Libertad Ciudadana respalda propuesta de protección a denunciantes

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capitulo de Panamá de Transparencia Internacional), Olga de Obaldía, respaldó el avance del proyecto de ley que busca proteger a denunciantes de faltas administrativas sobre lesión patrimonial contra el Estado, al tiempo que instó a que la iniciativa sea discutida con rigor técnico y participación ciudadana.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, de Obaldía calificó como positiva la nueva oportunidad de legislar en esta materia, especialmente en un país donde —según dijo— persisten vacíos legales que limitan la denuncia de actos de corrupción.

“Le damos la bienvenida a esta nueva oportunidad para que Panamá tenga una legislación que proteja a los denunciantes, especialmente en el ámbito del sector público”, expresó.

De Obaldía subrayó que este tipo de legislación ha demostrado ser eficaz en otros países para fortalecer la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.

“Nos hace falta. Hay otras legislaciones donde ha probado ser una gran herramienta en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

El proyecto en discusión establece por primera vez un marco integral de protección para denunciantes y testigos, incluyendo medidas personales, laborales y familiares, así como canales confidenciales para presentar denuncias.

Entre sus objetivos se encuentra garantizar la integridad física, psicológica y laboral de quienes reporten irregularidades, así como fomentar la participación ciudadana en la denuncia de faltas administrativas que afecten el patrimonio del Estado.

De Obaldía advirtió que uno de los principales problemas en Panamá es el miedo a las consecuencias que enfrentan quienes deciden denunciar irregularidades.

Ese temor está documentado en la exposición de motivos del propio proyecto, que reconoce que las represalias pueden ir desde la pérdida del empleo hasta daños personales o incluso amenazas a la vida.

En ese sentido, la iniciativa busca crear garantías concretas para que más ciudadanos y funcionarios se atrevan a reportar actos irregulares sin poner en riesgo su estabilidad.

La directora de la Fundación enfatizó que el proyecto debe ser objeto de una discusión profunda en la Asamblea Nacional, con la participación de distintos sectores.

“Ojalá que este proyecto de ley tenga una verdadera discusión profunda, técnica y que permita la participación ciudadana”, sostuvo.

De Obaldía insistió en que el objetivo debe ser construir una normativa sólida que responda al interés general y fortalezca la probidad en la gestión pública.

También recordó que esta no es la primera vez que se intenta aprobar una ley de protección a denunciantes en Panamá.

Explicó que distintos proyectos han sido presentados en el pasado sin lograr concretarse, lo que evidencia tanto el interés como las dificultades políticas para avanzar en esta materia.

“Van muchos años tratando de pasar esta legislación”, señaló, al tiempo que reiteró el respaldo de la fundación a iniciativas similares impulsadas anteriormente.

El proyecto surge en un contexto donde Panamá enfrenta desafíos en materia de transparencia. De acuerdo con el proyecto, el país obtuvo una puntuación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, ubicándose en el puesto 114 a nivel global.

Para De Obaldía, avanzar en una legislación de este tipo es clave para mejorar la confianza en las instituciones y fortalecer los mecanismos de control.

“Se trata de promover la probidad en todos los aspectos de la vida pública”, concluyó.

“Cualquier persona que denuncie, informe o preste declaración sobre faltas administrativas que afecten el patrimonio del Estado tendrá derecho a solicitar que se le apliquen las medidas de protección del denunciante dispuestas en la presente ley”, señala la iniciativa que impulsan los diputados Lenín Ulate y Luis “Lucho” Duke con el respaldo de otros 15 diputados, en su mayoría de la bancada Vamos.

Entre las medidas de protección que establece la iniciativa está la reserva de la identidad del denunciante o testigo en todas las diligencias que requieran su participación, para lo cual se le asignará un código único para el seguimiento de casos y se mantendrá un registro interno bajo estricta confidencialidad.

También se mantendrá reserva acerca del domicilio, profesión, oficio, lugar de trabajo, así como de cualquier dato que identifique o haga identificable al denunciante o testigo.

“La persona protegida tendrá derecho a requerir medidas de protección contra actos de acoso o cualquier otro tipo de afectación formal o informal análoga a las mencionadas anteriormente. La autoridad competente tendrá el deber de instrumentar medidas de protección de carácter administrativo, tendientes a garantizar la vigencia de los derechos laborales de las personas protegidas, tanto en el ámbito del sector público como del sector privado”, señala el documento.