La Asamblea, en entredicho por Benavides

El affaire Benavides ha roto la armonía en la Comisión de Credenciales de la Asamblea: una facción de los diputados apuesta por sacarle el cuerpo a su presidente, Luis Barría, quien adelantó su intención de aplazar la discusión de la demanda contra el magistrado Víctor Benavides por supuesta venta de fallos y pedofilia, y la puso a la cola de 56 procesos.

‘Es un error no analizar la denuncia inmediatamente', advirtió la independiente Ana Matilde Gómez.

Si bien Gómez es la que habla con más firmeza sobre el tema, para los diputados perredistas Leandro Ávila y Elías Castillo, la posición de Barría no es más que una opinión que tendrá que someterse a la voluntad del resto de la Comisión.

‘Barría no es el que manda en la Comisión, él solo dirige', apuntó la opositora Marilyn Vallarino. Los diputados, de todos modos, caminan de puntillas sobre el asunto, pero todavía hay mucha tela que cortar. El presidente de Credenciales no ha trasladado copia de la denuncia contra Benavides al resto de sus compañeros de comisión, que ahora piden una reunión para evaluar el tema.

Ayer, el grupo M-10 presentó ante la Asamblea Nacional una nueva queja penal contra el magistrado, porque, inspirados en las revelaciones de comercio de decisiones judiciales, creen que lo mismo ocurrió con un fallo que validó la construcción de la polémica hidroeléctrica Barro Blanco, en el río Tabasará, en septiembre pasado.

DEBATE INTERNO

Barría planteó que antes de ver el expediente por venta de fallos contra Benavides sería pertinente estudiar otros 55 casos contra jueces, acumulados a lo largo de una década.

‘Nosotros quedamos en eso', validó Vallarino, flanqueada por su colega perredista Zulay Rodríguez, quien confesó haber recomendado a Barría la repartición de los expedientes entre todos los diputados de la Comisión.

Sin embargo, desde afuera, los analistas creen que Barría intenta ‘ganar tiempo', aunque no aciertan en el para qué.

‘Es evidente que hay razones políticas', insiste Menalco Solís, al comparar la disposición que hubo en octubre con el enriquecimiento ilícito de Alejandro Moncada Luna, y ahora. Entre los grupos de la sociedad organizada dilucidan entre si será el cansancio de la Comisión tras el caso Moncada Luna o lo de siempre, que no hay interés de investigar a otro magistrado, por un ‘tácito' pacto de protección con la Corte.

Esta última idea se perfilaba ayer con fuerza, tomando en cuenta que, en bloque, la Corte decidió esta semana archivar una denuncia contra Barría, acusado de extorsión y corrupción a su paso por el Registro Público (entre 2009 y 2011).

El 8 de abril, el magistrado Hernán de León propuso un proyecto de fallo que admitía una queja presentada en 2012 por el empresario Ernesto Águila, y de manera colegiada, sus compañeros —Benavides entre ellos— la rechazaron y ordenaron a Abel Zamorano una nueva vista, que fue archivada. Seis de los jueces principales y tres suplentes la aplaudieron.

José Ayú Prado, presidente de la Corte, reniega de que haya un acuerdo de facto con los diputados para no investigarse mutuamente y, aduciendo que no le toca a él dar la cara por nadie, conminó a la prensa a redirigir sus preguntas a Benavides.

‘Aquí no hay nadie por encima de la ley', argüía ayer, minutos después de que, en un acto público, el magistrado Benavides saliera de prisa por la puerta trasera de un salón del hotel El Panamá, para evadir a los periodistas y sin pronunciar palabra.

Barría, reconocido entre sus colegas por, justamente, impulsar el rechazo a la ley antiblindaje de diputados, convocará el lunes una reunión para debatir sobre los expedientes en agenda.

==========

Guillermo Márquez Amado

‘ Es evidente que entre la Corte y los diputados se tapan unos a los otros',

EXMAGISTRADO ELECTORAL