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Actualizado
- 18/06/2019 02:00
Creado
- 18/06/2019 02:00
Cuatro demandas de inconstitucionalidad presentó la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, contra los decretos emitidos recientemente
La diputada Zulay Rodríguez Lu presentó cuatro demandas de inconstitucionalidad contra decretos ejecutivos que regulan a extranjeros, emitidos recientemente.
La primera demanda es contra el Decreto Ejecutivo 20 del 28 de mayo del 2019, por el cual reglamentan los artículos 17 y 18 del Código de Trabajo y establece el permiso de trabajo para extranjero con cónyuge panameña.
Además otorga por dos años el permiso de trabajo para extranjeros que forman parte del 10% de contrataciones que les permite a las empresas.
La otra demanda de inconstitucionalidad es contra el Decreto Ejecutivo No. 21 del 28 de mayo de 2019, mediante el cual se establece que el permiso de trabajo para extranjero con permiso de residencia permanente se otorgará por tres años prorrogable por el mismo periodo.
De acuerdo a la diputada, se han creado dentro de los permisos de trabajo varios distingos o subcategorías a los permisos de trabajo otorgados a trabajadores extranjeros con permiso de residente temporal humanitario de protección y a trabajadores extranjeros con permiso de residente permanente.
En el primer caso, los permisos de trabajo no podrán ser prorrogados por más de cinco años.
La diputada Rodríguez también demandó por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 22 del 28 de mayo de 2019, mediante el cual se regula los permisos de trabajo para extranjero profesional por el periodo de dos años la primera vez y prorrogable cada tres años.
El grupo de trabajadores extranjeros que forman parte del grupo de solicitantes incluidos en los decretos 20, 21 y 22 del 28 de mayo del 2019 podrá realizar sus prórrogas de manera indefinida y sin límite alguno, considera la diputada Rodríguez.
La diputada Rodríguez opina que los decretos violan el último párrafo del artículo 73 de la Constitución Nacional, que establece que es través de la Ley y no de un decreto ejecutivo que se regulara la contratación de diferentes tipos de trabajadores extranjeros.
Además de que crea fueros y privilegios entre los extranjeros con residencia temporal y residencia permanente.
La diputada también demandó por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 249 de 10 de junio de 2019 que establece los requisitos para optar por la residencia definitiva a los extranjeros que han obtenido la residencia temporal, a través de las regulaciones ordinarias y el programa Crisol de Razas.
Los decretos también han sido cuestionados por el vicepresidente electo y ministro de la Presidencia designado, José Gabriel Carrizo, y el ministro designado de Seguridad Pública, Rolando Mirones.
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