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30 de Mar de 2020

Política

Harry Díaz pide evaluar su separación del caso Cobranzas del Istmo

Harry Díaz solicita que se examine declararlo impedido para actuar en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz solicitó al pleno que se evalué si es viable que se le separe de la investigación que se le adelanta al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por supuestamente haberse beneficiado de los dineros de Cobranzas del Istmo, S.A., considerando que fue parte de la comisión que aprobó los requisitos previos para que la recaudadora de impuestos fuera contratada por el Gobierno Nacional.

COBRANZAS EN LA CORTE

  • Los magistrados Abel Zamorano y Harry Díaz están a cargo del caso
  • En mayo de 2015, La Fiscalia Anticorrupción compulsó copias del expediente por delitos contra la administración en las gestiones de CISA.
  • En septiembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia admite investigar a Ricardo Martinelli, por este caso.

En una solicitud de impedimiento presentada ayer 13 de julio de 2016, Díaz hace referencias a extractos de una publicación del día anterior de La Estrella de Panamá en los que se que cuestiona el papel del magistrado en el proceso contra el expresidente, y en las que se que advierte que el juez debe declararse impedido para actuar en el caso.

Sin embargo, en el documento, Díaz nunca reconoce un conflicto de intereses. Por el contrario, asegura que cuando fue designado juez de garantías del proceso nunca percibió como un impedimiento legal sus actuaciones como servidor público del Ministerio de Economía y Finanzas.

‘Desde mi punto de vista, no se materializa ninguna de las causales de impedimento del artículo 53 del Código de Procedimiento Penal', que establece que el juez de garantías debería declararse impedido cuando exista parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre alguna de las partes.

El referido artículo señala que puede ser una causa de impedimento haber participado durante la formación del acto que originó la investigación. En este punto, Díaz hace un alto para revisar sus funciones pasadas, asegura que el equipo evaluador del que formó parte debía examinar únicamente si los interesados cumplían o no con la presentación de la documentación mínima exigida para su posible contratación.

En el documento planteó que hay tres fases en la contratación de la empresa: la precalificatoria (comisión evaluadora), la contractual con la Dirección General de Ingresos, y la post contractual o ejecutoria del contrato. ‘Mi participación fue en la precalificadora y los hechos por los cuales se investiga a la empresa ocurren en la ejecución del contrato'... ‘No tengo impedimento, ni interés particular en los procesos seguidos al diputado Ricardo Martinelli', añade el juez.

Concluye la nota señalando que con el fin de preservar la transparencia, objetividad e imparcialidad que deben imperar en la administración de justicia, ‘solicito que se examine lo expuesto y se determine lo concerniente a su inhabilitación para continuar en el proceso como juez de garantías de esta causa, en un término de dos días'.

En el 2010, Cobranzas del Istmo fue contratada para recuperar impuestos morosos. Cuatro años después, una auditoría revelaría una lesión patrimonial de $29 millones producto de las comisiones que se ganó la empresa.

Cristóbal Salerno, propietario de la empresa y antiguo socio del exdirector de ingresos, Luis Cucalón, reveló que hubo funcionarios que se vieron beneficiados con las comisiones que ganó la empresa. Ricardo Martinelli recibió $2.4 millones y el exdirector de Ingresos Luis Cucalón otros $6.8 millones, señala un documento legal al que tuvo acceso este medio.

Las declaraciones de Salerno dieron paso a la apertura de un proceso al expresidente en la Corte Suprema, por delito contra la administración pública, en perjuicio del MEF.

En mayo de 2015, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción compulsó copias del expediente a la Corte. En septiembre de 2015 la causa fue admitida por la Corte Suprema, y se nombró a Abel Zamorano como fiscal de la causa y a Harry Díaz, como juez de garantías.

El proceso estuvo estancado hasta febrero de 2016, cuando se rechazó un recurso de la defensa que pedía anular la admisión de la denuncia. En este proceso, Abel Zamorano funge como magistrado fiscal.

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LUIS CUCALÓN

Corte admite amparo de garantías

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo de garantías al exdirector de ingresos, Luis Cucalón, en el que solicita se revoque la prórroga de cuatro meses que se le concedió a la Fiscalía Primera Anticorrupción para continuar las investigaciones por las supuestas irregularidades en el cobro de comisiones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.

La resolución del 22 de junio del presente año revoca una decisión del Segundo Tribunal de Justicia que señaló que no procedía el amparo de garantías.

La decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia suspende todas las pruebas y actuaciones de la funcionaria de instrucción a partir del 29 de julio de 2015.

Cucalón es el único detenido preventivamente en el caso de Cobranzas de Istmo, una empresa que fue contratada para recuperar impuestos morosos.

El Juzgado Primero de lo Penal fijó para el 12 de septiembre la audiencia preliminar de este proceso, en el que, además, de Cucalón está vinculado el propietario de la empresa Cristóbal Salerno y la gerente Magaly Ramos.

A Cucalón se le acusa de haber obtenido $6.8 millones de la recaudadora.