Depuración, la alternativa ante penetración del narcotráfico

A solo cinco meses de su creación, el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA) ha entregado resultados de su trabajo. Con la información recabada por el equipo elite, el Ministerio Público ha detenido hasta seis funcionarios y agentes de la ley por su presunta vinculación con el narcotráfico.

Esta aparente buena noticia ha causado también alarma. ¿Cómo se explica que quienes deben contribuir a combatir la delincuencia son protagonistas de ella?

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En los operativos antidrogas realizados este fin de semana en varios puntos de la capital, terminaron arrestados, por su presunta vinculación con una importante banda de narcotraficantes, un subcomisionado, un subteniente y un capitán de la Policía Nacional (PN).

El 2 de septiembre, fue detenido, además, el comisionado Gregorio Alvarado, también por su supuesta vinculación con una banda delincuencial. En esa operación también fue capturado Gregg Alvarado, su hijo, vinculado a los mismos hechos.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada ordenó la detención preventiva y la separación del cargo del comisionado.

Dos días antes, el 31 de agosto, en una operación antidrogas, fue arrestado el subteniente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) Francisco Salazar.

Ante este panorama, Rolando Mirones, exdirector de la PN, considera que se deben fortalecer los controles internos en los estamentos de seguridad, para detectar a quienes podrían convertirse en potenciales delincuentes.

El exfuncionario que ante la gravedad de la situación, hay que tomar ‘medidas oportunas para evitar situaciones complejas'.

‘Si cometen actos de indisciplina, de falta de compromiso con el trabajo; si no pasan sus exámenes de ascensos... esas son señales tempranas que indican que no son las personas adecuadas para hacer el trabajo, y hay que sacarlos de la institución', señaló Mirones, quien abogó por dar la confianza de atender la seguridad del Estado a individuos capacitados y comprometidos.

Ebrahim Asvat —primer director civil de la Policía entre 1990 y 1992— indicó, por su parte, que la infiltración del narcotráfico en la política y en los estamentos de seguridad es un hecho irrefutable. ‘En Panamá se rumoraba esa desde hace más de quince años, que había unidades de la Policía infiltradas en el narcotráfico', dijo.

Asvat, sin embargo, reconoció la labor de los estamentos que capturaron a los oficiales. ‘Es encomiable que la institución tenga la capacidad de depurarse a sí misma y dar a conocer los casos para que sean ventilados en los tribunales de justicia', afirma.

Mirones piensa igual. ‘El problema serio hubiera sido que esa gente estuviera delinquiendo y la Policía no se hubiera enterado. Queda claro que no se está permite este tipo de actitud'. resaltó.

En el pasado, el Órgano Ejecutivo creyó que mejorar los salarios a los agentes policiales reduciría la tentación de formar parte del crimen organizado y aceptar la corrupción. Con esta premisa, en siete años un agente raso pasó de ganar $390 a $790 mensuales.

El expresidente Ricardo Martinelli (2009 - 2014) sostenía que los uniformados debían tener una mejor calidad de vida. En su periodo otorgó tres aumentos de $100 a los agentes para motivarlos a combatir la delincuencia y reducir el riesgo de caer en prácticas contrarias a los principios de la institución de la que son miembros.

En diciembre de 2012, Martinelli también aumentó los viáticos a los directivos de la Fuerza Pública hasta $1,750, según la resolución 2292 del 4 de diciembre de 2012.

Los aumentos a los policías no terminaron con el gobierno de Martinelli. El presidente Juan Carlos Varela mantuvo la misma política y en dos años de gobierno ha aprobado un aumento de $100 y contempla otro para 2017.

Una propuesta a la que tuvo acceso este medio indica que habría un incremento de $1,600 para el rango de comisionado, $1000 para los subcomisionados, $540 para los mayores y $520 para capitanes. Desde el rango de teniente hacia abajo, el Estado desembolsará entre $40 y $75, según el escalafón.

