25 de Feb de 2020

Política

Bancada panameñista y PRD miden fuerzas

La Corte Suprema de Justicia no se pronuncia y la sociedad civil advierte que llegó el momento de procesar a Bianchini

Bancada panameñista y PRD miden fuerzas
La bancada del PRD inició una reunión a las 5:40 de la tarde que impidió la sesión del pleno legislativo.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Panameñista, signatarios del ‘Pacto por la Gobernabilidad’, volvieron a chocar ayer por el tema de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini.

La sesión del pleno en que se debía ratificar a tres funcionarios y se esperaba la discusión de la resolución no se realizó porque los diputados del PRD se retiraron para analizar la resolución presentada por el diputado panameñista Luis Barría.

La reunión de bancada del PRD estaba programada para hoy martes, pero el diputado Leandro Ávila convocó a todos sus copartidarios a una reunión a puerta cerrada ayer mismo.

Desde que el diputado Barría presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional el borrador de la resolución que solicita a la Corte Suprema de Justicia que se procese a la funcionaria, el PRD se distanció del partido oficialista.

Ávila, jefe de la bancada legislativa del PRD, alega que están haciendo ‘lo humanamente posible para mantener la alianza’, pero reiteró que no están de acuerdo con la manera en que se planteó la resolución.

Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional, dice que lo único que existe es diferencia de criterio.

Durante toda la jornada de ayer, los diputados estuvieron en reuniones por separado y en conjunto, pero el acuerdo fue difícil de lograr. Hasta el cierre de esta edición, no se conocía de un acuerdo.

Los perredistas insisten en rechazar la propuesta de resolución que preparó el panameñismo y que se presentó durante la comparecencia de Torres de Bianchini, el pasado miércoles.

En tanto, la bancada legislativa de Cambio Democrático (CD) es un testigo mudo de las diferencias políticas entre los aliados. Mario Miller, diputado del CD, dice que no se justifica de ninguna forma la aprobación de la resolución, pues es inconstitucional.

Miller alega que su bancada ‘no quiere dádivas y lo único que buscan es coadyuvar en la gobernabilidad’.

En las redes sociales, circularon ayer versiones de voceros de la sociedad civil que alegan que si hubo una confesión pública de parte de la contralora, Gioconda de Bianchini, se le debe procesar de inmediato.

Si la propia contralora confesó que no cumplió con su deber de fiscalización, entonces lo que cabe es procesarla; la Corte Suprema, no tiene que esperar una resolución de la Asamblea, debe actuar, dijo el abogado Miguel Antonio Bernal.

El exprocurador Rogelio Cruz se suma a la solicitud, lo que hay que hacer es procesarla, indicó.

Otra que se pronunció al respecto fue Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia: ‘luego que todos escuchamos la confesión de una contralora que no fiscalizó y miró para otro lado, ahora qué sigue’, preguntó Castillo en Twitter .

La Alianza Ciudadana pedirá hoy que la Asamblea envíe un informe detallado de toda la actuación ‘negligente’ de la Contralora y de todas las denuncias que se dieron a conocer durante la comparecencia de Torres de Bianchini. Además, que el Ministerio Público abra una investigación de los sobrecostos y actos de corrupción y que la Corte Suprema de Justicia autorice el inicio de la investigación contra la contralora y ordene suspenderla provisionalmente del cargo.

SILENCIO DE LA CORTE

En medio de la polémica, la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado.

La Constitución es clara, a pesar de que es la Asamblea, el órgano del Estado al que le corresponde la designación del contralor o la contralora, la Corte es el único Órgano que puede ordenar su destitución.

En el caso de que se solicite a la Corte enjuiciar a la contralora, el proceso debe desarrollarse sobre la base de lo establecido en el Sistema Penal Acusatorio.

Los magistrados de la Corte deben designar un juez de garantías, que sería un magistrado. Lo escogen ellos mismos.

Al final del proceso, son los magistrados quienes determinarán si hubo algún delito en la actuación de la funcionaria.