Reformas constitucionales, otra víctima del nuevo coronavirus

Las reformas constitucionales anheladas que el gobierno de Laurentino Cortizo impulsó con fuerza desde el primer día, terminaron siendo otra de las víctimas del nuevo coronavirus.

Después de que el Ejecutivo decidiera retirar el paquete de reformas de la Asamblea Nacional, que se había aprobado en la primera legislatura, la propuesta deberá ser sometida a un diálogo nacional con la mediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El 23 de diciembre pasado, El Ejecutivo y el PNUD firmaron un acuerdo para ejecutar el diálogo nacional. La idea del organismo internacional contempla realizar mesas provinciales y comarcales, además de una mesa nacional.

El PNUD informó en enero pasado, el inicio del diseño del plan, un proceso que duraría unos cinco o seis meses, sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria por el Covid-19, todo ha quedado paralizado. El organismo indicó a La Estrella de Panamá que en estos momentos todos los esfuerzos están enfocados a contrarrestar la pandemia.

Para Enrique de Obarrio, impulsor de las reformas desde la sociedad civil organizada, es “muy difícil” que estas sean aprobadas en dos legislaturas de la Asamblea Nacional durante este quinquenio, como lo habían planeado el gobierno y los sectores que participaron en la redacción de la propuesta a lo interno de la Concertación Nacional para el Desarrollo.

De Obarrio reiteró que las reformas constitucionales son necesarias, pero dadas las circunstancias –primero el retiro en la Asamblea en diciembre pasado y ahora la crisis sanitaria– es entendible que se postergue la consideración del tema.

En un escenario optimista, de Obarrio considera que las reformas constitucionales serían aprobadas en dos asambleas legislativas, como lo establece el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución Política. Es decir, durante el último periodo de la Asamblea de este quinquenio y el primero de la próxima que resulte de las elecciones generales de 2024.

Este escenario implicaría un acuerdo político como ocurrió en 2004, cuando se dieron las últimas reformas constitucionales.

A su juicio, también puede suceder que durante el actual gobierno “no se haga absolutamente nada, tal cual ocurrió en administraciones anteriores”.

En cualquiera de los casos planteados por de Obarrio, los planes del gobierno y de la sociedad civil organizada que participaron en la redacción de la propuesta a lo interno de la Concertación Nacional para el Desarrollo, quedan descartados.

El plan original contemplaba la aprobación del paquete de reformas en dos legislaturas durante este periodo gubernamental. Las reformas habían sido aprobadas en la primera legislatura que concluyó el octubre pasado, en medio de protestas ciudadanas, especialmente de estudiantes universitarios.

La propuesta tenía que ser aprobada durante los primeros meses de la actual legislatura, que empezó en enero pasado y concluye el próximo 30 de abril.

Sin embargo, a raíz de las manifestaciones suscitadas durante los últimos meses del año pasado, el Ejecutivo decidió retirar la propuesta de la Asamblea y convocar a un diálogo.

De Obarrio es consciente de que en estos momentos no se pueden realizar las mesas provinciales o comarcales que pretende el PNUD. La crisis apenas comienza y no se sabe cuánto tiempo tomará recobrar la normalidad.

Más allá del panorama sobre las reformas constitucionales, de Obarrio considera que la propuesta aprobada en la Asamblea buscaba solucionar el mal de la corrupción, que sigue aquejando el bienestar de la nación.

Cita, por ejemplo, la última encuesta del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, una investigación que reveló que entre los principales problemas que afectan al país están la desigualdad y la corrupción.

Además, el abogado recalca que si antes de la crisis sanitaria la situación en materia de desigualdad era grave, ahora hay mucho más de qué ocuparse tras el embate de la pandemia; y ahora más que nunca es imperante asumir las riendas de la lucha contra la corrupción.