Virtud de la sensatez en democracia

En reiteradas ocasiones he señalado que la actuación ciudadana tiene que darse dentro de los límites que traza el ordenamiento constitucional, pues de lo contrario puede desviarse hacia tentaciones y prácticas peligrosas, que terminan desbordando los marcos institucionales, jurídicos-políticos con que funciona la democracia.

Cierto que la acción ciudadana y deliberativa constituye un valor importante de la vida en democracia, pero insisto en que la misma no tiene el alcance constitutivo de un poder dual de la gobernabilidad y menos convertirse en un factor anulador de las reglas del juego democrático y correspondiente institucionalidad.

Los peores enemigos de la democracia son aquellos que se atribuyen la titularidad de la misma. “Piensa y actúa como nosotros actuamos y pensamos”, constituye la máxima de los que se atribuyen el monopolio de la democracia. Su verdad es la única y suficiente. La realidad panameña viene dando cuenta de la existencia e influencia de expresiones de la naturaleza mencionada, que nada tienen que envidiar a los ideólogos de la doctrina del pensamiento único. La democracia y su institucionalidad, tienen que ser fiel y fidedigno reflejo de sus intereses. No se dan cuenta que sus actuaciones, abonan hacia un ambiente de irrespeto e intolerancia.

Para mí resulta nada positivo para el funcionamiento de la democracia y la institucionalidad que presentadas varias acciones de inconstitucionalidad contra los decretos leyes que desarrollan temas de seguridad, un activista de la Red Ciudadana Civilista condicione la calidad ética del Pleno de la Corte Suprema a una sentencia sea favorable a sus pretensiones.

Estos grupos se basan en el siguiente silogismo. Los decretos leyes son inconstitucionales, en consecuencia demandemos su inconstitucionalidad y la Corte Suprema así debe declararlo, porque si no lo hace está vendida o cooptada por el poder político. Como podemos observar se trata de un silogismo que menoscaba la estabilidad institucional del país.

Otra organización sin medir el alcance de sus afirmaciones, en torno a la situación del ministro Daniel Delgado, le señala al Ministerio Público, que “independientemente de la presunción de Inocencia” debe prevalecer la estabilidad de las instituciones y en consecuencia el funcionario debe ser separado de sus labores.

Quienes así se expresan dejan traslucir una terrible perversidad, atentatoria contra el Estado de Derecho. El día que el Estado de Inocencia, como garantía de derechos fundamentales y humanos, sea relativizado, entonces sí estaremos cruzando el portal hacia formas autoritarias del manejo de la democracia y de las instituciones.

En el curso de mi vida he aprendido que no siempre lo que se presenta como democrático suele ser real y en el fondo oculta elementos propios de una subcultura de la antidemocracia.