‘Hubo negligencia en retraso de la tercera línea de transmisión'

El contralor general de la República, Federico Humbert, calificó como ‘negligencia' el retraso en la construcción de la tercera línea de transmisión eléctrica, decisión que le generará un costo al Estado por $129 millones.

Humbert, quien acudió ayer a la sesión de instalación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, fue cuestionado por la diputada de Cambio Democrático (CD) Dana Castañeda, quien consideró que hay que buscar a los responsables de esta afectación económica, que se traspasaría a la población a través del incremento en la tarifa eléctrica.

‘Si vamos a ver el problema, tenemos que ver no solamente lo que pasó en el 2009, el problema es desde mucho antes, hasta el final. Dónde quedan las responsabilidades y las repercusiones que a simple visita son millonarias, allí está el problema', exclamó la diputada tras pedir a Humbert auditar a la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) para determinar responsabilidades en este perjuicio al Estado.

En tal sentido, el contralor, quien dijo desconocer la parte técnica del tema, manifestó que lo que sí ha escuchado de múltiples técnicos es que la demora en la construcción de la tercera línea costaría entre 5 a 6 millones de dólares al mes al Estado.

‘Allí hay negligencia, hay que ver quién y cuándo, porque se afecta a todos los panameños. Esta es una negligencia y no sé si tiene que manejarse desde la Contraloría o desde el Ministerio Público', precisó.

El pasado martes, durante la comparecencia ante el Pleno legislativo del gerente de Etesa, Gilberto Ferrari; del administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, y del secretario Nacional de Energía, Víctor Urrutia; el diputado panameñista José Antonio Domínguez pidió presentar ante el Ministerio Público las acciones legales necesarias para dar con los responsables de esta decisión que le costará al pueblo panameño más de $129 millones.

COMPARECENCIA

Ayer por tercer día consecutivo continuó en el Pleno legislativo la comparecencia de Ferrari, Meana y Urrutia, sesión en la cual los diputados se centraron en cuestionamientos por el ‘mal servicio' que presta la empresa de distribución eléctrica en la provincia de Panamá Oeste y el interior del país, y en fortalecer otras alternativas de generación para abaratar los costos en la tarifa eléctrica.

El diputado de Cambio Democrático (CD) Raúl Hernández consultó a los funcionarios citados sobre la viabilidad de un rescate administrativo, no obstante, el administrador de la ASEP, Roberto Meana sugirió cambios a las leyes actuales.

COSTO DE LA ENERGÍA

Panamá ‘versus' Centroamérica

Según el Secretario Nacional de Energía, Víctor Urrutia, no es cierto que Panamá tenga la energía más cara de Centroamérica.

Dependiendo del tipo de uso, Panamá puede ser más barato o ligeramente más caro que otros países.

‘Un rescate administrativo no es la vía correcta y no lo debemos hacer porque estaríamos pagando una inmensidad de dinero a una empresa que sea ineficiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer modificaciones a las leyes porque es muy sabroso con el proceso que tenemos saber que una empresa puede tener una prórroga, pero este cuento se acaba cuando saben que esa prórroga solamente se puede conseguir cuando hay una eficiencia en el servicio y en eso debemos trabajar', señaló Meana.

Tras la participación de 22 diputados, culminó ayer la comparecencia de Ferrari, Meana y Urrutia ante el pleno legislativo, proceso que se extendió por tres días consecutivos.

PIDEN DEROGAR RESOLUCIÓN

En tanto, organizaciones obreras, dirigentes docentes, estudiantes y administrativos universitarios marcharon desde el Parque Porras hasta la Asamblea Nacional para exigir la renacionalización de las empresas eléctricas y que se derogue la resolución con la que inicialmente se había anunciado el incremento de la tarifa eléctrica a los usuarios.

La dirigente magisterial Yadira Pino pidió la renacionalización de estas empresas y que se hagan públicos los informes financieros de las empresas eléctricas de distribución, generación y transmisión.

Mientras que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, expresó que el Estado debe recuperar todas las empresas privatizadas.

Damián Espino, de la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (Aseupa), advirtió, por su parte, que no permitirán ‘el aumento inmisericorde de la tarifa de la luz al pueblo panameño'.

DISPENSA, A CONSULTAS

Previamente la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego manifestó que abrirán un ‘amplio debate' antes de entrar a la votación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que modifica la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y donde se solicita una dispensa de $300 millones, de los cuales se utilizarían $60 millones para subsidiar y evitar el aumento en la tarifa eléctrica.

‘Nosotros no hemos dicho que no vamos a aprobar la dispensa de los $300 millones. Vamos a abrir un amplio debate donde todos los sectores vamos a estar sentados', enfatizó.