Gobierno reglamenta ley penitenciaria

Después de siete meses de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionara la Ley 42 sobre la carrera penitenciaria, el Ministerio de Gobierno presentó los principales avances para su implementación, la cual busca que el Sistema Penitenciario garantice la seguridad y propicie la rehabilitación necesaria para la reinserción de las personas privadas de libertad, ‘en la senda de los derechos humanos'.

SISTEMA PENITENCIARIO

El presidente, Juan Carlos Varela, sancionó el proyecto en septiembre de 2016.

El Sistema Penitenciario cuenta con unos 900 custodios para 17 mil personas detenidas.

En marzo pasado, se conformó la Unidad Coordinadora del Sistema Penitenciario.

De acuerdo con un comunicado de la entidad, hasta marzo de 2017 se establece la conformación y organización de la Unidad Coordinadora de Carrera Penitenciaria, a través de la contratación del personal técnico que trabajará en la implementación de la Ley y el diseño de las estrategias, con un plan de trabajo en el que se detallan las tareas que deben cumplirse.

La entidad elaboró el borrador de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 42 de Carrera Penitenciaria, por medio de un proceso de reuniones de trabajo y consultas con los diferentes equipos técnicos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y la Academia de Formación Penitenciaria (AFP).

Para ello, se realizó un recorrido por los centros penitenciarios de todo el país, con el objetivo de levantar la información del personal operativo y técnico de los centros, logrando captar los datos generales de más de 600 funcionarios que deberán pasar por el procedimiento especial de ingreso a la carrera penitenciaria, a partir del mes de septiembre.

La entidad realizó un diseño de instrumento de evaluación que fue elaborado por un equipo de psicólogos del Sistema Penitenciario y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios, para ser aplicado a todos los servidores públicos de ambas instituciones, como uno de los requisitos que exige la Ley 42 para ingresar a la Carrera Penitenciaria.

La Academia de Formación Penitenciaria (AFP), con apoyo financiero de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), desarrolló la impresión y publicación de 500 ejemplares de esta Ley.

Otro de los avances es la conformación de una Comisión de Alto Nivel, integrada por las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Unidad de Carrera Penitenciaria, para dar seguimiento al cumplimiento del plan de implementación, así como la integración de cinco comisiones de trabajo sobre Reglamento, Plan de Implementación, Estructura de la DGSP y el IEI; Procedimiento Especial de Ingreso y la Comisión del Manual de Clases Ocupacionales.

Se cuenta con información relevante sobre la experiencia de Perú en la implementando de su Ley de Carrera Penitenciaria, a través de la participación de dos integrantes de la Unidad de Implementación de la Carrera Penitenciaria de Panamá y la directora de la Academia de Formación Penitenciaria, Gisell Castillo, contando con el financiamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Se incorporó la Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) al proceso de implementación de la Ley de Carrera Penitenciaria.

La Ley 42 del 14 de septiembre de 2016, que desarrolla la Carrera Penitenciaria en Panamá, incorpora al Instituto de Estudios Interdisciplinarios, modifica la Ley 55 de 2003 y dicta otras disposiciones.

Según las cifras oficiales, el Sistema Penitenciario panameño cuenta con aproximadamente 900 custodios para un total de 17 mil personas privadas de libertad.

Es decir, un custodio por cada 20 personas privadas de libertad, mientras que los organismos internacionales señalan que lo ideal para la vigilancia sería un custodio por cada seis o siete personas privadas de libertad.

Esto conlleva sobrecarga de horarios para el personal, riesgos para la seguridad y renuncias constantes, así como aumento significativo de irregularidades relacionadas a posibles casos de corrupción en los centros penitenciarios.