Recorte de B/.37.18 millones amenaza capacidad investigativa del Ministerio Público en 2027

El recorte de B/.37.18 millones aplicado al presupuesto solicitado por el Ministerio Público (MP) para 2027 podría afectar investigaciones, atención a víctimas, contratación de personal, adquisición de vehículos y adecuación de sedes en zonas con una elevada carga de causas penales.

La institución, dirigida por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, solicitó B/.242,061,329, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de B/.204,879,132.

La diferencia comprende aproximadamente B/.28.1 millones en funcionamiento y B/.8.9 millones en inversión, según las cifras presentadas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

El ajuste ocurre mientras la entidad reporta un crecimiento de sus operaciones. Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio Público recibió 91,535 casos nuevos y participó en 145,719 audiencias. Durante 2025, además, ejecutó 20,042 diligencias de allanamiento, frente a las 14,278 realizadas en 2023.

Uno de los principales impactos estaría relacionado con la contratación de nuevos funcionarios. El presupuesto recomendado no contempla recursos para crear más de 100 posiciones solicitadas por la institución.

Estas plazas no estaban destinadas únicamente a fiscales. También incluían personal para atención a víctimas, conductores, seguridad institucional, mantenimiento, logística, mediación y tareas administrativas.

La falta de colaboradores podría aumentar la carga del personal existente y generar demoras en diligencias, análisis de expedientes, audiencias y respuestas a los ciudadanos. La institución cuenta con 6,029 funcionarios y mantiene 395 oficinas, de las cuales 243 desarrollan actividades operativas o atienden directamente al público.

Para inversión, el Ministerio Público solicitó aproximadamente B/.10.6 millones, pero recibió una recomendación cercana a B/.1.6 millones.

Dentro de este apartado, pidió B/.1.5 millones para tecnología, mientras que la recomendación fue de B/.500 mil. La reducción podría limitar la renovación de servidores, sistemas de almacenamiento, equipos de vigilancia y herramientas utilizadas para proteger información sensible de las investigaciones.

La movilidad operativa también resultaría comprometida. El MP solicitó B/.5.1 millones para renovar su flota vehicular, pero el presupuesto recomendado no asignó fondos para ese propósito.

La entidad advirtió que mantiene automóviles con más de 10 años de uso y recorridos superiores a 200 mil kilómetros. Estos vehículos son utilizados en investigaciones, rescates de víctimas, inspecciones y desplazamientos hacia provincias, zonas rurales y comarcas.

La adecuación de la sede del Ministerio Público en San Miguelito es otro de los proyectos comprometidos. La institución solicitó B/.1.5 millones, pero recibiría solamente B/.300 mil.

Esta regional mantiene 10,565 causas activas y funciona en una infraestructura diseñada para el antiguo sistema mixto, no para las exigencias del Sistema Penal Acusatorio.

Para la sede subregional de Arraiján, la entidad solicitó B/.1.4 millones, pero la recomendación fue de B/.500 mil. La limitación podría obligar a posponer adecuaciones, reducir el alcance de las obras o mantener espacios insuficientes para funcionarios y usuarios.

Las restricciones también alcanzan al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), responsable de elaborar pruebas científicas esenciales para las investigaciones penales.

El instituto solicitó B/.3 millones para inversión, pero el MEF recomendó apenas B/.849,080, dejando una diferencia de B/.2,150,920.

La reducción podría afectar la compra de equipos de laboratorio, sistemas informáticos, herramientas de identificación balística e insumos utilizados por los peritos en inspecciones, necropsias y análisis de escenas del crimen.

Hasta el 31 de julio de 2026, el IMELCF había realizado 94,479 servicios periciales. Además de atender procesos penales, participa en asuntos civiles, pruebas de filiación y requerimientos de jueces de cumplimiento.

En funcionamiento, la entidad solicitó B/.83.1 millones, pero recibió una recomendación de B/.76.6 millones, una diferencia superior a B/.6.4 millones concentrada principalmente en servicios personales.

Aunque los recortes no implican una paralización inmediata, podrían obligar al Ministerio Público y al IMELCF a aplazar proyectos, limitar contrataciones y trabajar con equipos e infraestructuras insuficientes. Las consecuencias podrían reflejarse en demoras para investigar delitos, procesar evidencias científicas y brindar respuestas oportunas a las víctimas.