Asamblea identifica anomalías en contratos de megaproyectos

Una serie de ‘hallazgos en el manejo de contratos' que llevaron a ‘anomalías e irregularidades administrativas' que permitieron el cobro de montos ‘englobados' ha detectado la comisión investigadora especial que creó la Asamblea Nacional para investigar cómo se otorgaron multimillonarios contratos durante los últimos gobiernos.

La Estrella de Panamá tuvo acceso a parte del informe que se prepara para entregar al pleno legislativo que, como última instancia, debe definir el uso que se le dará a la información que se obtenga a través de la gestión del equipo de investigación.

‘Una vez esté listo el informe de las investigaciones de la comisión de la Asamblea, se hará público para que el país lo conozca',

LUIS E. QUIRÓS

PANAMEÑISTA

Hasta el momento, la comisión se ha concentrado en las investigaciones que corresponden a los proyectos del pasado gobierno, y aunque también se han revisado algunos proyectos de la actual administración, la gestión no ha concluido.

La semana pasada, la comisión pidió una prórroga de noventa días, plazo similar al que se otorgó en el mes de marzo, cuando fue instalada.

En los tres meses adicionales, el equipo investigador se dedicará a recabar detalles y a conocer los proyectos correspondientes al periodo presidencial de Martín Torrijos (2004-2009) y a la actual administración de Juan Carlos Varela.

En las investigaciones realizadas no se ha establecido los posibles montos que se pudieron haber pagado por encima del costo real, pero en principio se ha identificado que en algunas obras se pagó de más, en comparación con el costo del mercado.

Un equipo especializado de auditores forenses hace los cálculos para determinar los pagos que se hicieron por encima de los costos reales.

PRÁCTICA COMÚN

En los primeros noventa días, la comisión especial ha recibido información de la Contraloría General de la República, entre otras instituciones. Además, ha entrevistado a varios ministros del actual gobierno, como Ramón Arosemena, de Obras Públicas (MOP); a Marcela Paredes (Educación) y al alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón.

Las adendas, establece el informe, era y sigue siendo el mecanismo más utilizado para aumentar el costo de los proyectos. De hecho, en el borrador se señala que las adendas continúan siendo una práctica de la actual administración, sobre todo porque no se han hecho los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas.

Añade el informe que ‘urge' cambiar la Ley de Contrataciones Públicas, pues la falta de decisión o la demora de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ha impedido que se logre una nueva norma y, por lo tanto, se sigue utilizando la anterior, con todas las modificaciones aprobadas durante la administración de Ricardo Martinelli.

Otra ‘anomalía' que hasta el momento ha identificado el grupo de diputados y que persiste en el actual gobierno tiene que ver con la convocatoria a las licitaciones o actos públicos, donde se contrata a una misma empresa para el estudio, diseño y construcción de la obra.

Esta modalidad, señala la comisión, se presta para que una sola empresa maneje todo el proceso y no exista un criterio técnico diferente cuando se requiera hacer comparaciones.

HALLAZGOS IDENTIFICADOS

Entre las obras en las que se han confirmado ‘anomalías' están la autopista Arraiján-La Chorrera.

En este trabajo, según la comisión, se ha detectado, además de problemas con el diseño, irregularidades en la capa asfáltica y que la calidad de los materiales utilizados es inferior a la requerida. Se encontró que para la paredilla o muro que divide los carriles se utilizaron vallas New Jersey, las cuales no están fijas y podrían incrementar el riesgo de accidentes.

En el contrato original se había establecido otro tipo de división, por tratarse de una vía rápida.

A las obras en las que se mencionan ‘hallazgos' se suma la construcción de los deprimidos o pasos vehiculares a desnivel que forman parte del tramo de reordenamiento vial desde la avenida ‘Ricardo J. Alfaro' hasta Punta Pacífica, por El Paical y la vía Brasil.

Este corredor, que es parte del reordenamiento vial de la ciudad de Panamá, incluye al menos cuatro puentes: En la ‘Ricardo J. Alfaro' (frente a Plaza Edison); en la Transístmica (El Paical); el que cruza la vía Brasil con la calle 50 y el de vía Brasil con la vía Israel.

Según los análisis que se han realizado con técnicos externos, se ha detectado que existen problemas en los diseños y que no fueron advertidos por los funcionarios de la Contraloría General de la República ni del MOP, antes de recibir la obra.

También se encontraron anomalías administrativas en el hospital ‘Anita Moreno', en la península de Azuero.

En esta obra, se lee en el borrador del informe, se detectaron problemas en el diseño y se estableció que los materiales utilizados son de calidad distinta a la requerida.

DIPUTADOS SE ABSTIENEN

La Estrella de Panamá contactó al diputado Elías Castillo, presidente de la comisión de investigación de la Asamblea Nacional, para confirmar los hallazgos; sin embargo, se limitó a decir que se trata de ‘una comisión investigadora y no informadora'.

El diputado añadió que una vez concluyan las investigaciones, se presentará el informe final al pleno legislativo para que se defina qué se va a hacer.

Corresponderá a los diputados decidir si el informe se entrega a la Contraloría General de la República o si se presenta alguna denuncia penal contra quienes resulten responsables.

Igualmente, el diputado panameñista Luis Eduardo Quirós, quien forma parte de la comisión, señaló que una vez se concluya con la investigación, el informe final se entregará al pleno legislativo y se hará público. Cualquier persona podrá tener acceso a este documento, indicó

Quirós citó como ejemplo el informe que elaboró la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, sobre la autopista Arraiján - La Chorrera, el cual fue divulgado y se utilizó para interponer las denuncias penales que se presentaron posteriormente y por las cuales hoy están bajo investigación los exministros de Obras Públicas Jaime Ford y José Federico Suárez.

Le corresponderá al pleno legislativo, integrado por los 71 diputados, tomar una decisión final sobre el resultado de la investigación sobre los contratos multimillonarios.