El Gobierno pagó red espía paralela al Consejo de Seguridad

La aparición de grabaciones con fines políticos en las redes sociales y los medios de comunicación social son una demostración de que durante el gobierno de Ricardo Martinelli había una ‘red de espionaje paralela’ al Consejo de Seguridad que era operada por personajes claves del Estado.

Esta red, que era financiada con fondos públicos, se encargaba de subir el material grabado ilegalmente a Youtube y otras redes sociales y de enviar a los medios de comunicación las conversaciones entre políticos y otras figuras públicas, con fines al margen de la seguridad nacional.

La Estrella de Panamá conversó con un alto ejecutivo del Consejo de Seguridad, quien pidió guardar la reserva de su identidad, que corroboró esas prácticas y explicó cómo se ejecutaban durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Sus declaraciones, con la salvedad del respeto al juramento que le impide revelar información confidencial, describen de qué forma se registraron las escuchas y a dónde se destinaba n. ‘Gente que no era del Consejo de Seguriad’, dijo.

El exfuncionario explicó que el aparato de $13.4 millones utilizado para intervenir computadoras del que ha dado cuenta recientemente el Consejo de Seguridad no es el único que se compró con fondos públicos y no ingresó al inventario del Estado. ‘No se sabe dónde están’, agregó.

Según informó la fuente consultada, hay una serie aparatos y computadoras portátiles adquiridas con fondos públicos que funcionaban con un sistema de antenas que, además de intervenir conversaciones telefónicas, tenían capacidad para interceptar diálogos personales. Los aparatos podían funcionar a una distancia de entre 500 y 700 metros.

OPERACIÓN DE ESPIONAJE

Según el informante, se trataba de una serie de computadoras portátiles o ‘laptops’ que para su uso, se ubicaban en un vehículo que se desplazaba hasta localizarse a una distancia prudente del objetivo.

Con un sencillo sistema de antenas que estaba conectado a una base, desde el ‘carro espía’ se ubicaba el objetivo y se intervenían las conversaciones que podían ser en un espacio cerrado, un apartamento, una oficina en un edificio, casa, una récamara y hasta sitios públicos, como comercios y restaurantes.

Cuando se identificaba el blanco, y con la distancia adecuada, no había obstáculo que impidiera captar las conversaciones, ni cristales, ni paredes.

El sistema tenía incluso capacidad de interceptar una conversación que se diera dentro de un vehículo en el caso que éste estuviera estacionado en un lugar fijo.

La única dificultad estaba en ubicar al blanco u objetivo. Establecido el contacto, la señal era enviada a una base que se encargaba de de decodificar los datos.

Solo dos personas en cada auto eran suficientes para llevar a cabo la labor de espionaje, que completaba en la base un operador encargado de la decodificación.

Aunque se utilizaba personal del Sistema de Protección Institucional (SPI) y la Policía Nacional, los informes iban directo al despacho superior de la Presidencia de la República, que disponía del material, aseguró el informante.

CUCALÓN TAMBIÉN PINCHÓ

Los ‘pinchazos’ telefónicos también llegaron a la Dirección General de Ingresos (DGI), cuyo director de entonces, Luis Cucalón, también intervino a su crierio el teléfono de algunos de sus 130 funcionarios.

Sin embargo, en su caso, lo hizo con autorización de las autoridades correspondientes, aunque la ley circunscribe esos métodos a investigaciones solo de terrrismo, narcotráfico, secuestros o asesinatos y no se incluyen los delitos de corrupción, precisó.

Una nota de la DGI, fechada el 5 de febrero de 2013, daba cuenta de las ‘denuncias penales, por supuestos actos de corrupción’, presentadas por ese organismo.

Las denuncias penales fueron producto de las pesquisas acumuladas durante los tres años anteriores.

En el 2010 (año en que se adquirió el equipo de espionaje desaparecido), informa la DGI en la misma nota, se intervinieron las líneas telefónicas de varios funcionarios denunciados por los contribuyentes por el cobro de coimas, exoneraciones indebidas y cuentas borradas, entre otras irregularidades’. Se dijo, entonces, que se actuó con autorización de la Corte Suprema.

No se especificó el número de funcionarios ni si hubo desituciones.