Asamblea Nacional aprueba en segundo debate proyecto de ley 245

La Asamblea Nacional aprobó, la noche de este miércoles, en segundo debate el proyecto de Ley 245, que establece el proceso para la colaboración eficaz o delación premiada dentro del sistema mixto o inquisitivo.

Entre las modificaciones al artículo 20 del proyecto de ley 245 está que el acuerdo de pena será pactado entre la defensa y el fiscal; el juez de la causa dicta sentencia y, si el imputado es condenado, la pena no podrá ser mayor a la pactada ni inferior a una tercera parte de lo que correspodería por el delito.

La propuesta fue presentada por la diputada independiente Ana Matilde Gómez y contó con el apoyo de 46 diputados. Unos 16 diputados no estuvieron de acuerdo a la modificación.

El artículo 20 del proyecto de ley, que fue presentado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, en septiembre de 2015, fue el punto de tensión durante la discusión en segundo debate.

Se espera que para el lunes se inicie el tercer y último debate de esta iniciativa.

“El Ministerio Público no tiene ningún interés en que se apruebe en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley 245  para beneficiar a nadie”, argumentó el secretario general de esa entidad, Rolando Rodríguez.

Este proyecto destaca que una prioridad para la renovación integral del Sistema Penitenciario Nacional para el período 2014-2019 es definir programas permanentes de rehabilitación de las personas privadas de libertad y elaborar manuales, acuerdos y reglamentos sobre temas de resocialización y reinserción de esta población acorde con los estándares internacionales.

El documento permite que estos privados de libertad tengan la oportunidad de acceder a los programas de reinserción social, es decir, de conmutación de pena, de trabajo, de educarse, y que ese esfuerzo que hacen de reinsertarse a la sociedad sea en su beneficio al momento en que sean condenados.

Participaron  en esta discusión representantes del Ministerio Público, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Sistema Penitenciario Nacional.

Por tal sentido, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Mario Carrasco, expresó que para lograr tales propósitos se hace necesario reformar la normativa penal sobre conmutación de pena por actividades de estudio, enseñanza o trabajo.