La Asamblea Nacional no logra avanzar con el proyecto 245

El proyecto de ley 245, que establece el proceso para la colaboración eficaz o delación premiada dentro del sistema mixto o inquisitivo no avanza en la Asamblea Nacional. Mientras, el Consejo de Gabinete analizará hoy la querella en contra de la empresa Odebrecht.

La ausencia de los proponentes del proyecto de ley —Órgano Judicial y el Ministerio Público— llevó a que el diputado Miguel Fanovich suspendiera el debate, pues el mismo realizó cinco preguntas sobre el documento y como los funcionarios del Judicial no estaban presentes, el presidente de la Asamblea Rubén De León otorgó un receso.

‘De no resolver las preguntas no sería viable aprobar el proyecto en este momento', indicó el diputado.

Por otro lado, no se descarta que el proyecto de ley pueda debatirse en bloques.

El vicepresidente del Órgano Legislativo, Luis Eduardo Quirós, detalló que fue presentada ante el pleno una propuesta para que la iniciativa se segmente, lo que permitiría la oportunidad de desahogar los aspectos más sencillos primero y dejar los temas más complejos para el final, en este caso el de la delación premiada.

El diputado del Partido Panameñista Jorge Alberto Rosas asegura que quienes están entorpeciendo el avance del proyecto de ley no quiere que se conozcan los nombres de los funcionarios que recibieron sobornos en el caso contra la constructora brasileña..

¿SE PUEDE APLICAR EN EL SISTEMA INQUISITIVO?

El magistrado de la Corte Su prema de Justicia, José Ayú Prado, al presentar el proyecto de ley en la Asamblea Nacional en septiembre de 2015, sostuvo que un punto a considerar para agilizar las causas penales es el de hacer operativo en todo el país lo previsto en el artículo 220 del Código Procesal Penal que permite la celebración de acuerdos entre el imputado y el Ministerio Público.

‘Hasta la fecha —destacó Ayú Prado en 2015— esta norma del Código, a pesar de que forma parte de los artículos del Código Procesal con aplicación en todos los procesos penales, no está siendo utilizado de manera general porque se está interpretando que el mismo implica la intervención de un juez de garantías, figura todavía inexistente en el Primer y Tercer Distrito Judicial en ese año'.

El abogado Ángel Álvarez sostiene que el artículo 220 del Código Procesal Penal, que establece el mecanismo de acuerdos de penas, está vigente en todo el país desde 2011, tal como se estableció en el artículo 557 de la misma norma.

Además, señala, el texto es aplicable tanto para los procesos inquisitivos como los acusatorios y así lo hace saber el magistrado Ayú Prado en su exposición de motivos, cuando presentó el documento ante la Asamblea, cuando aún no se había aplicado el Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Panamá.

El nuevo sistema de justicia se implantó en la provincia de Panamá en septiembre de 2016.

El presidente encargado del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, explica, por su parte, que todos los principios del Sistema Procesal Penal son aplicables al sistema inquisitivo, pero las normas que incorporan a jueces de cumplimiento y garantías no se pueden aplicar en el sistema inquisitivo. En el Sistema Procesal Penal, insiste, se habla de figuras inexistentes en el sistema inquisitivo.

En el sistema mixto, o inquisitivo, un proceso puede durar años solo por el hecho de la gran cantidad de expedientes pendientes de tramitación. En el Sistema Penal Acusatorio todo se debate y discute en el acto, apuntó.

‘Lo ideal para el país es que dejen de existir dos sistemas procesales y que las normas del SPA sean las que absorban todo los procedimientos', destacó el presidente encargado del Colegio.

Para conseguir lo que propone el abogado Araúz, la Asamblea debe producir una norma que sea el eslabón para que un sistema se traslape con el otro y no se altere ninguno de los derechos que benefician a los procesados.

El jurista subraya que la figura del acuerdo ha demostrado su eficacia, sin embargo no se puede aplicar en el inquisitivo sin tomar en cuenta los equilibrios que tiene el sistema acusatorio.

Como ejemplo, el encargado del Colegio Abogados señala que en el sistema inquisitivo el fiscal es quien dicta la detención preventiva, pero debería ser emitida por un juez.

A pesar de que el artículo 220 del Código Procesal Penal ha tomado notoriedad por el caso Odebrecht

Los acuerdos entre el Ministerio Público y el imputado se contemplan desde la primera versión del proyecto de ley que defendió el magistrado presiente de la Corte Suprema de Justicia..

Ayú Prado, en el proyecto de ley que presentó en la Asamblea Nacional, propuso crear el nuevo artículo 2089A en el Código Judicial para incorporar explícitamente los acuerdos previstos en el artículo 220 del Código Procesal Penalen el que se contemplan acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados y que también permite el Sistema Penal Acusatorio.

REDACCIÓN DE LA QUERELLA

El Consejo de Gabinete, por su parte, recibirá mañana, martes la redacción de la querella que presentará el Ejecutivo contra la constructora Odebrecht.

Juan Carlos Varela, presidente de la República, informó que la redacción de la denuncia será recibida para analizar y decir cuál de los ministro presentará la denuncia. La querella será interpuesta para que se investiguen las obras desarrolladas antes de su gestión de gobierno.

El Consejo de Gabinete avaló, el 24 de enero, que el Estado se constituya en querellante dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público contra la empresa Odebrecht, por el confeso esquema internacional de pago de sobornos.

Mediante comunicado de prensa, el Ejecutivo y los ministros coincidieron en que ‘es de interés del Estado presentar una querella en las causas, de modo que las distintas instituciones que pudieran resultar afectadas formen parte del proceso, colaboren activamente y recuperen fondos desviados'.

El proyecto de ley está en segundo debate, pero no hay acuerdo
- 2015 El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, presenta el proyecto de ley en la Asamblea Nacional para reducir el hacinamiento carcelario.
- 2017 El proyecto de ley pasa dos primeros debate. Uno anterior fue aprobado en 2015, pero no había pasado al pleno de la Asamblea Nacional.