Cancillería analiza pedido de extradición de dos hijos de Martinelli

La Cancillería de Panamá informó hoy que está analizando el pedido de extradición que le entregó la Fiscalía del país contra dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) acusados de haber recibido millonarios sobornos de la constructora Odebrecht.

"La Cancillería ha recibido del Ministerio Público la solicitud de extradición. Nosotros nos encontramos en este momento en la valoración interna para garantizar que cumple con las formalidades que esos marcos legales establecen", dijo a los periodistas la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, sin precisar a qué país se hará el pedido.

Fuentes de la Cancillería dijeron a Efe que el pedido de extradición fue recibido en diciembre y que Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli se encuentran, aparentemente, en Estados Unidos.

En enero del año pasado la Fiscalía panameña imputó cargos por blanqueo de capitales a los hermanos Martinelli y un mes más tarde solicitó a Interpol su búsqueda y captura internacional.

El Ministerio Público les ha embargado un helicóptero, un apartamento de lujo en Madrid y al menos 22 millones de dólares en una cuenta de Suiza.

La Justicia panameña validó en diciembre pasado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

Durante a audiencia de validación del acuerdo, el Ministerio Público reveló que André Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá, confesó haber pagado más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares panameños, de cuales 55,8 millones recayeron en los hermanos Martinellli.

Por el caso de los sobornos de Odebrecht, hay más de 60 personas procesadas en Panamá, entre ellas varios exministros de Martinelli, que se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de que el Departamento de Estado de ese país decida sobre su extradición por un caso de espionaje político y corrupción.