El monto mensual que representará para la planilla estatal este desembolso equivale a $1.5 millones. Al año, serán más de $17 millones en planilla de esta fuerza pública, compuesta por unas 20 mil unidades.

‘No es suficiente el tema de aumento de salario. Hace falta mayor esfuerzo en la selección y capacitación de quienes se han de encargar de la seguridad del país', considera el abogado Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Mirones respalda la tesis de Lee. ‘No es tema de salario, porque el narcotráfico puede duplicarlos', asegura.

Lee agregó que la corrupción se ha infiltrado en todos los estratos de la sociedad, ‘el trabajo para combatirla no puede ser solo un tema salarial. Requiere de una política de Estado, mucho más integral, con seguimiento y monitoreo permanente'.

Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, sostiene que no cualquiera puede desempeñarse como miembro de la Policía, de quienes la sociedad requiere mayor compromiso. ‘Hay que revisar si las personas que ingresan a las filas de la Policía lo hacen por vocación. La seguridad del país está en sus manos', subraya Araúz.

El abogado Miguel Antonio Bernal recuerda que Colombia ‘se dañó cuando los narcotraficantes se infiltraron en el ejército, la policía, el Órgano Judicial, el Legislativo y hasta en el Ejecutivo'.

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ANTECEDENTES

El narcotráfico y la institución que lo combate desde la seguridad del Estado

- El narcotráfico ha estado latente en los estamentos de seguridad en el gobierno de Juan Carlos Varela, según dos recientes situaciones que el mismo gobernante ha sacado a la luz.

- En enero de este año, el mandatario se reunió con el presidente del Órgano Legislativo, Rubén de León, para expresar su preocupación por los casos de dos asesores de diputados vinculados en casos de drogas.

- Más allá de la alerta, Varela envió un mensaje directo a cualquier funcionario que estuviese involucrado en este tipo de actividades ilegales. ‘Cero tolerancia' ha dicho Varela, en al menos tres ocasiones.

- Siete meses después, en julio, el presidente confirmó que había recibido amenazas de uno de los 25 supuestos narcotraficantes liberados por el Juzgado Cuarto de lo Penal.

- ‘Yo no voy a aceptar eso. Entonces, me toca, como jefe de Estado, compartir con el pueblo y con las autoridades competentes esta situación', dijo el mandatario en una publicación que recogió La Estrella de Panamá , en su edición del 7 de julio de 2016.

- Alegando ‘equivocación procesal', en una solicitud de intervención telefónica el 28 de junio, la jueza encargada Yoideth Chirú anuló un expediente que instruía la Fiscalía Primera de Drogas, contra 25 personas, entre panameños, hondureños y mexicanos, que supuestamente tenían a Panamá como centro de distribución de droga para los mercados de Estados Unidos.

- En medio de estas dos situaciones, el Órgano Ejecutivo creó, mediante el Decreto Ejecutivo N°209, del 5 de abril de 2016, el Grupo Interinstitucional Anticorrupción (GIA), para encargarse de contrarrestar los actos de corrupción y delincuencia organizada en los estamentos de seguridad nacional.

- El GIA está integrado por miembros de la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio de Protección Interinstitucional (SPI), el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Nacional de Aduanas.

- A cargo del nuevo equipo, adscrito al Consejo de Seguridad, al que rinde informe directo, se nombró un oficial de la Fuerza Pública, con el cargo de comisionado.

- Sus integrantes no podrán estar inscritos en ningún partido político ni tener señalamientos con actos de corrupción ni relación con el crimen organizado, reza la norma.

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RESULTADO DE OPERATIVOS

Entre el viernes 2 y el domingo 4 de septiembre, cinco oficiales de la Policía han sido arrestados.

El viernes 2 de septiembre, el GIA capturó al comisionado Gregorio Alvarado López.

El 31 de agosto, en una operación contra el narcotráfico, fue capturado el subteniente Francisco Alvarado.