Sospechas de soborno por ley antitabaco

S ectores de la sociedad civil pidieron a las autoridades judiciales investigar presuntos ofrecimientos económicos, tanto a diputados como a la presidenta de la Coalición Panameña contra el Tabaquismo (Copacet), para supuestamente lograr la aprobación de algunos cambios al proyecto de ley 136 y que algunos han calificado como un retroceso en la lucha contra el consumo de tabaco.

El pedido se da luego de que Nélida Gligo, presidenta de Copacet, afirmara que intentaron sobornarla desde la Asamblea Nacional para que no presentara objeciones al proyecto de ley 136, que originalmente establecía otras normas de lucha contra el tabaquismo.

El diputado del PRD Crispiano Adames, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, negó que se haya intentado sobornar a la denunciante.

De igual manera, Adames ha rechazado que el proyecto aprobado sea un retroceso en la lucha antitabaco.

‘Este proyecto fue ampliamente consultado y consensuado con los distintos sectores relacionados con este tema, logrando establecer una licencia especial obligatoria para todos los fabricantes, entre otros cambios contra el consumo del tabaco', indicó el diputado.

Sobre la posibilidad de que diputados hayan recibido algún beneficio económico, el abogado Guillermo Cochez señaló: ‘no cabe la menor duda de que es posible que haya ocurrido, esa ha sido una práctica de algunos diputados, de discutir temas y recibir un pago por ello'.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), manifestó que ante un comentario tan grave, es importante que se presenten las denuncias, sobre todo en esta época de campaña electoral ‘porque muchos de estos diputados están aspirando a reelegirse en la Asamblea Nacional, y queda siempre la duda de si hubo o no hubo coimas ofrecidas por aprobar un proyecto como este'.

Planells agregó que si hay alguna empresa que está pagándole a los diputados para aprobar leyes en su beneficio, debe ser severamente castigada, como indica el Código Penal, y retirársele su licencia para operar en Panamá.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño consideró que el Ministerio Público debe actuar y la señora Gligo, ratificarse en lo dicho.

‘Se trata de un delito y no puede pasar desapercibido, máxime cuando hay algunas personas que tienden a ponerse golosos con el ánimo de recibir fondos para catapultarse en un proceso electoral'.

El abogado sostuvo que genera suspicacia la discusión de este tipo de proyectos, y máxime si una persona señala que quisieron sobornarla, quiere decir que alguien está invirtiendo dinero para tal fin, y ‘penalmente debe investigarse' tal señalamiento, precisó Cedeño .