- 01/02/2026 07:33
El diputado de MOCA analiza la crisis de confianza política, la justicia, la corrupción, la seguridad ciudadana y el rol de la Asamblea en un país que exige cambios reales.
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), participó en El Polígrafo, el segmento de entrevistas de La Estrella de Panamá que examina el discurso político frente a las principales preocupaciones ciudadanas.
Durante la conversación, el diputado defendió el papel de MOCA como una fuerza que busca romper con el estatus quo, cuestionó la justicia especial para altos cargos, reclamó mayor transparencia en la Asamblea y explicó sus prioridades legislativas en materia de seguridad, justicia y fiscalización, sin esquivar debates sensibles como la imputabilidad de menores, el futuro de Cobre Panamá o la autonomía municipal.
El 72% de la población afirma no simpatizar con ningún partido político. ¿Cómo evalúa esta realidad, considerando que MOCA es un partido relativamente nuevo?
Estoy familiarizado con esa encuesta y creo que refleja claramente el estado de ánimo del panameño. Existe un distanciamiento real entre la ciudadanía y los partidos políticos, y eso no ocurre por casualidad. Es consecuencia directa de cómo se ha ejercido la política durante años.
Nuestra responsabilidad como autoridades electas es recuperar esa confianza, no solo para que la gente vote, sino para que se involucre, se inscriba, participe y se eduque democráticamente. MOCA llega por primera vez a cargos electos en 2024, pero se conforma desde 2022 con una propuesta clara: ofrecer una alternativa distinta, desde la Presidencia hasta diputados, alcaldes y representantes. Hoy el reto es demostrar que esa diferencia se traduce en hechos.
En la Asamblea se perciben posturas muy marcadas entre MOCA y los partidos tradicionales. ¿Esto dificulta mejorar la percepción ciudadana y el diálogo legislativo?
No se puede generalizar y decir que todos los diputados de los partidos tradicionales actúan igual, pero sí hay ciertas unidades que vemos repetidamente intentando dilatar debates o frenar iniciativas anticorrupción, tanto en el pleno como en las comisiones.
También hay diputados nuevos de distintos colectivos que han llegado con una mentalidad diferente, pero a veces, ya sea por la línea del partido o por la influencia de quienes quieren mantener el estatus quo, terminan dejándose envolver. Por eso es importante que partidos como MOCA, la coalición Vamos y las buenas unidades de otros partidos podamos ser una voz firme. El pueblo panameño sabe discernir quiénes están luchando por cambios reales y quiénes complacen otros intereses. Ese fue el mensaje del 5 de mayo de 2024.
El caso Odebrecht entra en una fase crucial. ¿Cree que el sistema judicial está cumpliendo su rol?
Es una pregunta compleja, pero la percepción ciudadana es evidente. No hace falta que los diputados digamos que la justicia le falla al pueblo panameño; eso se ve en la calle. Siempre se persigue al que roba poco, pero no al que roba millones.
Cuando vemos casos donde se comprueba lavado de activos o malversación de fondos y las penas son de uno o dos años, con devoluciones parciales del dinero robado, el mensaje es devastador. El panameño pierde la confianza en el Órgano Judicial. Hoy el principal problema del país es la corrupción, y la corrupción es el resultado directo de la impunidad. Mientras no haya consecuencias reales, no hay temor a delinquir.
¿Qué opina sobre la justicia especial para diputados y magistrados?
En este año y medio del quinquenio hemos visto situaciones que pensábamos que iban a cambiar y no ha sido así. Hemos presenciado agresiones en el pleno, denuncias que no avanzan y casos que no se concretan en la Corte Suprema de Justicia.
Existe una protección que impide el juzgamiento oportuno y efectivo. Si el Ejecutivo debe ser fiscalizado, si la Asamblea debe fiscalizar al Ejecutivo y a la Corte, entonces cada órgano debe cumplir su rol. No levantar fueros ni privilegios perpetúa la impunidad. Eliminar la prueba idónea es una prioridad que se intentó impulsar, pero una vez más se protegió el estatus quo. Yo lo digo claro: el que no la debe no la teme.
¿Qué espera del Ejecutivo y del presidente José Raúl Mulino en materia de justicia?
El presidente, dentro de sus facultades, debe instruir al Ministerio Público para que pueda cumplir su rol con una recolección de pruebas sólida y un sistema penal acusatorio que funcione.
Hubo una intención valiosa del procurador de reformar la lucha anticorrupción, pero esas reformas fueron rechazadas por quienes no querían permitir que se declarara enriquecimiento injustificado o malversación de fondos. Esas trabas limitan la acción del Ministerio Público y refuerzan la impunidad.
