Ayú Prado en manos de Varela

Tres sindicatos del Canal de Panamá que acusaron a Gabriel Ayú Prado, presidente de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por supuesta agresión física y psicológica, se reunieron ayer con el administrador de la vía, Jorge Quijano.

La reunión tuvo lugar al medio día en la residencia del Administrador del Canal, en Altos de Balboa, y duró alrededor de dos horas.

Los sindicatos y la administración llegaron a un consenso.

Gustavo Ayarza, presidente del Panama Area Metal Trades Council, dijo a La Estrella de Panamá que la administración y ellos —los sindicatos— coincidieron en que hay suficientes elementos para expulsar a Ayú Prado de la Junta.

‘Tiene una incapacidad administrativa manifiesta’, afirmó Ayarza.

Agregó, además, que lo importante es analizar los mecanismos legales que los respaldan para tal fin, específicamente al artículo 116 de la Ley Orgánica de la ACP.

‘La ley establece que para proceder tiene que haber previo consenso de las partes, por eso era importante conocer la posición de la administración’, explicó.

EN MANOS DE VARELA

Siete sindicatos de un total de once apoyan la postura de destituir al actual presidente de la Junta de Relaciones Laborales.

Le corresponderá, en todo caso, al presidente electo, Juan Carlos Varela, interpretar la ley de la Autoridad , una vez que responda la carta que le enviaron el 19 de junio pasado, en la que los sindicalistas le solicitaron una reunión para explicarle el conflicto. Ellos esperan que la respuesta se dé antes de finalizar la semana.

‘Todo depende de quién interprete la ley y al presidente le corresponderá interpretarla’, afirmó.

Ayarza señaló también, que hubo dos razones por las que no acudieron a hacer la petición al actual presidente, Ricardo Martinelli. ‘Primero, la gestión de Martinelli está por terminar, y segundo, es conocido por todos los vínculos que éste tiene con Gabriel Ayú Prado’, indicó.

La reunión convocada por Quijano respondía a la solicitud de los sindicatos, por medio una carta enviada al administrador, el lunes 16 de junio.

Previamente, se decía que en la Junta de Relaciones Labores de la entidad circuló un borrador de resolución que, supuestamente, pretendía quitar la certificación a los sindicatos que se quejaron, aún cuando Quijano había advertido que se mantendría vigilante y a la espera de resultados tangibles.