1932: Crisis económica y Movimiento Inquilinario

ELos últimos meses de gobierno del presidente Ricardo J. Alfaro (16 de enero de 1931 – 1 de octubre de 1932 ) fueron tal vez unos de los periodos más difíciles de la historia nacional. En medio de una gravísima crisis económica de carácter internacional, con un bajón violento en los ingresos fiscales, el país se veía estrangulado por los pagos pendientes de la altísima deuda externa acumulada por los presidentes Belisario Porras y Rodolfo Chiari.

“La situación fiscal es alarmante. Las entradas del tesoro disminuyen cada día más y no alcanzan para cubrir los gastos que demanda el buen funcionamiento de los servicios públicos," reconocía el Secretario de Hacienda y Tesoro, Darío Vallarino.

Con un ingreso calculado en $500 mil mensuales, el Tesoro debía destinar casi una tercera parte de sus recaudaciones al servicio de la deuda. El resto del dinero no era suficiente y el gobierno arrastraba un déficit de $162 mil mensuales.

Sin muchas opciones, en el mes de junio, se decretaron descuentos a los salarios de los funcionarios públicos de entre el 10% y el 25%. A partir del 1 de julio, un sacrificio adicional: los sueldos y gastos de representación y las cuentas por salarios se pagarían 90% en dinero efectivo y 10% en bonos de Tesorería cada tres meses.

Días después, surgía el Decreto No. 1156: “…. Considerando que la dura crisis económica por la cual atraviesa el Gobierno no le permite cubrir en una misma fecha los sueldos de todos los empleados públicos… se hace necesario establecer un orden de prelación para que los empleados que tienen mayor necesidad y que desempeñan servicios más importantes o penosos tengan preferencia en el pago de sus sueldos”.

“No se pagará a ninguno de los empleados de una categoría si no se hubiera cubierto la totalidad de los sueldos correspondientes a la categoría interior”, en la siguiente forma": 1) Los agentes de la Policía Nacional hasta el grado de capitán; 2) Los maestros de escuela; 3) las telegrafistas; 4) Los empleados de Correos con sueldos menores a los $100 mensuales;5) los empleados civiles cuyo sueldo no pase de $100; 6) funcionarios de todo género, cuyo sueldo no pase de $300; 7) funcionarios cuyo sueldo mensual no pase de $450; 8) Los ministros, funcionarios y diplomáticos y otros cuyo sueldo mensual sea mayor de $450; 9) los secretarios de Estado; 10) el presidente de la República.

El gobierno no era el único afectado. Los comerciantes, que por años habían operado en base al crédito, se encontraban en la imposibilidad de recuperar su dinero.

Miles de desempleados pululaban a todas horas por las calles de la ciudad, en un vano intento por encontrar algún dinero.

Incapaces de cumplir con el pago del alquiler, miles de inquilinos eran lanzados por sus caseros y buscaban refugio en los parques y lugares públicos.

Era la situación propicia para el resurgimiento del Movimiento Inquilinario, que en el año 1925 había casi postrado al gobierno local.

Se trataba de un de movimiento social de amplio arraigo y aceptación, dado que el 95% de los residentes de la ciudad de Panamá vivían en edificios y viviendas multifamiliares propiedad de unos 1,600 caseros.

El 31 de julio de 1932, la renovada Liga de Inquilinos y Subsistencia decretaba una huelga de “no pago” de alquileres hasta que los propietarios se comprometieran a suspender los lanzamientos y reducir el canon de arrendamiento vigente en un 50%.

(Nota: es preciso poner en duda la versión de que todos los caseros eran los desalmados propietarios de Casas de Inquilinato, inmundas y desvencijadas, que no tenían miramiento para expulsar a las familias más desvalidas a pesar de haber saldado años antes todas las deudas correspondientes a la propiedad. Lo cierto es que los caseros eran un cuerpo heterogéneo y aunque básicamente sostenían que el alquiler de cuartos o apartamentos era un negocio y no un servicio social, un porcentaje importante de ellos requería del pago puntual de los inquilinos para saldar los préstamos bancarios de la propiedad, so pena de ser estas rematadas. Muchos caseros, por cuenta propia, fueron adelantándose a sus colegas y redujeron el arrendamiento a sus propios inquilinos).

A partir del llamado al no pago, el 31 de julio, la ciudad de Panamá se sumergió en el caos. Las paredes de las casas y edificios se cubrían de volantes. Las aceras eran pintadas con los mismos mensajes.

“Grupos de exaltados recorren la ciudad en actitud desafiante”, decía uno de los periódicos de la época, describiendo cómo algunos simpatizantes de la Liga de Inquilinos, armados de garrotes, se daban a la tarea de atacar a los cobradores que se acercaban a las propiedades a cumplir su deber o se presentaban en la casa de sus caseros a insultarlos.

Dos semanas después de iniciada la huelga, el ambiente de desasosiego e intranquilidad llegaba a niveles insostenibles.

