazón del proceso de acreditación, no aparece con transparencia como el instrumento más apropiado. Se ha obviado, que la ley ‘crea el Sistema Nacional de evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la educación superior Universitaria’. Y manifiesta el espíritu de la ley, que este órgano estará constituido entre otros por el Consejo Nacional de Evaluación y acreditación Universitaria de Panamá (CONEAUPA), y por la Comisión técnica de Fiscalización, constituida íntegramente por las Universidades públicas. Al primero se le otorga la condición de la acreditación institucional previa la auto-evaluación de los programas o carreras, la autoevaluación institucional y la Evaluación externa por los pares académicos. Al segundo organismo bajo la rectoría de la Universidad de Panamá, y en coordinación con el resto de las universidades oficiales, realizaran la fiscalización del funcionamiento de las Universidades particulares, que es una competencia exclusiva constitucional.

Así, mediante la reforma de los procesos de evaluación a la educación superior se pretendía modificar la relación corporativa entre las universidades públicas y el Estado. En ese contexto se promulga la Ley 30 de Julio del 2006’, que ‘Crea el Sistema Nacional de evaluación y Acreditación’. Las bases de estos principios se orientaban en el sentido, del fortalecimiento de la CONEAUPA, que implicó sumar la exigencia de la calidad a la afirmación de la gratuidad, el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra. El sistema de garantías que se logró establecer en la Reforma Constitucional de Panamá en 2004 preservó en toda su totalidad el artículo 99 de la Constitución política de la República de Panamá, que dispone que las Universidades públicas fiscalizaran a las Universidades particulares, por lo que el citado Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación carece de competencia constitucional para fiscalizar a la Universidades particulares. Ello es una prerrogativa del Sistema Nacional de evaluación y Acreditación, y en la cual el CONEAUPA es un organismo, con iguales disposiciones en rango, con la Comisión Técnica de Fiscalización de las Universidades particulares.

LA PANORÁMICA

Un escenario que se Complica y pone en duda el proceso: entre la dominación y la calidad.

Sin duda, el horizonte se complica. El gobierno no está dispuesto a hacer concesiones significativas para impulsar su proyecto de reformas. Más bien parece estar interesado en someter a las Universidades a un régimen espurio y atentatorio de la autonomía de las universidades públicas. En consecuencia las acciones que ha generado este proceso y que están llevando al fracaso esta primera experiencia de Acreditación se expresa en lo siguiente:

El artículo 13 de la ley 30 de 2006 que crea el CONEAUPA, y sus Decretos subsiguientes de Reglamentación le otorga atributos a un organismo, que se ha extralimitado en sus funciones y que además violentan la autonomía. El mismo carece de competencias constitucionales para la acreditación de las carreras de las Universidades públicas. Les corresponde a las Universidades la responsabilidad de realizar la auto-evaluación Institucional, y de las carreras. Posteriormente le corresponde al CONEAUPA acreditar o certificar el informe rendido por los pares externos.

Las acreditaciones otorgadas recientemente han sido producto de una matriz de dudosa transparencia elaborada con parámetros distintos para distintas universidades. En varios casos las acreditaciones no fueron discutidas ampliamente entre la comunidad académica, los Órganos de Gobierno de la Universidades, el Consejo de Rectores, ni tampoco tratadas a través de los representantes de sus organizaciones en el Consejo Directivo del CONEAUPA.

Se ha impuesto un modelo de gestión autocrático, que se han atribuido funciones de tribunales judiciales, admitiendo denuncias muchas anónimas, abriendo procesos de investigación a las Universidades.

Se han promulgado Resoluciones para fiscalizar el funcionamiento de las universidades que se han acreditado, con competencia privativa del Meduca. En ciertos casos se han sancionado las universidades por vía de criterios y parámetros poco transparentes en donde no existe legitimidad.

La ley mandata la acreditación del organismo del Coneaupa por un organismo regional. Al respecto la secretaria ejecutiva interina del Coneaupa, Mariana de McPherson, dijo que la acreditación con el CCA no debe ser en este momento. En este sentido, el Rector Tuñón de la Universidad Latina sostiene que ‘si el CCA desconoce al Coneaupa, entonces las 17 universidades acreditadas no van a tener reconocimiento internacional’, por ello la importancia de cumplir.

El presidente del Consejo de Rectores de Panamá, Gustavo García de Paredes, objetó a nombre del Consejo de Rectores la legitimidad de los Representantes de las universidades Tecnológica y Marítima porque han permitido la violación de las Autonomías de las Universidades y en el caso de la Universidad tecnológica ‘siempre votó en contra de las universidades privadas y se abstuvo de votar a favor de la acreditación de la Universidad de Panamá’. (La Prensa 15- 09- 13). Expreso asimismo no estar de acuerdo con esta designación, ya que se hizo sin el aval de los rectores, que pidieron la suspensión el proceso hasta que se corrijan las fallas que hay en el proceso.

En consecuencia estamos en un momento fundamental para que el Meduca, se pueda dar cuenta de los avances de lo que fuimos los pioneros de la evaluación en el país, y de asumir los desafíos de la calidad. Los tiempos actuales demandan una nueva forma de gobernar, bajo una relación horizontal y de respeto entre el Estado y la sociedad civil, con una actitud responsable y transparente que considere la opinión y perspectiva de la sociedad sobre las decisiones estratégicas que la afectan.

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