Asamblea acoge veto presidencial y avala el Presupuesto

En una sesión relámpago, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate el proyecto de ley 659, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2019, que había sido objetado parcialmente por el Órgano Ejecutivo por inexequible.

Luego de que el secretario general de la Asamblea, Franz Wever, leyera el contenido de la objeción presidencial, la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, preguntó si alguien iba a intervenir en el debate, pero ningún diputado optó por hacerlo, acogiendo el Pleno la recomendación del Órgano Ejecutivo con respecto a los artículos 338 y 344 que fueron objetados por considerarlos inexequibles e inconvenientes.

A propuesta de diputados de la bancada del Partido Panameñista, y con el respaldo de las otras bancadas, ambos artículos fueron ajustados, pero con las recomendaciones hechas por el Ejecutivo.

PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA 2019

Recursos

23,669

millones de dólares será el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2019.

8,995

millones de dólares están destinados para inversiones públicas.

14,673

millones de dólares para gastos de funcionamiento, que incluyen gastos para operaciones, transferencias y la deuda pública.

El Ejecutivo había objetado los artículos 344 y 338 del proyecto de presupuesto tras considerar que con los citados artículos se vulneraban algunas facultades de la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de dineros públicos manejados por organizaciones y federaciones deportivas.

El 338 indicaba que cuando se detecten inconsistencias en las partidas para contratación de personal contingente y transitorio, el Ministerio de Economía y Finanzas debe comunicar a la entidad afectada para que proceda con los ajustes, y remitir copia de las anomalías a la Contraloría.

De esta norma, según lo inicialmente aprobado, se buscaba exceptuar a la Asamblea de este requisito.

El otro artículo objetado, el 344, señalaba que las asociaciones y federaciones deportivas, así como los patronatos creados por ley, estarían exceptuados de la aplicación de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas.

Estas, según el texto aprobado por el Legislativo, se iban a regir por sus respectivos reglamentos o manuales especiales adoptados por sus juntas directivas.

Del presupuesto que asciende a $23,669 millones, un total de $8,995 millones están destinados para inversiones públicas, mientras que para funcionamiento se destinan $14,673.1 millones que incluyen gastos para operaciones, transferencias y la deuda pública.