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- 16/09/2026 00:00
La directora de la institución, Sheyla Castillo de Arias, sustentó la vista presupuestaria de la entidad. Durante su comparencia habló de las limitaciones legales que tiene para algunas investigaciones y de las sanciones aplicadas
Las investigaciones por casos de nepotismo que realiza la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no alcanzan a la Asamblea Nacional.
La directora de la Antai, Sheyla Castillo de Arias, reconoció que no tiene competencia para investigar posibles casos de nepotismo en la Asamblea Nacional.
Las declaraciones de Castillo de Arias se dieron durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea para sustentar el presupuesto de la entidad para el próximo año, que asciende a $3,015,544.
El diputado Luis Duke aprovechó la comparecencia de Castillo para cuestionar que en el Legislativo existen miembros que presuntamente mantienen nombrados a hermanos, madres, sobrinos y otros familiares.
“¿Qué pasa? Me gustaría saber si usted tiene alguna competencia para poder accionar con respecto a esto?”, preguntó el diputado.
“La respuesta es la que le di anteriormente: no alcanza mi competencia para la Asamblea Legislativa”, contestó la directora de la Antai.
Castillo de Arias fundamentó su posición en el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que nadie puede ser juzgado sino por una autoridad competente y conforme a los trámites legales.
Explicó que un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de agosto de 2021 impide a la Antai sancionar a la Asamblea por incumplimientos relacionados con la publicación de información bajo la Ley 6 de Transparencia.
Según relató, la institución intentó actuar contra el Legislativo por la falta de divulgación de información, pero la Corte determinó que no tenía competencia sobre otro órgano del Estado.
Ante la pregunta de Duke sobre quién puede fiscalizar a la Asamblea en estos casos, la directora respondió que corresponde a la Corte Suprema de Justicia.
La funcionaria entregó al diputado una copia de la decisión para que analizara su alcance.
Aunque el fallo citado estaba relacionado con obligaciones de transparencia, Castillo de Arias utilizó el principio de competencia legal para explicar por qué la entidad tampoco puede iniciar investigaciones contra diputados por presunto nepotismo.
El diputado Duke aseguró que su intención no era atacar a la Asamblea, sino promover cambios que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía.
“Yo busco que esta Asamblea pueda cambiar, que pueda ser distinta y devolverle la confianza a la gente con hechos, no palabras”, expresó.
El diputado sostuvo que dentro del Legislativo se han observado presuntos nombramientos de familiares de diputados, pero no identificó durante esta intervención a los parlamentarios ni presentó casos específicos.
También relacionó la discusión con la reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que incluye disposiciones para enfrentar el nepotismo y otras irregularidades administrativas.
Según Duke, la iniciativa se encuentra pendiente de sanción o veto presidencial.
“La institucionalidad se cuida con coherencia, fortaleciendo los procesos, siendo más transparentes y rindiendo cuentas”, afirmó.
Castillo de Arias explicó que la posibilidad de investigar faltas o delitos cometidos por altos funcionarios está distribuida entre diferentes instancias.
Indicó que la Antai tampoco tiene competencia directa sobre el presidente de la República. En ese caso, señaló que la responsabilidad corresponde a la Asamblea Nacional.
Añadió que el pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene competencia sobre miembros del Legislativo, ministros de Estado, procuradores, el contralor general y otras altas autoridades. Para viceministros, directores, gerentes de entidades autónomas y agentes diplomáticos, mencionó a la Sala Segunda de lo Penal.
La directora también presentó un fallo del 2 de octubre de 2023, relacionado con una investigación preliminar que el entonces procurador de la Administración intentó iniciar contra el antiguo director de Descentralización por presuntas faltas éticas.
De acuerdo con su explicación, la Corte determinó que la Procuraduría no era la autoridad competente para desarrollar esa investigación. Castillo de Arias utilizó ese antecedente para insistir en que ninguna entidad puede abrir un proceso contra un funcionario si la ley no le concede expresamente esa facultad.
Castillo de Arias también se refirió a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y a las sanciones que se han aplicado durante estos dos años de gestión.
Dijo que se han impuesto alrededor de 15 sanciones por conflictos de intereses, entre ellas, casos relacionados con vínculos personales, familiares y económicos dentro de instituciones públicas.
A la directora también se le cuestionó sobre las declaraciones juradas que están obligados a presentar algunos funcionarios. Reconoció que existen restricciones legales para cruzar la información presentada por los servidores públicos con bases de datos de otras instituciones.
La directora sostuvo que la Antai necesita cambios legislativos para comprobar con mayor profundidad la información consignada en las declaraciones juradas de intereses particulares.
Explicó que la institución recibe estos documentos bajo el principio de buena fe, pero no siempre puede acceder a los registros necesarios para identificar relaciones empresariales, familiares o económicas.
Dijo que la Unachi es la única institución pública que no ha cumplido el 100 % de las recomendaciones emitidas por la Antai.
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