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Actualizado
- 31/08/2017 02:00
Creado
- 31/08/2017 02:00
En su defensa, la fiscalía señala que en todo momento actuó dentro del marco de la ley.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un amparo de garantías constitucionales a favor del exministro de Seguridad José Raúl Mulino y del exdirector del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz. A ambos exfuncionarios se les investigaba por la contratación de 19 radares comprados a la empresa Selex, filial del conglomerado italiano Finmeccanica, por $125 millones.
El 3 de febrero de 2016, el Juzgado Quinto de Circuito Penal declaró la nulidad de lo actuado en este expediente a partir del folio 3997, que incluye las indagatorias y las medidas cautelares impuestas a los vinculados.
Pero el 14 de junio de 2016, el Segundo Tribunal de Justicia revocó la decisión del Juzgado Quinto del Circuito Penal y ordenó continuar con el trámite de las investigaciones.
La defensa de los vinculados interpuso el amparo de garantías que concedió la máxima magistratura del país considerando la ejecución de investigaciones fuera del tiempo concedido por la ley.
Este fallo, que tiene como ponente a la magistrada Ángela Russo, establece que las actuaciones y diligencias fuera del término que concede la ley al Ministerio Público, para perfeccionar el sumario, no solo acarrearía la posible aplicación de sanciones administrativas sino que al ser efectuadas sin previa autorización del juez de la causa ‘devienen en nulas'.
Este tipo de actuaciones, según el fallo de la Corte, somete a las partes a un procedimiento que contraviene lo dispuesto expresamente en la ley. El documento dice que se ha causado un agravio porque la fiscal continuó realizando una serie de diligencias, entre ellas, dispuso de la declaración indagatoria y detención preventiva sin contar con la autorización judicial correspondiente para continuar la investigación. Esto acarreó la nulidad relativa de todas las actuaciones de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, dirigida por Zuleika Moore, continúa explicando el documento judicial.
Estas medidas se asumieron cuando la fiscal del caso esperaba una respuesta a una solicitud de una segunda prórroga de la investigación, que fue denegada por el Juzgado Quinto de Circuito Penal, el 28 de octubre de 2015, y rechazada por improcedente por el Segundo Tribunal de Justicia, el 16 de diciembre de 2015.
En su defensa, la fiscalía señala que en todo momento actuó dentro del marco de la ley.
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