Las “botellas” en la Asamblea sigue generando indignación. ¿En qué quedó ese proceso?
Se anunciaron auditorías y se hicieron inspecciones, pero el país sigue esperando resultados. ¿Dónde están los informes? Sin informes claros no hay casos, y sin casos no hay sanciones.
Eso limita a la Procuraduría y demuestra la necesidad de un mayor contrapeso institucional. La Junta Directiva tiene ahora la oportunidad de demostrar que sí se pueden hacer cambios reales en la planilla de la Asamblea.
¿Cuáles son sus prioridades legislativas en materia de seguridad y justicia?
Mi principal portafolio es la seguridad ciudadana. Ya logramos la aprobación de la ley de cámaras corporales para la Policía Nacional y ahora trabajamos en reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
El crimen organizado está utilizando menores de edad para cometer asesinatos, sicariatos y otros delitos graves. Por eso impulsamos bajar la imputabilidad de 14 a 12 años para delitos como asesinato, violación y pandillerismo. Si un menor tiene conciencia para empuñar un arma y asesinar, deben existir consecuencias reales. Al mismo tiempo, defendemos centros de custodia que permitan su resocialización y medidas cautelares más estrictas que protejan incluso al propio menor.
¿Cómo avanza la reglamentación de la ley de cámaras corporales?
La ley fue sancionada en 2025 y existe coordinación con la Policía Nacional y la Autoridad de Innovación Gubernamental. Ya se utilizan cámaras y drones en operativos, pero queremos que llegue también a tránsito, donde hay muchas quejas ciudadanas por coimas. Sin reglamentación, las leyes no se implementan.
¿Qué rol debe jugar la Asamblea frente a la desigualdad social?
La fiscalización. Presionar al Ejecutivo para garantizar servicios básicos como agua, educación e infraestructura. No podemos seguir viendo muertes evitables por falta de obras o comunidades enteras sin acceso a servicios esenciales.
Sobre el conflicto de la basura en San Miguelito, ¿se está respetando la autonomía municipal?
No podemos permitir que una pelea política perjudique a la población. La autonomía municipal debe respetarse, pero todo debe hacerse dentro de la legalidad y con transparencia. Es necesario esclarecer los contratos y explicar cómo se da la transición del servicio sin afectar a la ciudadanía.
¿Cuál es su posición sobre el futuro de Cobre Panamá?
El Ejecutivo tiene que salir a explicar con lujo de detalles si habrá un plan de cierre o una reactivación. No puede seguir ocultando información. La Asamblea debe fiscalizar y exigir rendición de cuentas para evitar operaciones ocultas o decisiones a espaldas del país.
¿Qué mecanismos legislativos propone para garantizar mayor transparencia en grandes proyectos de inversión?
Recientemente aprobamos una ley que hacía públicos los beneficiarios de incentivos fiscales y adelantaba el informe costo-beneficio al primer debate. Un incentivo fiscal es el Estado dejando de percibir ingresos, y no podemos celebrar inversiones que no benefician al país. La ley fue vetada, pero su espíritu era evitar despilfarros y combatir el nepotismo que favorece a grupos específicos.
En un contexto global volátil, ¿cómo debe posicionarse Panamá para proteger intereses como el Canal?
Panamá debe mantener neutralidad y defender sus intereses nacionales. Nuestro rol en eventos internacionales y en el Consejo de Seguridad de la ONU nos da una oportunidad histórica para promover el diálogo democrático. El Canal debe seguir siendo de los panameños y no se puede comprometer ningún ingreso que pertenece al país.
¿Cómo evalúa la percepción internacional de Panamá, especialmente en la relación con China y Estados Unidos?
Panamá es un atractivo natural para las potencias por el Canal. Hay que garantizar su neutralidad y aclarar que el debate no es contra la comunidad china, que ha sido fundamental para el país, sino sobre decisiones geopolíticas del Partido Comunista Chino que han generado tensiones con aliados estratégicos.
En el debate de las reformas electorales, ¿financiamiento público o privado?
Un balance es lo más sano. Solo financiamiento privado abre la puerta a poderes económicos o al crimen organizado. Un financiamiento público moderado le da independencia al proceso democrático y protege la institucionalidad.
Ricardo Lombana ha dicho que volverá a postularse. ¿La tercera es la vencida?
Ricardo cuenta con todo mi apoyo. He crecido políticamente con él desde 2019 y seguirá contando con mi respaldo. Ojalá podamos demostrar que MOCA tiene una oferta electoral sólida, no solo presidencial, sino también con buenos diputados, alcaldes y representantes en todo el país.
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