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15 de Dec de 2019

Política

CCIAP pide frenar el uso discrecional de planillas en la Asamblea

La presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, insiste en que los contratos del Legislativo utilizan el mismo formato que rige para toda la administración pública y no es único en este Órgano del Estado

Los empresarios instan a los diputados a cumplir con su rol de aprobar leyes.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió ayer a la Asamblea Nacional frenar el uso discrecional de los recursos del Estado a través de los diputados.

En un pronunciamiento de este ente empresarial firmado por su presidente, Gabriel Barletta, la CCIAP pide a los miembros de la Asamblea que cumplan con la función para la cual fueron elegidos sus miembros. Es decir, legislar en bien del interés común mediante la expedición de leyes que, además de contribuir a la consolidación y fortalecimiento del Estado de Derecho, actualicen y modernicen de manera permanente las normas nacionales, de acuerdo con el avance internacional de las diversas materias objeto de su trabajo institucional.

Los empresarios señalan que por razones no consideradas en nuestro ordenamiento constitucional, durante las últimas administraciones y en ejecución de los respectivos presupuestos generales del Estado, los diputados de la República llevan a cabo tareas distintas con el manejo discrecional de fondos públicos.

La CCIAP cuestionó la existencia de una ‘planilla inflada' destinada a los salarios de colaboradores inmediatos de los diputados, ‘cubiertos con eufemismos cosméticos' y el surgimiento de otras tres planillas utilizadas para pagar emolumentos en la Asamblea.

‘La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá considera que ha llegado el momento de frenar estas prácticas, las cuales, más allá del orden legal, pervierten moralmente el tejido social; menoscaban la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones de la República; y dilapidan recursos generados por empresarios y trabajadores panameños'.

Consideran, además, que las diversas entidades gubernamentales están obligadas a observar la transparencia que imponen nuestras leyes vigentes, al tiempo que los ciudadanos han de exigir de aquellas una puntual rendición de cuentas por sus desempeños respectivos.

‘Todos los llamados a esclarecer estas acciones deben actuar de forma transparente, firme y ágil. Los panameños exigimos respuestas y acciones claras', enfatiza esta organización.

‘CORTINA DE HUMO'

Tanto la presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, como el diputado y secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, aseguran que los cuestionamientos por el manejo de la planilla son parte de la presión que ejerce el Ejecutivo ante el surgimiento de una nueva mayoría en la Asamblea liderada por el PRD y Cambio Democrático.

Ábrego insistió en que la planilla 172, entre otras, la tienen todas las instituciones del Estado y aseguró que la Contraloría enfoca y apunta sus cañones hacia la Asamblea para encubrir deficiencias y desfalcos en la Caja de Seguro Social (CSS).

‘Eso no es nada más que una cortina de humo, al igual que la constituyente, para desviar los verdaderos problemas que aquejan al país; tenemos que hablar del desfalco de $300 millones de la CSS y quiénes son las empresas que lo cometieron', recalcó Ábrego.

Para el diputado González, estas planillas no son exclusivas de la Asamblea. ‘Son planillas que están dentro del presupuesto general del Estado que fueron acreditadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y refrendadas por la Contraloría', dijo.

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Temen el cierre de la Asamblea

Funcionarios del Órgano Legislativo expresaron ayer su temor ante las intenciones de algunos sectores de impulsar el cierre de la Asamblea Nacional.

En un comunicado de la Asociación de Servidores Públicos Legislativos, firmado por su presidenta, Karina Connell, se indica que le han dado seguimiento a la crisis institucional generada en el país luego de la no ratificación de las magistradas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

‘El personal de la Asamblea se siente afectado por esta campaña de desinformación al punto que tememos perder nuestros puestos de trabajo, de crearse un ambiente para unas reformas constitucionales, en donde ya se levantan voces que piden eliminar a este órgano del Estado'.

Se trata, aseguran, de más de dos mil funcionarios permanentes y cientos de compañeros más que fueron contratados a través de planillas debidamente sustentadas en el presupuesto designado al Legislativo.

‘Frente a esta amenaza, la Asociación de Servidores Públicos Legislativos quiere dejar clara nuestra posición firme y decidida de defender nuestros puestos de trabajo y el sustento de nuestros hijos', indican.