Uno de los casos característicos señalaba a la señora M de la Cruz, lanzada de una propiedad de un señor Arcadio Rodaniche, en calle E No 19, por no haber pagado tres meses de renta. El casero mandó a sacar los muebles de la vivienda, pero una vez sus representantes se retiraron, los miembros de la Liga vandalizaron el candado y volvieron a introducir los muebles.Al día siguiente, volvieron a sacarlos pero los inquilinos repitieron la acción del día anterior.

“No hay gobierno en Panamá. Hay crisis de autoridad”, se quejaban los caseros, en una carta pública dirigida al presidente Ricardo J. Alfaro, pidiendo se pusiera fin a la anarquía. También exigían al presidente, “en completa concordancia con los tratados del Canal”, solicitar la intervención del ejército de Estados Unidos, para que este pusiera fin a los disturbios, tal como había ocurrido en 1925.

El presidente no se dignó responder a esta última petición, pero sí continuó sus esfuerzos por animar a las partes a llegar a un acuerdo. Tarea difícil, pues imperaba la desconfianza. Mientras los inquilinos advertían que solo se reunirían con la contraparte en un lugar público, los caseros temían que se trataba de una emboscada y la excusa para un motín.

Con el paso del tiempo y la opinión pública de su parte, los inquilinos daban largas al asunto, por lo que los caseros se vieron obligados a ceder. La primera semana de agosto aceptaron parte de las demandas. Suspenderían temporalmente los lanzamientos, además de ofrecer hospedaje gratuito a los bomberos y a los enfermos sin trabajo. Aceptarían que policías y otros funcionarios pagaran con bonos de Tesorería. Incluso, reducirían el canon de arrendamiento $1.50 por cuarto, es decir, entre un 20% y un 30% del precio del alquiler.

Pero los inquilinos estaban firmes. Querían el 50% de descuento.

El presidente Ricardo J. Alfaro invitó a las partes a su despacho.

La discusión se ponía cada vez más intensa.

“Imagínense que son dueños de una propiedad. Todavía deben dinero al banco. Si no reciben el pago de los inquilinos, perderán la propiedad. ¿Qué harían ustedes en esta situación?”, preguntó uno de los caseros, buscando la comprensión de los líderes de la liga.

“Yo nunca tendría una casa de alquiler porque no soy ladrón ni explotador de pobres como los señores presentes”, respondió Samuel Lara, representante de los Inquilinos.

Carlos Muller y otros de los propietarios salieron del despacho indignados. El presidente Alfaro exigió a Lara que se retractara, pero era tarde. Los caseros habían retirado su oferta.

El domingo 14 de agosto, “ante la falta de actitud para conversar y la continuidad de los desórdenes públicos”, el presidente Alfaro decidió una medida extraordinaria, recogida en el Decreto No. 139: Se suspendían las garantías fundamentales; se exigía a los inquilinos el pago de sus obligaciones contractuales hasta que la Asamblea, que entraría en sesiones el 1 de septiembre, adoptara una ley para resolver el conflicto.

Mientras tanto, los caseros no podrían cobrar a los enfermos, a los desocupados ni a los bomberos. Tendrían que aceptar los bonos y promesas de pago que les ofrecieran los policías y otros funcionarios del estado a los que no se pagaba la totalidad de sus salarios en efectivo.

“Había una amenaza grave de perturbación del orden público. Una parte de la población se encontraba en estado de abierta rebeldía contra las leyes y en contra de las autoridades, halagadas las masas como estaban, con la idea de que el resultado final había de ser que sus arrendamientos se redujeran a la mitad y en muchos casos a cero“, explicaría el presidente Ricardo J. Alfaro, a los diputados de la Asamblea, a pocos días de ser inaugurado el periodo de sesiones.

Los días siguientes, la Policía detuvo a varios de los líderes de La Liga y ocupó sus locales, donde supuestamente encontrarían “material subversivo”: folletos, publicaciones y correspondencia “incendiarios”, que “invitaban a la revolución social”, decía La Estrella de Panamá, citando algunos párrafos de uno de los manifiestos encontrados:

“Es evidente que esta explotación y esta represión no han de durar indefinidamente. Ellas tienen necesariamente que desaparecer para ser sustituidas por la posesión colectiva de todas las fuentes de riqueza y por la dictadura de la clase proletaria”.

“En tanto que el predominio de la burguesía es abatida, en tanto que la propiedad, sobre todo la gran propiedad, entre la cual se cuenta la propiedad urbana, deje de ser un privilegio de la clase adinerada para convertirse en un derecho de la comunidad, los inquilinos pobres y sobre todo los inquilinos sin trabajo deben ingresar a la Liga de Inquilinos y luchar por la conquista de reivindicaciones inmediatas”.

El Decreto 139 tendría la virtud de disminuir las tensiones. Pero solo temporalmente. Correspondería al presidente Harmodio Arias, que tomaría posesión el 1 de octubre, lidiar con la peor parte de la crisis.