“Minseg debía fiscalizar el contrato de los 19 radares, no el Gabinete”

‘En una hora, los ministros no se podían convertir en expertos en temas como el de los radares. Por eso se le dio el voto de confianza al ministro del ramo (el de Seguridad, José Raúl Mulino), para que hiciera su trabajo'.

Con ese razonamiento, el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu ha contrarrestado el argumento de su excolega de Seguridad Pública (Minseg) José Raúl Mulino, quien en el intento de sacudirse del escándalo por la compra de 19 radares defectuosos, por $125 millones, ha echado culpa al gabinete Martinelli entero.

Papadimitriu rindió ayer declaración jurada ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el escándalo, vinculado a los negociados del coloso italiano Finmeccanica en Panamá. Esa misma oficina del Ministerio Público decidió, a finales de octubre, detener a Mulino en la Dirección de Investigación Judicial.

‘El Gabinete autoriza hacer cosas, pero le toca al ministro que se le ha dado la responsabilidad ejecutar lo que se ha permitido', insistió Papadimitriu a La Estrella de Panamá .

La fiscal Zuleyka Moore citó al exjefe de la cartera de Presidencia como testigo, por haber fungido hasta 2012 como secretario del Gabinete.

En ese período, el grupo de ministros dio luz verde al contrato que sustentó la compra de los equipos para espiar a los narcotraficantes, los mismos que, según han admitido funcionarios del Servicio Aeronaval, adscrito al Minseg, no lograron en sus primeros doce meses capturar a ninguno de sus objetivos.

Los equipos apenas ubicaban lanchas que viajan a 11 millas náuticas, y no a 20, como lo establecía el acuerdo con Selex.

LAS REVELACIONES

Papadimitriu fue entrevistado por seis horas. En la diligencia estuvieron presentes, además de la fiscal, el abogado Ramsés Barrera (exsecretario del Ministerio Público y hoy abogado de Mulino), así como Cristóbal Arboleda, el defensor de Alejandro Garuz, exsecretario del Consejo de Seguridad.

Garuz ha reconocido que tanto él como Mulino firmaron los documentos de aceptación de los radares instalados en 2012, porque creían entonces que las máquinas estaban correctas.

Mulino y Garuz han sido imputados por, supuestamente, haber saldado poco más de $62 millones del contrato sin haber verificado que el proyecto no era viable. Los radares han sido desarmados y el contrato, según aprobó la propia Corte Suprema, fue suspendido.

El exministro Mulino ha pedido a la Fiscalía considerar culpables solidariamente a los ministros que acordaron en 2010 que se firmase el contrato entre el Estado y Finmeccanica, a través de su filial Selex.

Mulino también hizo responsable a los exministros Alberto Vallarino y Mahesh Kemlani, así como a Dulcidio De La Guardia, por haber autorizado los desembolsos a Finmeccanica.

‘Una cosa es la autorización para que se firme el contrato, y otra es el acuerdo en sí. El contrato de los 19 radares ya conllevaba una mayor fiscalización de parte del ministerio y no del Gabinete', rebatió Papadimitriu.

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‘El Gabinete autoriza, pero toca al ministro que se le ha dado la responsabilidad de ejecutar lo que se ha permitido',

DEMETRIO PAPADIMITRIU

EXMINISTRO DE LA PRESIDENCIA